La dependencia: el precio social de la longevidad

La esperanza de vida en España se cifra en los 83,88 años, lo que nos coloca en el tercer puesto de la OCDE, solo por detrás de Suiza (84,06) y Japón (84,03). Detrás de este dato se encuentra un sistema sanitario público universal, una dieta mediterránea, un estilo de vida activo y social, y unas condiciones materiales y ambientales que, en general, permiten controlar bien las enfermedades crónicas y cardiovasculares.

Nuestro país sufre un envejecimiento evidente. Según el Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2024 algo más de 9,5 millones de personas tenían 65 o más años –en torno al 20,4 % de la población total–, y esa proporción seguirá aumentando.

La sociedad tiende cada vez más a retrasar el envejecimiento en busca de una suerte de eterna "adultescencia". La adicción al fitness, a la estética, a los complementos vitamínicos y a todo aquello que pretenda detener el inexorable paso del tiempo está a la orden del día. Curiosamente, no se pone el mismo empeño en frenar el envejecimiento del cerebro. Al contrario: los cambios en nuestro estilo de vida parecen ir en la dirección opuesta, dependiendo de dispositivos electrónicos para orientarnos, calcular o buscar datos, en lugar de ejercitar la memoria. ¿Seremos una generación de ancianos más guapos y elásticos, pero con mayor deterioro cognitivo, fruto de la longevidad y la falta de ejercicio mental?

Una consecuencia del envejecimiento poblacional es la disminución de la tasa de reposición generacional. A medida que la pirámide se ensancha en la cúspide, se estrecha en las edades intermedias y se reduce en la base por el descenso de la natalidad. El menor capital humano de futuros cuidadores, unido a la incorporación de la mujer al mercado laboral y a la dificultad de mantener un hogar con un solo sueldo, ha provocado una catarsis familiar que va anegando nuestra sociedad de forma silenciosa pero cada vez más evidente.

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Las personas en situación de dependencia aumentan. Los avances médicos permiten prolongar la vida de quienes padecen patologías incapacitantes que hace apenas una década habrían sido incompatibles con ella, mientras los mayores viven más tiempo, aunque con menor autonomía. Ya no existe aquella generación de amas de casa que asumía el cuidado de los dependientes, y las familias deben recurrir a las ayudas públicas o al empleo doméstico.

La ley de dependencia fue una norma necesaria y útil, aunque su desarrollo ha sido desigual entre comunidades autónomas. Según el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) el tiempo medio de espera para acceder a una ayuda es de 342 días, con 286.861 personas en lista de espera, pese a que la propia ley fija en 180 días el plazo máximo para tramitar un expediente. De modo que, cuando alguien sufre un accidente, desarrolla una enfermedad o empeora su patología, la familia debe lidiar durante un año sin apoyos. Incluso hay quien fallece sin haber obtenido el reconocimiento de dependencia y sin que su familia llegue a beneficiarse de la ayuda. El último informe de los Directores y Gerentes de los Servicios Sociales revela que, en nuestro país, cada 18 minutos muere una persona en lista de espera para ser valorada.

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Tampoco cuando la dependencia se reconoce se logra siempre la ayuda necesaria. El Programa Individual de Atención (PIA) se diseña a medida, pero la insuficiente dotación económica obliga a repartir las ayudas con cuentagotas. Todas las comunidades autónomas –competentes en materia de dependencia– priorizan los servicios sobre las prestaciones económicas, otorgando teleasistencia, ayuda a domicilio en tareas básicas del hogar y del cuidado personal, centros de día, residencias y programas de prevención y promoción de la autonomía personal. Solo cuando no se puede cubrir la necesidad mediante un servicio público o concertado, o excepcionalmente para apoyar los cuidados en el entorno familiar, se conceden prestaciones económicas: la Prestación Económica Vinculada al Servicio ("cheque servicio"), la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar o la Prestación de Asistencia Personal.

