¿Dónde está el Consejo General del Poder Judicial?

Es algo reconocido que asistimos a una búsqueda deliberada de la polarización social por parte de partidos y grupos de opinión que pretenden captar el voto del miedo. Para polarizar, nada mejor que la desinformación, la hipérbole y la manipulación. En la sombra van engordando partidos de extrema derecha que surgen como contrapeso a una izquierda radicalizada y a una derecha que no convence.

Lo que mal empieza, mal acaba. El actual gobierno nació de un endeble pacto de minorías dispares, basado en compromisos desleales para obtener a toda costa la investidura. Se sacrificó a bajo precio al Poder Judicial. El vergonzoso pacto alcanzado con Junts reconocía como uno de sus puntos centrales la referencia al concepto de lawfare, entendido como el uso de la justicia con fines políticos. Se acordó también crear comisiones de investigación parlamentaria sobre esta supuesta politización de la justicia en procesos judiciales relacionados con el independentismo catalán. Aunque posteriormente se trató de quitar hierro al asunto, se había inoculado el veneno de la desconfianza en el Poder Judicial.

El Estado de derecho lleva dos años sufriendo las consecuencias de ese pacto. La semilla de la sospecha ha ido creciendo con cada exigencia de los socios, para quienes la estabilidad institucional y los jueces son un obstáculo para alcanzar sus objetivos. Regada con la deriva iliberal del gobierno debilitado –cuyas energías se reparten entre hacer oposición a la oposición y sortear mediante fraudes legales los contrapesos previstos en nuestro ordenamiento jurídico– semanalmente un ministro, portavoz o diputado lanza alguna soflama. El sol lo pone la UCO al sacar a la luz supuestas tramas de corrupción que cercan al presidente, que ve cómo su gente de confianza es encausada y procesada. Y el abono ideal lo proporciona la falta de conciencia democrática de unos ciudadanos divididos y enfrentados, que oyen solo lo que quieren oír para lanzarse impulsivamente a favor o en contra del líder.

El veneno ha echado raíces y será difícil erradicarlo, por más que otros partidos aspirantes a gobernar digan lo contrario. La tentación de invocar la "guerra judicial" contra el gobierno es un comodín demasiado rentable frente a los propios errores.

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Sin embargo, desde que se conoció el fallo de la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo condenando a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, la temperatura del debate público se ha disparado.

No hay palabras serenas para calificar lo que cargos con responsabilidad política han dicho de la sentencia y de los jueces que la van a dictar. La vicepresidenta Díaz, cual líder antisistema, ha llamado a la movilización contra los jueces por una decisión judicial "muy grave" y "anómala". El ministro López afirmó irresponsablemente en una entrevista que el fallo de la sentencia lanzaba un mensaje grave, ya que quien se "atreva" a investigar a Isabel Díaz Ayuso "va para adelante", a la vez que cuestionó que se pudiera condenar "sin pruebas". El presidente Sánchez, en la misma línea, se ha erigido en juez manifestando que cree en la inocencia del condenado a la vista de los testimonios de los periodistas que declararon en el acto del juicio.

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Hay que decir bien claro que nada habría sido posible sin el servilismo de aquellos medios de comunicación y periodistas, que, en lugar de controlar al poder, controlan a quienes pretenden controlarlo. Se sincronizan a diario consignas contra los miembros del tribunal con la sola finalidad de desacreditarlos. Se alude a las creencias religiosas de Antonio del Moral –como si eso importara para apreciar o no revelación de secretos en la conducta de García Ortiz–; a circunstancias familiares de Manuel Marchena; al precocinado y demencial conflicto de intereses en que habrían incurrido tres de los siete miembros de la Sección sentenciadora al impartir un curso para abogados del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones; a la dirección de la tesis del doctorado del abogado de la acusación particular por parte de Antonio del Moral, etc. Cuando se recurre al ad hominem es porque no se puede atacar la obra del criticado.

