La imputación del sectarismo y la soberbia

Cuando comparecieron en el Parlamento de Andalucía, sólo uno de los siete nuevos imputados por la juez Alaya en la trama de los ERE pareció tener un amago de sinceridad. Fue el exconsejero Francisco Vallejo y, al igual que a los demás comparecientes que habían tenido alguna responsabilidad en el caso, todos le preguntaban si se reafirmaba en lo hecho, si no reconocía el error cometido. Todos negaron y disimularon, menos él: sin que nadie lo esperase, pareció mirar para sus adentros, en vez de mirar a los lados, a sus compañeros que, una y otra vez, insistían en la legalidad de todas las subvenciones concedidas. Ese fue el instante de sinceridad inesperado de Vallejo: “Yo, de verdad, cuando oigo que el procedimiento no era opaco, después de todas estas cosas, perdone usted, pero me genera una gran intranquilidad”.

El sectarismo, y no otra ambición, es el que lleva a un Gobierno a saltarse la ley para distribuir el dinero a su antojo, allí donde le interesa

Lo esencial de esa frase, a mi juicio, está en la precisión que hace el exconsejero, hoy imputado: “Después de todas estas cosas…” Es verdad. Podemos entender, como defendía y aún defiende la mayoría de los políticos implicados en la trama de los ERE que un Gobierno pueda poner en marcha un procedimiento determinado porque le urge acelerar los procedimientos y hacer llegar las ayudas, cuanto antes, a las personas que lo necesitan. Se podría entender que, urgidos por las necesidades, un Gobierno se equivoque y fuerce la legalidad para primar la eficacia, la urgencia. Si así fuera, se podrían incluso disculpar esas actuaciones al estar guiadas por la buena fe. Pero cuando de forma unánime todos los órganos de control coinciden en la ilegalidad del procedimiento o cuando se conoce el pillaje y el robo que se ha generado, cuando se llega a ese punto ya no es posible seguir manteniendo una posición distinta al reconocimiento de la culpa. Y, sin embargo, es el discurso exculpatorio el que siguen manteniendo los responsables políticos de los ERE, como si todo obedeciera a una fantasía de la juez Alaya. Aún hoy lo siguen diciendo, “después de todas estas cosas”.

La chapuza, y no otro vicio, es la que lleva a un Gobierno a aprobar convenios sin ningún respaldo legal

Ocurre, además, que, a poco que se hojee en algunas páginas del caso de los ERE, la primera conclusión a la que se llega es que el Gobierno andaluz puso en marcha un mecanismo no para atender urgencias con mayor eficacia, sino para poder disponer de cantidades ingentes de dinero sin control alguno. Por no existir, ni siquiera se realizó el correspondiente expediente administrativo del convenio, el convenio marco de 17 de julio de 2001, que da origen a todo. En una petición parlamentaria del Partido Popular al respecto, esta fue la contestación del Gobierno andaluz: “No es posible atender esta petición pues, consultados los archivos existentes en el área de Empleo, no consta en los mismos documentación relativa a la tramitación de dicho expediente administrativo”.

La soberbia, y no otra deriva, es la que le hace mantener un burdo mecanismo de ocultación del dinero público durante años, a pesar de las advertencias de la Intervención

Si en el convenio marco ni siquiera se consideró necesario hacer el expediente administrativo, cualquiera puede imaginarse los requisitos que se exigían para la posterior concesión de ayudas. Se concedían ERE a empresas que ni siquiera los habían solicitado, se financiaban proyectos que nunca se realizaban, se subvencionaban empresas de parientes y de amigos o se enviaban grandes partidas a algunos ayuntamientos con los fines más peregrinos, como “financiar un proyecto de viabilidad, generador de empleo en el que se contemplan una serie de inversiones iniciales de adecuación”. Para esa subvención, en concreto, -el entrecomillado es literal- destinada a un pequeño Ayuntamiento de la provincia de Sevilla, se proveyó casi un millón de euros en vísperas de las elecciones municipales de 2003. Por supuesto que nadie sabe qué fue del “proyecto de viabilidad”.

No, no ha sido la buena fe, en ningún momento, la lógica de gobierno que ha guiado a los responsables políticos de la trama de los ERE, “la vertiente política” del fraude, como lo denomina la juez Alaya en su auto de imputación de dos expresidentes de la Junta de Andalucía y cinco exconsejeros. De hecho, los vicios desde el origen son los que convierten la trama de los ERE en una grosera estafa en una región que soporta los mayores índices de desempleo de Europa y que ahora contempla cómo sus gobernantes han despilfarrado más de mil millones de euros que tendrían que haberse destinado a generar puestos de trabajo. Son “estas cosas que conocemos” las que hacen insoportable lo ocurrido. El sectarismo, y no otra ambición, es el que lleva a un Gobierno a saltarse la ley para distribuir el dinero a su antojo, allí donde le interesa. La chapuza, y no otro vicio, es la que lleva a un Gobierno a aprobar convenios sin ningún respaldo legal. La soberbia, y no otra deriva, es la que le hace mantener un burdo mecanismo de ocultación del dinero público durante años, a pesar de las advertencias de la Intervención. Y es el sectarismo, la chapuza y la soberbia los que acaban de ser imputados en el auto de la juez Alaya. En adelante veremos si todo eso tiene, además, una repercusión penal.