Cuando "el gobierno más feminista" necesita chivos expiatorios

Dice Carlos Rodríguez Braun que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. Si ese hombre es, además, un político, no es que lo tenga por amigo; es que no puede vivir sin él.

El origen de la expresión hay que atribuirlo a William Tyndale, quien tradujo el Pentateuco al inglés allá por el siglo XVI y se topó con los rituales de Yom Kippur en el Levítico, donde se seleccionaba por sorteo un macho cabrío de entre dos, y se sacrificaba al segundo. El sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo mientras hacía una imposición de manos sobre el animalito para transferírselos, arrojándolo al desierto para librar a Israel de sus transgresiones. El pobre bicho acababa muerto y deshidratado mientras los fieles experimentaban un alivio temporal hasta el siguiente Yom Kippur.

Desde que se iniciara la actual legislatura, el Gobierno ha tenido varios chivos expiatorios de forma alternativa o simultánea. Básicamente han sido tres, con algunas variantes: la prensa de la fachosfera, Ayuso y los jueces. En los momentos más críticos, se utilizaba todo el rebaño de chivos, transmitiendo que actuaban unidos en un supuesto contubernio contra el progresismo: los jueces se confabulan para conspirar contra el Ejecutivo azuzados por la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el eco mediático de una prensa antidemocrática que tiene la osadía de criticar al poder.

Los chivos, sin embargo, cada vez le fallan más al entorno del presidente. Cuando los informes y evidencias empiezan a cercar a la Moncloa por todos sus flancos y las excusas empiezan a sembrar la incredulidad en la población, la estrategia ha derivado en la fábula de Esopo de La zorra y las uvas. Recuerden: una zorra hambrienta que ve un racimo de uvas colgando de una parra y, como no las alcanza saltando, para disimular su fracaso acaba culpando a las uvas de estar inmaduras y ácidas, fingiendo despreciar aquello que deseaba. Hace siete años, el presidente Rajoy debía convocar elecciones si no podía contar con una mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Ahora, tras intentar alcanzar las uvas, Pedro Sánchez afirma que seguirá gobernando con o sin presupuestos.

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Las noticias sobre la negligente gestión de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar han pillado al presidente con el pie cambiado. En julio de 2025 varias trabajadoras y algunas militantes socialistas hicieron públicas acusaciones por acoso sexual y abuso de poder presuntamente cometidos por Salazar cuando era su superior en La Moncloa. El presidente y sus tropecientos asesores subestimaron la crisis. La decisión fue ignorar el asunto y dejar pasar el tiempo, pero la inactividad del PSOE se ha vuelto en su contra.

El gobierno que se jacta de ser el más feminista de la democracia ha cometido demasiados errores –algunos muy graves– que han demostrado que el machismo sigue instalado en las instituciones y que su lucha feminista es más propagandística que real.

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Nadie ha dado explicaciones ni en esta ni en la anterior legislatura por el error garrafal que supuso la aprobación de una ley ideológica, sin lógica jurídica y con errores técnicos de bulto como fue la ley del "solo sí es sí". Más de 1.200 rebajas de condena y 120 excarcelaciones se habían producido un año después de su entrada en vigor, algo que no ha podido ser paliado con la enmienda legislativa posterior, al ser siempre de aplicación la ley penal intermedia, más beneficiosa al reo. Pese a que se avisó desde la judicatura, la Fiscalía y el Consejo de Estado de lo que podía pasar con esta ley, el chivo-judicatura fue de enorme utilidad para acusar a los jueces de maniobrar para boicotear la ley. Hoy en día solo los más fanáticos se siguen creyendo esta excusa.

Nadie ha dado explicaciones por los fallos de las pulseras antimaltrato tras el cambio de contrata por el gobierno anterior y su ejecución por el ministerio que ahora dirige Ana Redondo. Antes de que saltara la noticia, el Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ remitió una carta a la ministra Redondo advirtiendo de graves incidencias en los dispositivos. También avisaron los presidentes de las audiencias provinciales y la Fiscalía General del Estado hizo referencia a la cuestión en la última memoria presentada. Ni dimisiones, ni autocrítica, solo minimización del problema, aduciendo que se trataba de incidencias técnicas inevitables (la zorra y las uvas) y un compromiso difuso de poner solución al problema en el futuro.

