Menores, redes y 'huella de odio': el plan del Gobierno que controla más que protege

En la medida gubernamental semanal para mantener la atención fijada en lo que el Gobierno determina, esta semana nos hemos encontrado con una que genera mucho consenso político y social: en el foro World Governments Summit, Pedro Sánchez anunció que España prohibiría el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Este titular ha ocupado muchos debates durante la semana, logrando el objetivo pretendido de propaganda y ocultación de la verdadera finalidad del pregonado paquete de medidas frente a los abusos de las grandes plataformas digitales.

Es necesario abordar dos planos diferentes de la propuesta: el riesgo de control del debate público y la protección de los menores.

Ya les aviso de que la medida estrella ni es nueva ni, tal como se vende, realista: la edad mínima de 16 años para acceder a plataformas digitales ya figura en el proyecto de Ley Orgánica de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales –en trámite– y cualquier "prohibición" con un régimen sancionador robusto está condicionada por el marco competencial de la Unión Europea.

La propuesta no solo se refiere a los menores. En ella se plantea también reformar el Código Penal para hacer responsables penalmente de las infracciones cometidas en sus servicios a los directivos de plataformas, sobre todo si incumplen órdenes de retirada de contenidos públicos. No es una ocurrencia aislada: en varios países europeos también se empieza a considerar la posibilidad de exigirles responsabilidades directas.

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También se pretende la tipificación del delito de manipulación de algoritmos que amplifiquen deliberadamente contenidos ilegales y el de alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de datos. Como Bill Murray en "El día de la marmota", hay que volver a recordar que el partido en el gobierno carece de mayoría parlamentaria para aprobar leyes ordinarias, por lo que costará lo suyo modificar el Código Penal, que tiene naturaleza de Ley Orgánica.

Junto a la prohibición del acceso de menores de 16 años a redes sociales –en lo que me detendré a continuación– y al anuncio de una política de "tolerancia cero" frente a contenidos sexualizados de menores generados o difundidos con IA, se "cuela" el caramelo envenenado del Ejecutivo, empeñado en dominar la información e intervenir en cualquier debate en redes que pueda perjudicarle.

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Lo verdaderamente preocupante es que la nueva medida pretende visibilizar la "huella de odio y polarización" y dar un paso más que el ya existente. Se proyecta rastrear, medir y hacer visible cómo los algoritmos de las plataformas alimentan la división social y amplifican discursos hostiles, con intención de crear un ranking público de su supuesto nivel de odio que sirva de base para sanciones.

La persecución del llamado "discurso de odio" es una de las obsesiones de este Gobierno y, para quienes nos dedicamos al derecho, el uso político de un concepto tan indeterminado —que no debe confundirse con los "delitos de odio" del artículo 510 CP— entraña un riesgo evidente de choque con la libertad de expresión y de convertirse en una potente herramienta de control social en manos del Ejecutivo.

¿Quién decide qué contenidos son polarizantes y extremistas? ¿Puede el Ejecutivo cercenar la libertad de expresión, un derecho fundamental, de forma unilateral y sin control judicial? ¿No se corre el riesgo de sancionar expresiones que solo generan "hostilidad" o desagrado, no incitación a la violencia?

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La decisión, además, puede entrar en conflicto con el derecho de la Unión Europea al extralimitarse de las competencias nacionales dado que ya existe una regulación comunitaria en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esa Ley ya obliga a las grandes plataformas a contar con mecanismos de notificación y retirada de contenidos ilegales y a evaluar periódicamente los riesgos que generan sus algoritmos, de modo que el anuncio del Gobierno no parte de cero, sino que se superpone al marco europeo.

Volviendo al anuncio de la prohibición de acceso de menores de 16 años a las redes sociales, el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las personas menores de edad en los entornos digitales –en fase de tramitación parlamentaria– ya prevé elevar de los 14 años a los 16 la edad mínima de gestión de los datos personales, que incluye el acceso a plataformas online. La actual Ley de Protección de Datos fija la edad mínima en los 14. Este límite es de los más bajos de la UE, donde el Reglamento de Protección de Datos otorga a los estados miembros la potestad para fijar la edad mínima en una horquilla entre los 13 y los 16.

Es sorprendente que en España los menores puedan tener redes sociales y ceder su imagen a la temprana edad de 14 años. Elevarla hasta los 16 es mucho más acorde con nuestro ordenamiento jurídico, que fija en esta edad la mínima del consentimiento sexual y para contraer matrimonio y la mayoría de edad sanitaria para someterse a tratamientos e intervenciones quirúrgicas sin una necesaria autorización parental. Por ello, seguramente la reforma contará con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

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El anuncio de esta semana, sin embargo, endurece aún más la propuesta legislativa al proponer la prohibición de acceso, obligando a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, más allá de declaraciones formales, bajo amenaza de sanción administrativa o penal.

¿Y cuáles pueden ser esos "sistemas efectivos de verificación de edad"? Además de credenciales y documentos de identidad, técnicamente se pueden utilizar sistemas biométricos de estimación de edad o de análisis de otros parámetros, como el lenguaje empleado o los patrones de navegación y compra. Por tanto, a cambio de una mayor "seguridad" de los menores en redes sociales, se puede acabar renunciando a su intimidad y asumiendo el riesgo de uso de datos personales y biométricos susceptibles de vinculación con historiales de navegación y consumo.

Con el anuncio, que tanto ha gustado a la opinión pública, se abren muchas incógnitas legales y se asumen riesgos claros de renuncia a la intimidad de los menores de edad.

Opinión

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Por otra parte, aunque la regulación actual en España protege de forma muy limitada a los menores y un endurecimiento de las condiciones de acceso a las redes sociales es deseable, el primer dique de contención siguen siendo los padres, apoyados por una verdadera educación digital en la escuela.

Hay que asumir que la generación nacida en los 2000 ha sido la que ha pagado el pato de la avaricia de quienes están detrás de las grandes plataformas digitales. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la exposición de contenidos porque están en una fase crítica de desarrollo cerebral y socioemocional, mientras usan estas plataformas de forma masiva y con diseños pensados para adultos y para maximizar su tiempo de conexión. Sin embargo, una generación entera ha ido al colegio con tablets, ha jugado constantemente a videojuegos online y se ha entretenido con el smartphone de sus padres con el chupete en la boca.

Si bien ha habido una falta de conocimiento real del daño al desarrollo que las redes sociales podían hacer a los menores motivados en gran parte por la falta de competencias mediáticas de unos padres que no eran nativos digitales, esta circunstancia explica solo parcialmente el problema. Sin una educación y concienciación general acerca de lo que implica el uso de internet y de las redes sociales, cualquier regulación será siempre insuficiente.

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Por mi profesión me enfrento a diario a adolescentes adictos a la WiFi, que reaccionan con una agresividad desproporcionada cuando sus padres les cambian las claves de acceso, como auténticos yonkis digitales; menores de 11 años con decenas de miles de seguidores en cuentas de TikTok que sus progenitores ni siquiera controlan, y niñas de 13 ingresadas en psiquiatría tras intentos de suicidio derivados del ciberacoso.

También veo padres que consideran un buen regalo de Primera Comunión un móvil con acceso ilimitado a internet, progenitores que dan un móvil al niño pequeño para comunicarse con él directamente para evitar hablar con el otro progenitor, y una creciente derivación de adolescentes a los ya escasos recursos de prevención de adicciones a las nuevas tecnologías.

Tenemos un grave problema latente. Los jóvenes beben menos y salen menos por la noche. Una aparente buena noticia que encierra algo más perverso.