Se repite incansablemente lo de "jueces conservadores" alineados con Ayuso. Se ha generalizado el empleo en redes de campañas organizadas que usan cuentas falsas o manipuladas (a veces con bots) para simular apoyo ciudadano espontáneo al fiscal general del Estado y crear tendencias sobre la supuesta sentencia política (‘astroturfing’): mensajes repetidos, cámaras de eco, ataques coordinados. Se pretende así amedrentar al Poder Judicial y colocar el mensaje de que si un juez osa investigar a alguien del círculo de confianza gubernamental, la presión sobre él y su familia va a ser insoportable.

Se busca callar a los jueces, debilitarlos y hacerlos manipulables.

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A todo esto, ¿dónde está el Consejo General del Poder Judicial? En este escenario solo se ha oído la voz de Inés Herreros, vocal "progresista" del turno de juristas, quien, en una entrevista en la SER, no optó por defender al Poder Judicial como vocal del Consejo que es, sino que manifestó que se había producido una situación de divorcio entre la sociedad y la justicia y que la sentencia había sido un choque de trenes entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, donde había salido más desfavorecido el que menos poder tenía.

Tradicionalmente, el Poder Judicial ha carecido de portavocía. Desde que llegó Carlos Lesmes a la presidencia del órgano en diciembre de 2013 y asumió él la representación absoluta del Consejo, ha dejado de haber portavoz. Antes de él ejercieron esta función Enrique López y Gabriela Bravo, de forma sucesiva, actuando en ambos casos como cabezas visibles ante los periodistas, dando ruedas de prensa y emitiendo comunicados. El actual Consejo no ha corregido esta debilidad de su predecesor y no ha designado portavoz. La comunicación se ejerce desde la Presidencia y los órganos colegiados, principalmente mediante comunicados, acuerdos del Pleno y la Oficina de Comunicación.

En la teoría de la comunicación política, algunos autores sostienen que la divulgación temprana, transparente y voluntaria de la información reduce el espacio para especulaciones y mitiga el daño reputacional. Por el contrario, la ausencia de información oficial coherente genera rumores que dificultan la gobernanza, incluso cuando no hay una intención deliberada de desinformar. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial actual no ha escarmentado de los errores comunicativos de consejos anteriores, como lo que sucedió con la sentencia de "La Manada".

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La judicatura no puede expresarse por sí misma si no es a través del órgano de gobierno de los jueces que, cuando reacciona, lo hace anclado en vetustas formas de manifestarse mediante comunicados, que o llegan tarde o no llegan. La pasividad clamorosa de este Consejo ante el irrespirable clima contra la judicatura da una imagen de debilidad frente a la maquinaria comunicativa de Ejecutivo y Legislativo. Aunque la Presidenta se ha mostrado contundente en defensa de los jueces en sus discursos tanto en la apertura del Año Judicial como en la entrega de despachos a los jueces de la última promoción, fía toda su labor comunicativa a estos dos hitos anuales, dejando el resto del año en barbecho. En un año de presidencia no ha concedido ninguna entrevista a un medio de comunicación, algo desconcertante.

Tampoco el resto del órgano de gobierno de los jueces ha hecho nada para defenderlos. La lógica partidista que pudre el órgano puede explicar –que no justificar– que los vocales afines a los partidos en el gobierno hagan mutis por el foro, pero, ¿y el resto de vocales?

¿Cómo piensa el CGPJ ejercer su función de defensa de la independencia judicial? ¿Piensa en hacerlo?

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Solo dos asociaciones, las únicas sin representantes en el CGPJ, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, con sus escasos medios, se erigen en defensoras de la Carrera Judicial en todas sus manifestaciones y han emitido un reciente comunicado pidiendo respeto para los jueces.

Necesitamos medidas urgentes en materia de comunicación, pues la desinformación es caldo de cultivo de las manipulaciones. El Consejo debe nombrar portavoz, salir a los medios, reaccionar. Como dijo Silva Carvalho, presidente del Tribunal Supremo portugués, la defensa de la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos. Háganlo por ellos.