El lujo de divorciarse

Los juzgados de primera instancia son una ventana privilegiada al mundo para entender la sociedad y sus dinámicas. Aunque carecemos de indicadores cualitativos sobre los asuntos que ingresan, los juzgados serían un excelente laboratorio de anticipación social. En los del orden civil, por ejemplo, se detectan los inminentes cambios económicos mediante la entrada de demandas novedosas que, al poco tiempo, empiezan a convertirse en habituales. También se sufren los síntomas de la desaceleración económica, como papel tornasol de la composición social.

Desde hace un tiempo, en los juzgados de familia se nota la crisis de la vivienda y la falta de oportunidades de los jóvenes para independizarse. Ha aumentado la petición de modificación de medidas en las que el progenitor alimentante solicita la extinción de la obligación de pago de la pensión ante la mayoría de edad del hijo o hija: jóvenes de más de 25 años que siguen dependiendo de sus padres por estar en desempleo o con raquíticos trabajos a tiempo parcial.

El divorcio se ha convertido más que nunca en un lujo fuera del alcance de muchas familias. Tomar la decisión de poner fin a la pareja (especialmente con hijos menores en medio) solo puede permitírselo quien ya antes podía pagar una segunda residencia. Porque divorciarse es destinar los mismos ingresos al mantenimiento de dos casas con sus gastos y eliminando las sinergias propias de la convivencia, ya que los hogares unipersonales son más caros de mantener que aquellos en los que conviven más personas. El resto está condenado a un empobrecimiento considerable.

Un estudio de la obra social de la fundación de los bancos y cajas integrados en CECA, FUNCAS, publicado el mes pasado bajo el título «Los hogares intergeneracionales en España: una radiografía de la convivencia entre abuelos y nietos» arroja la esclarecedora cifra de que, en 2024, el 6% del total de los hogares en España era intergeneracional (convivencia de abuelos y nietos, con o sin progenitores intermedios). Contando los hogares en los que reside algún menor de 16 años, uno de cada siete (16%) incluye al menos un abuelo conviviente. El mismo think tank considera que la causa de este incremento (en 2020 el porcentaje era del 12 %) se debe a políticas familiares escasas, un mercado laboral fuertemente segmentado y problemas de acceso a la vivienda.

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Obviamente, la inestabilidad laboral y la necesaria formación más allá de los estudios obligatorios ha retrasado la edad de tener hijos, pero el inalcanzable precio de la vivienda de alquiler está detrás de este fenómeno que va en aumento.

Cuando una pareja quiere poner fin a su relación, la vivienda constituye el elemento troncal de la discusión. A diferencia de lo que sucede en Cataluña –con un derecho civil propio más flexible–, la legislación de derecho común (el código civil) atribuye al progenitor en cuya custodia quedan los hijos menores el uso y disfrute de la vivienda familiar. Esta regulación, anclada en un modelo social tradicional en el que había que proteger a la madre ama de casa sin recursos, hoy multiplica la litigiosidad, ya que, asegurándose la custodia de los menores, se tiene amarrada la vivienda. El progenitor no custodio deberá abandonar el hogar y "buscarse la vida".

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¿Cuál es el destino de aquel que abandona la vivienda? Lo más habitual es el regreso al hogar paterno. Los abuelos se convierten, nuevamente, en sustentadores del hogar del hijo o hija y, a menudo, se hacen cargo de los nietos cuando ejercen el derecho de visitas. En los casos de guarda y custodia compartida aún es más difícil la solución habitacional, ya que este tipo de custodia está solo al alcance de quienes pueden procurarse dos viviendas adecuadas donde ejercer sus periodos de custodia.

Otro modelo de familia que últimamente está proliferando es el de jóvenes convivientes con sus progenitores –bien por estar en periodo de formación, bien por tener trabajos que les impiden independizarse– que tienen un hijo en común sin haber convivido nunca. En estos casos, la guarda y custodia pasa a desarrollarse directamente en el domicilio de unos y otros abuelos, con las fricciones que ello conlleva.