La mayoría de los hogares con personas dependientes sobreviven gracias a la teleasistencia –especialmente en las primeras etapas, cuando el familiar comienza a ser parcialmente dependiente –, los cuidados de familiares y las ayudas a domicilio. En mi experiencia laboral con personas con discapacidad, en la mayoría de los casos el empeoramiento de la patología y el lógico agotamiento del cuidador acaban conduciendo al ingreso residencial, el único recurso que cubre completamente las necesidades del dependiente. Antes de llegar a ello, suele pasarse por un centro de día, que cubre unas horas. La ayuda domiciliaria oscila entre 39,8 y 60,2 horas mensuales por beneficiario, lo que significa que, en el mejor de los casos, la familia cuenta con apoyo externo apenas dos horas al día. El resto del tiempo, los cuidadores deben apoyarse en la teleasistencia si el dependiente vive solo o en su propio esfuerzo si conviven con él.

Es frecuente encontrar en los juzgados de discapacidad a personas que, entre lágrimas, se disculpan por haberse visto obligadas a ingresar a su familiar en una residencia, cuando las fuerzas o la salud ya no les permiten seguir cuidando de él. Antes de llegar a ese punto, han pasado por noches sin dormir, llamadas a la policía por desapariciones puntuales del domicilio o caídas inevitables en la ducha durante el aseo del ser querido.

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Como ocurre en otras cuestiones sociales, la creciente dependencia recae aún sobre los particulares, porque los recursos públicos no alcanzan o no llegan a tiempo. En este escenario, el pasado 10 de diciembre el Congreso ha aprobado la toma en consideración del proyecto de ley del gobierno de reforma de la ley de dependencia, con apoyo, esta vez, del Partido Popular. En ella se pretenden corregir algunos defectos de la ley vigente, si bien la inestabilidad política y la falta de dotación presupuestaria hacen desconfiar de que la ley llegue a buen puerto. Mientras tanto, poca salida hay cuando cada vez resulta más difícil contratar ayuda privada. La errática regulación del empleo doméstico en los últimos años ha terminado de colapsar el sistema de cuidados.

El salario mínimo interprofesional se ha incrementado en un 80 % en los últimos diez años, mientras que los salarios medios lo han hecho entre un 10 y un 25 % y las pensiones de jubilación en un 40 %, lo que supone una mejora de las rentas mínimas pero un estancamiento de las menos bajas. La carestía de la vida propiciada por una inflación disparada ha reducido la capacidad adquisitiva de las familias, convirtiendo al empleo doméstico en un bien inalcanzable. Las políticas laborales recientes han buscado, con toda razón, otorgar dignidad profesional a las empleadas del hogar –un sector feminizado y a menudo maltratado–, pero partiendo de la errónea idea de que este empleo es un lujo reservado a las clases altas. La realidad es que la mayoría de los hogares empleadores pertenecen a las clases media y media baja, que necesitan complementar las ayudas públicas de dependencia con contratación privada. Las exigencias legales –como el reciente Real Decreto 893/2024 que regula la seguridad y salud en el empleo doméstico–, la compleja burocracia que obliga a recurrir a gestorías y la ausencia de bonificaciones o desgravaciones en el IRPF impiden a muchas familias asumir ese coste. Según la última Encuesta de Población Activa, el empleo doméstico ha caído un 9 % en un periodo en que el conjunto del empleo crecía un 2,6 %, un descenso atribuible al aumento de costes y a cambios en la demanda.

En la medida en que se exige a las familias empleadoras las mismas obligaciones que a las empresas, pero sin otorgarles ninguno de sus derechos –ni deducciones fiscales ni incentivos por creación de empleo–, en un contexto de inflación y pérdida de renta disponible, la única alternativa viable para las familias con dependientes a cargo termina siendo la opción residencial.

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Tenemos un grave y creciente problema: seguimos delegando en las familias los cuidados que el sector público no puede sostener en las condiciones actuales. Si no se van a reforzar los recursos públicos de dependencia, al menos habría que facilitar que los hogares puedan complementar esa protección con empleo doméstico legal y accesible, con incentivos similares a los que se reconocen al resto de empresas.