Un poco de cabeza con lo de Julio Iglesias

En los últimos días he recuperado recuerdos de mi infancia, en la cocina de mi abuela Pili. Con su Winston emboquillado, nos hacía rosquillas mientras coreaba Hey al son de la voz de Julio Iglesias que salía de un radiocasete.

Mi generación ha crecido oyendo bandas veraniegas entonar La vida sigue igual desde los escenarios portátiles de las fiestas de los pueblos. Nos hemos desgañitado en karaokes con Soy un truhán, soy un señor, dando pasos laterales y ajustándonos un inexistente nudo de corbata imitando a Tricicle. Esto explica la conmoción de todo un país ante la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual en la Audiencia Nacional formulada por dos exempleadas del cantante, por hechos acaecidos en República Dominicana y Bahamas. La memoria colectiva del latin lover patrio ha sufrido un durísimo revés.

La fama de Iglesias, como en otros casos donde el denunciado es popular, ha enardecido los juicios paralelos, que se multiplican exponencialmente. Unos y otros se echan el escándalo a la cabeza, politizando algo tan serio como la violencia sexual y vulnerando tanto los derechos de las víctimas como la presunción de inocencia del denunciado. Nada nuevo: estos delitos se han convertido en herramienta política, deshumanizando a víctimas y denunciados. No se busca la reparación, sino el derribo del adversario.

El asunto Iglesias tiene muchas incógnitas que –esperemos– se resolverán en los próximos meses. Lo primero que ha llamado la atención es la atribución de jurisdicción a los tribunales españoles. Lo habitual es que el juzgado competente para investigar un delito lo sea el del lugar donde este se ha cometido (principio de territorialidad) pero existen dos excepciones a la regla general, ambas determinantes de la competencia de la Audiencia Nacional: la especialidad (delitos de especial gravedad cometidos por españoles en el extranjero o delitos internacionales cometidos por cualquier individuo en cualquier lugar –acuérdense de la investigación de la Audiencia Nacional por el genocidio de Ruanda) y la personalidad, que es la que se aplica en este caso. Así, la jurisdicción española es competente para los delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que concurran tres requisitos básicos: que el hecho sea delito tanto en España como en el país donde ocurrió, que el agraviado o el Ministerio Fiscal presenten querella ante los tribunales españoles y que el denunciado no haya sido absuelto, indultado o penado fuera.
Estos mismos presupuestos se dieron cuando la Audiencia Nacional investigó, por agresión sexual en Australia, el beso inconsentido de Rubiales a Jenni Hermoso.

Lo habitual es que el juzgado competente para investigar un delito lo sea el del lugar donde este se ha cometido

Según han dado a conocer eldiario.es y Univisión, los delitos por los que se ha presentado la denuncia en fiscalía son tres: agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos. El primero y el segundo amarrarían el principio de personalidad, por ser delitos comunes cometidos por español en el extranjero. El tercero, además, apuntala la competencia de España, al tratarse de uno de los delitos "internacionales" del artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se afirma, además, que algunos hechos podrían haberse cometido en la casa del cantante en la provincia de Málaga, lo que, dada la evidente conexidad delictiva, uniría territorialidad y personalidad.

Es inusual –aunque legalmente posible– que se presente la denuncia ante fiscalía en lugar de en la comisaría o en el juzgado. Los delitos contra la libertad sexual son semipúblicos: salvo con menores de edad o personas con discapacidad –en cuyo caso puede denunciar el Ministerio Fiscal– es imprescindible que la víctima denuncie o se querelle. Precisamente por este motivo se ha archivado recientemente la querella interpuesta por Hazte Oír contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, al no existir denuncia de ninguna de las víctimas. En el caso Iglesias, sin una denuncia formal de las afectadas ante el juzgado, la fiscalía solo podrá valorar si se querella "ponderando los legítimos intereses en presencia", algo difícil de encajar cuando las víctimas, mayores de edad y asesoradas jurídicamente, deciden no seguir adelante.

