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Los comisionistas: cuánto nos cuestan
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Javier Caraballo

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Los comisionistas: cuánto nos cuestan

Entonces, cuando Filesa, el gerente, Alberto Flores, acabó explicando que el PSOE, en realidad, había montando aquella empresa de sobornos institucionales para poner orden en el

Entonces, cuando Filesa, el gerente, Alberto Flores, acabó explicando que el PSOE, en realidad, había montando aquella empresa de sobornos institucionales para poner orden en el descontrol absoluto que existía en el cobro de comisiones ilegales. Todo dios iba por ahí poniendo la mano a quienes pretendían que le adjudicaran una obra, un servicio público o un contrato de proveedor oficial. No era solo por el caso Juan Guerra, que aquello fue el principio, o el final, según se mire desde el punto de vista de la degeneración. No, fue porque el Partido Socialista de entonces, según explicaba Flores, se percató de la proliferación de comisionistas por toda España y, como si se tratase de una tarea más del Gobierno, decidió montar una empresa para organizarlo todo y coordinar adecuadamente los convolutos.

Dos décadas después de que se desmantelara aquella trama de corrupción institucional, no parece precipitado afirmar que el cobro de comisiones ilegales se ha mantenido exactamente igual en España, vinculado como entonces a la clase política y a las administraciones públicas. Uno de los pocos estudiosos de la corrupción en España, el catedrático de Ciencias Políticas Manuel Villoria, sostiene en una de sus publicaciones que el mecanismo que describe este vicio siempre es el mismo. Incluso lo ha plasmado con una fórmula matemática. Dice así: “La formulación más conocida es la famosa ecuación de la corrupción de Robert Klitgaard (1988): C=M+D-A. Es decir, la corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A). (…) Los resultados de todo ello son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos”.

La corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discrecionalidad (D) menos rendición de cuentas (A). (…) Los resultados de todo ello son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos

Detengámonos en ese punto porque, bien mirado, lo que tendríamos que preguntarnos es cuánto dinero le ha costado a España la corrupción, antes que quedarnos en la hojarasca escandalosa de los casos que, con asfixiante frecuencia, se van conociendo. Cuántos miles de millones de euros se han ido por esa alcantarilla y, sobre todo, qué podría haberse hecho con ese dinero. O, al revés, cuánto no se estaría recortando ahora de derechos sociales y laborales si en España los niveles de corrupción fueran más reducidos.

Aquí, como queda dicho, se estudia poco el fenómeno de la corrupción, pero hay otros países, como Italia o México, en los que se ha elaborado hasta un cálculo preciso de lo que cuesta esa lacra cada año. En México, hace dos años, un centro de estudios y estadísticas privado realizó una encuesta entre tres mil empresas radicadas en aquel país y se llegó a la determinación de que los empresarios gastaban 62.500 millones de euros al año en ‘mordidas’, el equivalente a casi el 9% de su producto interior bruto. Más reciente es el Libro Blanco de la Corrupción que ha elaborado el Gobierno de Mario Monti y que, siguiendo el criterio de la Cámara de Cuentas, aventura que los sobornos y las comisiones ilegales le cuestan a Italia 60.000 millones de euros al año. Y eso que, según añaden, se trata de una cifra que se queda por debajo de la real ante la “renuencia de las víctimas a denunciar los hechos corruptos”.

En España, es de temer, la duda se va a quedar mucho tiempo en el aire porque no se ve por aquí a ningún partido político, ninguna institución, ningún órgano de control, dispuesto a evaluar el coste de la corrupción. Pero sería muy revelador un Libro Blanco, al estilo de Italia. Podría, incluso, tomarse como referencia una sola semana, y calcular el coste de los comisionistas habituales, que si la trama de las ITV de Cataluña, las concesiones municipales en Galicia o las comisiones en el entorno del Gobierno andaluz. Como la última conocida, los seis mil euros de dinero ‘b’ que, al parecer, ingresaba la familia Ruiz Mateos en el bufete de la presidenta del PSOE andaluz, Amparo Rubiales, después de que la Junta de Andalucía aprobase una ayuda de más de dos millones de euros a la empresa Dhul. La afectada lo ha desmentido, afirma que “Amparo Rubiales, por supuesto, no es una conseguidora del régimen” socialista andaluz, pero la duda no está en este caso o en aquel otro, sino en la generalidad. Por esa pregunta que da vértigo: ¿Cuánto nos cuesta la corrupción y qué se podría haber hecho con ese dinero?

Entonces, cuando Filesa, el gerente, Alberto Flores, acabó explicando que el PSOE, en realidad, había montando aquella empresa de sobornos institucionales para poner orden en el descontrol absoluto que existía en el cobro de comisiones ilegales. Todo dios iba por ahí poniendo la mano a quienes pretendían que le adjudicaran una obra, un servicio público o un contrato de proveedor oficial. No era solo por el caso Juan Guerra, que aquello fue el principio, o el final, según se mire desde el punto de vista de la degeneración. No, fue porque el Partido Socialista de entonces, según explicaba Flores, se percató de la proliferación de comisionistas por toda España y, como si se tratase de una tarea más del Gobierno, decidió montar una empresa para organizarlo todo y coordinar adecuadamente los convolutos.