La mano negra de Estrasburgo

La tesis de moda es la siguiente: un minoritario grupo de catedráticos de Derecho españoles, displicentes proetarras, abanderados por uno de los últimos estertores del zapaterismo, un tipo llamado López Guerra, ha impuesto su criterio en los órganos jurisdiccionales europeos, que en realidad no son tribunales sino órganos políticos alejados de la realidad, y han conseguido anular la doctrina Parot. Y como ese grupo minoritario de profesores es tan poderoso, luego ha doblegado a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía del Estado para que excarcele a los terroristas a toda prisa. ¿Y el Gobierno de Rajoy? Pues eso, que con su silencio ratifica su debilidad y su traición a las víctimas de ETA. Ni orden político, ni orden económico, ni orden judicial. España, definitivamente, ha muerto.

Una semana después de haberse conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la tesis conspirativa con la que se resuelven tantos conflictos en España ha sintetizado en el enunciado anterior, de forma que ya se ha convertido en la única explicación posible a todo lo ocurrido y a lo que vaya a ocurrir en adelante. Inútilmente se pueden invocar ya otras cuestiones, otros razonamientos, porque siempre triunfará el mecanismo mental de la conspiración y el derrotismo. Es socialmente mucho más efectivo.

Aun así, vamos a repasar las afirmaciones que se hacen para justificar esta tesis que podríamos llamar de La mano negra de Estrasburgo.

Quien con más fundamento ha respaldado la tesis de la conspiración de Estrasburgo en la doctrina Parotha sido, precisamente, alguien que ha formado parte de ese tribunal europeo: Javier Borrego, actual jefe de la Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas. Este puede ser un resumen de sus argumentos, según las entrevistas concedidas estos últimos días.

Dice así: “Tras la ‘doctrina Parot’ que estableció el Tribunal Supremo en 2006, se creó en España un grupo minoritario de catedráticos de Derecho a los que no les gustaba esta interpretación y se erigieron en defensores de los derechos humanos de los terroristas. (…) Intentaron acabar con la ‘doctrina Parot’ en la vía interna y como no lo consiguieron utilizaron el medio más inapropiado y el que más daño haría, el Tribunal de Estrasburgo”. Ahí es nada.

¿Y el Gobierno de Rajoy? Pues eso, que con su silencio ratifica su debilidad y su traición a las víctimas de ETA. Ni orden político, ni orden económico, ni orden judicial. España, definitivamente, ha muerto

En el epicentro de ese grupo minoritario de profesores, se sitúa el mencionado Luis López Guerra, que fue la persona que sustituyó a Borrego en el Tribunal de Estrasburgo en 2007, a propuesta del Gobierno de Zapatero. Según Borrego, el papel de López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional, ha sido determinante para que el Tribunal de Estrasburgo tumbe la doctrina Parotporque el juez español, “el juez nacional”, es el que tiene que explicar a sus colegas europeos el derecho interno de España. Deducción obvia: Si quien explicaba el derecho español es contrario a la doctrina Paroty favorable a los derechos de los terroristas, es lógico que el tribunal europeo asuma sus planteamientos.

¿Sí? ¿De verdad que tenemos que pensar que los magistrados del Tribunal de Estrasburgo no son más que meros zampabollos que firman aquello que les dicen? ¿Los mismos zampabollos que ilegalizaron a Batasuna? ¿Hacen eso, un día son contrarios a los proetarras y otro día, favorables? Porque ese mismo Tribunal Europeo ratificó en su día la ilegalización de Batasuna… Pues no, ni parece creíble que el Tribunal de Estrasburgo no sea más que una colección de frívolos, incompetentes y serviles ni, por supuesto, podemos pensar que López Guerra, por muy criticable que pueda ser su comportamiento, que esa es otra historia, tenga el enorme poder de volcar la decisión de un tribunal al completo. El propio Borrego, antes de dictarse la sentencia de la doctrina Parot, mantenía que “los jueces europeos no entran en el derecho interno”. ¿Y ahora se dejan llevar por lo que le diga un magistrado determinado, sin considerar para nada las razones contrarias de los abogados del Estado español?

Sin conspiraciones extrañas, lo ocurrido es más sencillo, y más dramático: lo que han dicho por unanimidad los 17 jueces del Tribunal de Estrasburgo es que lo que no se ajusta a Derecho es que a un recluso se le concedan beneficios penitenciarios y luego se le retiren. El problema no está en Estrasburgo, está en España, en la política penitenciaria que se ha seguido aquí durante veinte años y que ha conservado, sin modificarlo, un Código Penal de 1973 que permitía esos desmanes con los presos terroristas. Si la sentencia de Estrasburgo es una aberración y una humillación para las víctimas, que lo es, la responsabilidad exclusiva es del derecho penal español, aberrante y humillante para esas víctimas cuando se permitió incomprensiblemente los beneficios penitenciarios para esos asesinos.

El problema no está en Estrasburgo, está en España, en la política penitenciaria que se ha seguido aquí durante veinte años y que ha conservado, sin modificarlo, un Código Penal de 1973 que permitía esos desmanes con los presos terroristas

En el corolario de la conspiración de ‘la mano negra de Estrasburgo’ se incluye una descalificación general del Tribunal Europeo porque, como dice Esperanza Aguirre, para empezar “no es correcto llamar tribunal al de Estrasburgo porque sus magistrados no son jueces, son políticos, como se ha visto en el caso del señor López Guerra”. El mismo Javier Borrego, a pesar de que ha estado 16 años en Estrasburgo, se apunta incomprensiblemente a esa misma teoría: “Lo primero que tenemos que hacer es borrar la idea de que el Tribunal de Estrasburgo es la nueva infalibilidad del Papa y hay que adorar todo lo que dice”. En fin, que sí, que es evidente que Luis López Guerra, como tantos otros, no es juez profesional, sino catedrático, y que su vinculación política es tan evidente que Zapatero lo nombró secretario de Estado de Justicia en su gobierno, antes de proponerlo como magistrado de la Corte de Estrasburgo. Todo eso es tan así que lo extraordinario es que una dirigente política o un juez y abogado del Estado, que ha formado parte de ese tribunal, se llamen a escándalo como si acabaran de descubrir que ese tipo de tribunales forma parte del ordenamiento jurídico europeo y también del español.

Sólo tendríamos que hacernos una pregunta elemental: ¿por el mismo criterio tenemos que pensar que lo primero que hay que hacer es dejar de llamar ‘tribunal’ al Tribunal Constitucional de España y minimizar sus sentencias porque no hay que ‘adorarlo’? Es curioso, en este sentido, que Luis López Guerra fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional sin que se conozca ninguna protesta al respecto. Es así, de la misma forma que en la actualidad quien preside el Constitucional es un señor que ha sido militante del Partido Popular. ¿Lo que vale para el Tribunal Constitucional español no vale para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Hace una semana, ya se veía venir. El ejercicio imposible era exigirnos un análisis autocrítico, “contemplar la doctrina Parotcomo la culminación de una chapuza generalizada; años de dejación, improvisación y políticas equivocadas que se intentan resolver a última hora con esa ‘ingeniería jurídica’ efectiva pero improvisada”. Hace una semana, justo al conocerse la sentencia dichosa de Estrasburgo, ya se veía venir, que no habrá paz para la memoria de las víctimas ni para sus familias. La respuesta estaba en esta conspiración de ‘la mano negra de Estrasburgo’.