Las perjudicadas tienen el paraguas de una ONG que las protege y asesora jurídicamente, además de contar con pruebas acopiadas por los medios que han dirigido la investigación. ¿Por qué no ir al juzgado directamente? Las diligencias preprocesales iniciadas dificultan la defensa del denunciado al no haber causa judicial abierta, lo que favorece el juicio mediático y afecta socialmente a la presunción de inocencia.

Es importante destacar en este caso que, a diferencia de otros escándalos por delitos contra la libertad sexual denunciados en los últimos tiempos, como el de Adolfo Suárez, los hechos no estarían prescritos (se remontan a 2021), el denunciado podrá tener oportunidad de defenderse, las víctimas están identificadas –aunque cuenten con la condición de testigo protegido para evitar supuestas represalias del cantante o de su entorno, algo que también ha generado cierto recelo entre los juristas– y la denuncia no se habría limitado a un reportaje periodístico, sino que se ha presentado en instancias judiciales. Solo la investigación judicial determinará si los hechos sucedieron tal y como se ha adelantado en prensa o si no fue así. El reto al que nos enfrentamos es el de ser capaces de seguir el asunto con respeto a los derechos del investigado y procurando no revictimizar a las denunciantes mediante juicios apresurados y frívolos.

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Pedir responsabilidad a los políticos es una bisoñez por mi parte. Lamentablemente, estamos acostumbrados al manoseo político de estos asuntos a costa de garantías procesales de los investigados. Ni han estado acertados quienes han hablado de Iglesias como si fuera un violador condenado, ni quienes han despachado con ligereza la denuncia, restando credibilidad al testimonio. Más Madrid ha solicitado retirarle al cantante la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y el título de Hijo Predilecto de la ciudad, sin esperar siquiera a la apertura del procedimiento judicial. Ministras del Gobierno se han pronunciado en el sentido de dar por hecho que el cantante ha cometido los graves delitos que se le imputan, sin dar lugar a la prudencia de respetar los tiempos de la justicia y los derechos de Iglesias.

A estas alturas no me explico por qué España no ha sido sancionada por el incumplimiento reiterado de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Dicha norma vincula a los poderes públicos, estableciéndose que 'se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley', precisando que dichas declaraciones están vetadas a "ministros y otros cargos públicos". Cabría esperar de los representantes públicos un mínimo de decoro y de valores democráticos, pero demasiado a menudo ofrecen irresponsabilidad y fango.

Igualmente reprobable es el papel de quienes han ninguneado a las denunciantes. Ayuso, en un mensaje en X, afirmó que ‘jamás contribuirá al desprestigio’ del artista, sosteniendo que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda", cuestionando de facto el relato de las denunciantes y presentando al cantante como víctima de un linchamiento.

Opinión

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Rechazar de plano la versión de las mujeres es tan imprudente como condenar apriorísticamente al denunciado. En los delitos contra la libertad sexual en un contexto de sumisión jerárquica, de poder o de dependencia, cuando la víctima está aislada, en un entorno hostil, pierde capacidad de reacción e incluso puede llegar a normalizar u olvidar la dominación a la que fue sometida. Asimilar la falta de reacción inmediata con consentir el abuso, como algún amigo del cantante ha hecho públicamente, es producto de nuestra propia forma egocéntrica de ver las cosas, ajenos a las presiones mentales y ambientales de las víctimas. No existirían tantos abusos y agresiones a personas vulnerables si hubiera mayor conciencia social contra estas situaciones.

En definitiva, lo razonable es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de emitir un juicio condenatorio o absolutorio. La calma social y la objetividad son lo único que pueden evitar que se utilicen delitos tan graves como instrumento dialéctico político. La instrumentalización acaba disuadiendo a las víctimas de denunciar, perpetuando con ello los abusos, y condena mediáticamente a inocentes, que lo son mientras no haya condena penal.