Nadie ha dado explicaciones de los escándalos de prostitución que salpican al exministro de Transportes y ex hombre de confianza de Sánchez, José Luis Ábalos. Tampoco se ha vuelto a hablar de la "trama Mediador" y del uso sistemático de prostitución en el contexto de una presunta corrupción político‑empresarial vinculada al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni).

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Y nadie ha dado explicaciones sobre por qué no se hizo nada contra Salazar, pese a que las quejas por su actitud ante responsables del PSOE y superiores en Moncloa, formuladas a través de comunicaciones internas, se hicieron públicas hace seis meses.

Salazar era un hombre de la máxima confianza de Sánchez, a quien este último pretendió poner en el lugar de Santos Cerdán. En ese momento saltó el escándalo, con la dimisión de Salazar de todos sus cargos, pero sin que el PSOE realizara ninguna acción para investigar las denuncias. En el contexto de una relación jerárquica de dependencia laboral, se le acusó de hacer comentarios obscenos a las subordinadas, pedir insistentemente quedar con ellas a deshoras, subirse la bragueta en su cara o escenificar felaciones.

A esta denuncia le han seguido otras tantas en una suerte de ‘Me too’ socialista: contra el alcalde de Almussafes, Toni González; contra el alcalde de Barbadás, en Ourense, Xosé Carlos Valcárcel, por supuesto acoso laboral contra una denunciante de acoso sexual contra otro edil; contra el concejal de Torremolinos y líder del PSOE en la región, Antonio Navarro; o el exalcalde de Benalcázar, en Córdoba, Francisco Luis Fernández.

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Cuando ya no sirve el silencio, se recurre de nuevo al viejo recurso del chivo-judicatura. El torpe manejo de la crisis les ha llevado a un nuevo giro de tuerca entre lo patético, lo jocoso y lo indignante: el PSOE ha presentado recientemente una proposición de ley en la que insta al Gobierno a impulsar la participación de jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia en los cursos de formación en materia de igualdad. La maniobra de brocha gorda es estúpida y falaz. Los jueces ya tienen formación obligatoria en igualdad para acceder a la Carrera Judicial –está en el temario de oposiciones–, para optar a determinados destinos –existen cursos específicos– y hay formación en igualdad en el plan de estudios anual. Cuestión distinta es si se puede mejorar es formación, como en cualquier ámbito. Esta vez se les ha ido de las manos el chivo expiatorio de la judicatura, pretendiendo hacer cargar al Judicial con los pecados del partido en el gobierno y tratando de desviar el foco hacia los jueces.

No es el Poder Judicial el que necesita formación en igualdad, que ya tiene. Son algunos de los militantes del PSOE los que necesitan educación y decoro. Y son las mujeres de su partido las que merecen una explicación y una gestión honesta del problema. El comodín de los jueces no les va a servir para apaciguar sus ánimos, como tampoco lo hará la creación de la figura del agente de igualdad que se ha introducido en un anteproyecto de ley del gobierno en el último Consejo de Ministros. Sin mayorías parlamentarias, ninguna ley se puede aprobar. Además, con la regulación actual ya hay instrumentos para luchar contra el acoso sexual.

El balance total del gobierno más feminista de la historia se puede resumir con datos internacionales: España, de estar en el año 2018 en el puesto número 5 del Women, Peace and Security Index (WPS Index) de la Universidad de Georgetown de los mejores países del mundo donde nacer mujer, a haberse desplomado en 2024 hasta el puesto 27.

Visto lo visto, mejor que nadie se cuelgue alegremente medallas de feminismo. El oficio se demuestra trabajando en implementar mecanismos de prevención y denuncia eficaces, realizar una investigación diligente de los casos internos y rendir cuentas públicamente del resultado. Ni más ni menos.