¿La trama de los ERE? La culpa es del apuntador

 

Si alguien tenía dudas, este dictamen se las aclara todas. Si alguien conservaba alguna sospecha, ya podrá disiparla. Gracias al escandaloso dictamen aprobado por la mayoría socialista y comunista en el Parlamento de Andalucía sobre el fraude de los ERE ya no existe posibilidad alguna de equivocarse porque ésta es la última prueba que se necesitaba para ratificar que, en efecto, la autoría de la trama de los ERE no es cosa de una golfada ocasional sino que es la conciencia mas grosera de una forma de gobernar, amparada políticamente y cínicamente justificada por el partido que gobierna en esta comunidad desde hace treinta años. El fraude de los ERE no es un caso judicial más, no es un mero caso de corrupción, es el exponente de un modus operandi: así se ha gastado el dinero público en Andalucía y así, con cualquier otro método que se pueda idear en el futuro, se seguirá empleando.

En la víspera del inicio de los trabajos de la comisión de investigación de los ERE ya se advirtió aquí que el debate político de los ERE se edificaba sobre cuatro o cinco grandes mentiras que se repetían continuamente. La principal de ellas, argumento central de todas las intervenciones de dirigentes socialistas, es que la trama de los ERE ha sido cosa de cuatro pillos. Existen múltiples evidencias documentales de que esto no ha sido así, comenzando por la propia aprobación, en 2001, de un convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento para camuflar ante los órganos de control el destino de cientos de millones de euros con el apunte presupuestario de "gastos de explotación". Se trataba, sencillamente, de poder repartir con el exclusivo interés partidista y clientelar todos los fondos destinados a la creación de empleo y a las ayudas a empresas en crisis. Que, con posterioridad, surgieran los comisionistas, los aprovechados y los falsos prejubilados era solo cuestión de tiempo, una consecuencia inevitable cuando se crea un 'fondo de reptiles', una excrecencia propia de un sistema opaco como aquel de los ERE que montó la Junta de Andalucía. Sin embargo, el interés del PSOE ha sido siempre el contrario, intentar convencer a la opinión pública de que todo se debe a la actuación de "tres o cuatro golfos" y que, en realidad, el Partido Socialista no es sino el principal perjudicado de todo.

¿Qué problema tenía el PSOE en la comisión de investigación para hacer valer su tesis? Pues que, por mucho que un partido político hegemónico como el PSOE en Andalucía pervierta todos los mecanismos de control e intente eludirlos, siempre queda un resquicio de legalidad que no se controla, que no se puede controlar. Este es el caso, por ejemplo, del interventor general de la Junta de Andalucía. Cuando se comienza a profundizar en el escándalo, es inevitable que se le acabe señalando con el dedo porque su trabajo consiste, precisamente, en eso, en alertar a los gobernantes de los indicios de ilegalidad que pudieran tener sus actuaciones. ¿Y lo hizo el interventor general en este asunto? ¿Avisó a la Junta de Andalucía de que la trama de los ERE era ilegal? Esa ha sido la pregunta que le hicieron en la comisión parlamentaria y a la que Manuel Gómez contestó con una larga comparecencia y, posteriormente, con un detallado informe. Y en las dos ocasiones, repitió lo mismo, que alertó al menos en 15 ocasiones de irregularidades en el procedimiento, por la arbitrariedad y la falta de transparencia, y que remitió sus informes a tres consejeros sin que nadie adoptara las recomendaciones.

Como quiera que el inventor general se veía venir que, al final, el PSOE, por increíble que pudiera parecer, acabaría culpándolo a él, advirtió ante la misma comisión que eso sería "infame y grotesco".  Desde luego, no andaba nada descaminado porque eso es, precisamente, lo que ha sucedido. El dictamen final de la comisión parlamentaria de los ERE establece que la culpa de toda la trama la tienen un director general, Francisco Javier Guerrero, y el interventor general de entonces, Manuel Gómez. Es como si del atraco a un banco acaban culpando al cajero y al guarda de seguridad, y se exculpa a los atracadores. ¿Quiere decir que Guerrero es inocente, que nada tenía que ver con lo ocurrido? En absoluto, pero quien gestiona y aplica una decisión política que le viene impuesta no puede ser nunca el único responsable. 

¿Y el interventor? En su caso, es evidente que podría haber adoptado métodos más expeditivos pero, como el mismo dijo, es como si una persona avisa a voces a su vecino de que está saliendo fuego de la ventana de su casa y, cuando la vivienda se incendia porque el tipo no hace nada para apagar el fuego, lo que no puede hacer es culpar a vecino por no haberlo avisado por carta. Y esa es, justamente, la "verdad oficial" que ha aprobado el Parlamento andaluz. La culpa no es de aquellos consejeros que firmaron el convenio y crearon el 'fondo de reptiles', José Antonio Viera y Antonio Fernández; tampoco, por supuesto, del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que era quien recibía todos los informes de la intervención cuando era consejero de Economía y Hacienda. Mucho menos, de Manuel Chaves, el presidente con el que se diseñó esa forma de gobernar que la utilizó para ganar todas las elecciones. No, no, nada de eso, la culpa es del director general que acataba órdenes y del interventor que no aviso con suficiente contundencia.  El primero es quien tiene, según el dictamen aprobado, "la responsabilidad política directa" y el segundo es el "responsable técnico". Punto final. 

¿Queda claro ya que quien es capaz de aprobar ese dictamen parlamentario, sobre un caso en el que hay más de cincuenta imputados y tres órdenes de prisión, tiene el cinismo suficiente como para crear un fondo de reptiles con la mayor naturalidad? Las comisiones parlamentarias, ya lo sabemos, no sirven para nada; ésta de los ERE, sin embargo, es muy útil para analizar el escándalo y conocer de qué pasta está hecha la clase dirigente en Andalucía. Ya no existe ninguna duda: la culpa de la trama de los ERE la tiene el apuntador.