El problema de la vivienda en España es crítico. Además de agravar la caída de la natalidad ante la imposibilidad de formar un hogar, está creando a la fuerza hogares multigeneracionales, quintas de exhaustos abuelos, hijos que no terminan de ser autónomos y choques familiares por la educación de los hijos. Pero el principal problema que acarrea es la proliferación de parejas falsamente unidas para quienes la convivencia forzosa es mejor alternativa que la separación, pese al desafecto sobrevenido. Hogares en los que los hijos toman como modelo una pareja que se detesta y, en el peor de los casos, familias donde se instala la violencia física y verbal.

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Según el Consejo Económico y Social, aunque el empleo y el salario medio nominal han subido en los últimos años, en términos reales el avance ha sido muy limitado por la inflación y por un mercado laboral con alta temporalidad, parcialidad y sectores de baja cualificación donde el poder negociador del trabajador es reducido. En el mismo sentido, un reciente informe de Eurostat pone de manifiesto que los salarios en España continúan notablemente por debajo de la media de la UE.

Lo cierto es que el actual sistema de crecimiento económico de España está agrandando la brecha intersocial con la dilución de la clase media, algo que se ve reflejado en el mercado de la vivienda. Donde hace una década compartir piso era excepcional y reservado a los más desfavorecidos, en la actualidad se ha convertido en algo mucho más frecuente de lo que se cree: familias enteras que viven en un salón por el que pagan lo mismo que se abonaba por el piso entero en los 2010, debiendo compartir zonas comunes con el resto de alquilados de las habitaciones del piso.

Las políticas de vivienda son apenas existentes y claramente equivocadas. La crisis de 2008, caracterizada por el sobreendeudamiento y la burbuja inmobiliaria que se generó, debe hacernos aprender de los errores y no sería responsable reabrir sin límites el crédito hipotecario. La solución, por tanto, no debe estar tanto en la compra de vivienda como en el acceso al alquiler. La catedrática de derecho civil Matilde Cuena considera que el núcleo del problema del alquiler es la escasez de oferta, no tanto el poder de mercado de los arrendadores. Atribuye esa escasez a la casi inexistencia de vivienda social (2,5% frente a porcentajes muy superiores en Francia o Austria) y, sobre todo, a un progresivo desequilibrio normativo en contra del propietario, que habría desincentivado poner viviendas en alquiler.

Opinión

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Tanto la regulación de los arrendamientos como la extensión sine die por Decretos Ley de la posesión de la vivienda arrendada a incumplidores en situación de vulnerabilidad detraen la oferta de alquiler en un mercado ya de por sí mermado. Se hace descansar en las espaldas de particulares –que no siempre son fondos buitre ni grandes tenedores, sino clase media ahorradora– los costes que debería asumir el Estado mediante la asignación de vivienda social y de ayudas al alquiler a esos colectivos vulnerables. La ineficaz regulación procesal de los desahucios tiene como consecuencia directa la exigencia por parte de los arrendadores de garantías imposibles de obtener y el incremento del importe de las rentas, como forma natural de excluir a quienes tienen riesgo de impago por su escaso poder adquisitivo.

Las "viviendas vacías" con las que se hace batalla por parte de sectores populistas de izquierda no suelen estar cerca de los núcleos de producción, sino en poblaciones alejadas de las grandes ciudades, que no interesan al potencial arrendatario ante la dificultad de desplazarse al trabajo.

Por tanto, la poca oferta, la falta de incentivos fiscales al arrendador, la falta de inversión pública y la ineficaz regulación del proceso de desahucio (que acaba favoreciendo el impago) están detrás de este bucle sin salida habitacional.

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La vivienda no es solo un lugar donde vivir. Es el centro de la vida y la condición sin la cual no puede desarrollarse en plenitud la vida familiar, la protección de los menores y el progreso económico y social. En la actualidad, los juzgados de familia son, más que nunca, fábricas de empobrecimiento de las que únicamente salen airosos quienes pueden acceder a una vivienda sin dificultad.