La burla andaluza

Quizá hubo un tiempo en el que todo esto se consideraba normal; quizá atravesamos una época en la que a todas estas cosas no se les prestaba atención; quizá pasaron días por la vida de este país en el que estos despropósitos se hicieron cotidianos, habituales, frecuentes. Por ceguera, por seguidismo o por irresponsabilidad. Pero ya no es así, no, que atravesamos unos años de excepcionalidad, un estado de excepción económica, sí, y todas esas prácticas, que aún se mantienen, ahora adquieren la forma de un insulto grosero, un escupitajo a la sociedad. Es el despilfarro de las instituciones, esa es la cuestión. Siempre despreciable, siempre condenable, pero llegados a este punto, en medio de esta tiesura, cualquier noticia de esa naturaleza es una provocación directa, un atrevimiento imposible de tolerar.

En la Junta de Andalucía, verán, ha sido costumbre en estos últimos treinta años que la hegemonía socialista convirtiera su dominio electoral en un cheque en blanco para premiar a quien quisiera. Cientos de millones de euros repartidos en los últimos años sin que se conozca muy bien el destino, sin que nos podamos explicar muy bien cómo ha sido posible colar la justificación en un expediente público, sin despertar la más mínima repulsa ni judicial, sin política. Conocemos, por ejemplo, el escándalo de los ERE, el reparto arbitrario de 1.000 millones de euros a empresas amigas, sin la menor consideración técnica o económica para que ese dinero, que era dinero para luchar contra los niveles de desempleo lacerantes de Andalucía, repercutiera en el desarrollo de la región. No, clientelismo y nada más. Pero por debajo de esos grandes escándalos, lo que era normal, lo que se hacía cotidiano en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja), era la aparición diaria de un goteo incesante de cientos de miles de euros con destinos inexplicables.

¿Algún ejemplo? Sí, claro, los hay a cientos. Imagine el Boja de una semana cualquiera, en el que aparece un acuerdo de gobierno para la concesión del mantenimiento de los jardines del Palacio de San Telmo, la pomposa residencia de la Presidencia de la Junta de Andalucía: 400.000 euros. Y una disposición de dos consejerías mediante la que se concede una subvención de 23 millones de euros para una de las decenas de fundaciones públicas, la Fundación Andalucía Emprende. Y otra orden más, de once millones de euros, para que otro instituto público, Inturjoven, explote los albergues juveniles en la región. Luego, aparece también la Consejería de Presidencia con una disposición para destinar un millón y medio de euros a la Agencia Andaluza de Cooperación Exterior en concepto de "intervenciones previas a los desastres". ¡Intervenciones previas a los desastres! Literal. ¿Y en qué consiste? ¿Un sistema de prevención precoz de cataclismos o un modelo asistencial paralelo al de la ONU? Cualquiera sabe, aunque lo más probable es que se trate de un juego de palabras vacío. Como este otro. Atención: aprobación de una partida de 159.000 euros para “soporte y mantenimiento de soporte y mantenimiento (sic) de las aplicaciones de la subdirección de planificación y control, edificación y desarrollos internos” de la empresa pública del suelo, EPSA.

Esto ha sido siempre así, antes, durante y después de cualquier momento político o económico, ya fueran tiempos de bonanza o de salvaje crisis económica; con cómodas mayorías parlamentarias del PSOE o con gobiernos de coalición. El Boletín Oficial de la Junta, que es la realidad paralela de Andalucía, no ha alterado jamás ese goteo diario de inexplicables subvenciones, ayudas y desmanes varios

Esto ha sido siempre así, antes, durante y después de cualquier momento político o económico, ya fueran tiempos de bonanza o de salvaje crisis económica, como ahora; con cómodas mayorías parlamentarias del Partido Socialista o con gobiernos de coalición. El Boletín Oficial de la Junta, que es la realidad paralela de Andalucía y de otras muchas regiones, no ha alterado jamás ese goteo diario de inexplicables subvenciones, ayudas y desmanes varios. Lo que sucede es que, ahora, la Junta de Andalucía, no contenta con ese riego diario de cientos de miles de euros, se ha embarcado en una aventura mayor de despilfarro. Y ese el motivo principal de la alarma, el descaro que supone que se esté pergeñando en Andalucía la mayor tomadura de pelo de los últimos tiempos. Lo han llamado 'Pacto por Andalucía' y, según el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, consistirá en "un acuerdo de concertación con el conjunto de la sociedad andaluza que defienda el empleo, la cobertura universal de la sanidad, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la protección de las personas dependientes o con discapacidad, la excelencia turística, el desarrollo rural, la innovación empresarial, el impulso de los jóvenes emprendedores o la cultura andaluza".

Es decir, que de aquí a un par de meses, quizá haciéndolo coincidir con la celebración del Día de Andalucía, en febrero, el Gobierno andaluz irá tejiendo una red de pactos con sindicatos, asociaciones y colectivos varios para acordar con ellos el reparto futuro de las subvenciones. Es decir, lo habitual, pero amplificado con este envoltorio nuevo del 'Pacto por Andalucía'; otra macro campaña de demagogia institucional, como aquellas que anunciaban la Segunda Modernización o la Andalucía del Siglo XXI.

Como no hay campaña de demagogia institucional en Andalucía que no tenga como objetivo último la confrontación política, los dos socios de gobierno quieren acompañar el supuesto Pacto con "una gran movilización social". Para Izquierda Unida, lo ideal sería convocar un referéndum en esta misma legislatura. Lo complicado es intentar adivinar la pregunta: cualquiera sabe... Frente a esa posición, en el PSOE lo que defienden es la convocatoria de una gran manifestación. Con el mismo motivo: cualquiera sabe. La cuestión es que todo el debate político y parlamentario de los próximos meses o años en Andalucía ya sólo se referirá a ese fantasmagórico 'Pacto por Andalucía'.

No hay dinero para los hospitales andaluces, los rectores de las universidades están alertando de las consecuencias futuras de los recortes, los jueces y fiscales se quejan de la precariedad de medios de la Justicia en Andalucía, la función pública está paralizada porque tampoco hay dinero, las empresas proveedoras vuelven a ponerse en cola porque otra vez se engorda la lista de espera... Y las previsiones económicas adelantan que el año que viene, Andalucía puede instalarse en el 37% de paro. Ante ese panorama, la respuesta del Gobierno andaluz ha sido la convocatoria de una gran campaña de propaganda y subvenciones, el 'Pacto por Andalucía'. Quizá hubo un tiempo en el que todo esto se consideraba normal: en este momento solo puede entenderse como una burla que provoca irritación, impotencia. Una calculada tomadura de pelo. Un insulto grosero.