La corrupción de la paz social

Dicen entre ellos que el pecado de UGT ha sido la ingenuidad. O la confianza, mejor. Sí, la confianza de sentirse seguros, a salvo de todo, inmunes ante cualquier escándalo futuro. "Es comprensible", dicen entre ellos. Y lo explican: "La hegemonía absoluta del PSOE en Andalucía durante 30 años tenía que reflejarse de alguna forma en su hermano pequeño, la UGT. Y se han confiado, han perdido las cautelas mínimas necesarias... Por eso, están ahora como están". Esta última parte, el “están como están”, es la única que es del dominio público, las informaciones conocidas desde hace unos meses cuando comenzaron a proliferar las denuncias contra el sindicato ugetista por el uso, abuso y despilfarro de fondos públicos andaluces.

Los mismos vicios de siempre, pero con el sindicato, o con exdirigentes de este sindicato, como protagonistas. Y los demás, aquellos que han participado con el sindicato socialista de la misma tarta, del mismo perol, que son los fondos de formación, los acuerdos de concertación social, dicen ahora, al ver la escandalera en los periódicos, que el pecado mayor de la UGT ha sido el exceso de confianza. La misma soberbia, la misma prepotencia, la impunidad que puede observarse en el proceder de algunos escándalos como el de los ERE, es el que acaba contagiando a la UGT, el hermano pequeño. La borrachera del hermano pequeño. Por eso esta resaca de ahora.

Pero aunque sea sólo la UGT la que está en estos momentos en el foco de la investigación judicial, que se ha ido extendiendo como una mancha de aceite por varias provincias, primero en Andalucía y luego en el resto de España hasta llegar a la Audiencia Nacional, lo que no podemos olvidar es que el escándalo mayor no es la presunta financiación ilegal de este sindicato, sino la ingente cantidad de dinero que se ha despilfarrado con los Fondos de Formación. La corrupción de la paz social. Esa es la cuestión, el despilfarro de la concertación social. Diferenciemos por tanto, desde el inicio: miles de millones de euros, distribuidos en acuerdos de concertación social por numerosas Administraciones, que sólo han servido en los últimos años para sostener las estructuras enormes de los agentes sociales, sindicatos y patronal.

Como suele suceder en casi todos los escándalos de corrupción, de un origen de financiación encubierta se derivan luego los vicios repetidos de corruptelas más groseras. En lo primero, la financiación encubierta, que no tiene por qué suponer necesariamente ningún delito, han participado a partes iguales los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y la patronal. Sobre todo lo demás, la corrupción que se deriva de ahí, es sobre lo que menos sabemos hasta el momento. ¿Se ha hecho alguien rico en el PSOE o en UGT por los cursos de formación? ¿Cuántos empresarios andaluces se han forrado con ese tipo de empresas de formación, que tenían el monopolio de la contratación con la Junta de Andalucía? ¿Y en el resto de España, cuántos casos idénticos han proliferado en otras Administraciones? El día que podamos darle respuesta a esas preguntas podremos decir que se está investigando en su totalidad el negocio de los acuerdos de concertación, la corrupción de la paz social en España.

Lo que ha faltado hasta ahora ha sido unir los distintos escándalos que se han conocido sobre subvenciones diversas o por los cursos de formación

Por el momento, lo único que tenemos, lo único con lo que cuentan los tribunales, son con pequeños botones de muestra. Por ejemplo, un curso cualquiera, de los que se han denunciado en la prensa andaluza y que es muy útil para conocer la forma de proceder y, sobre todo, el descontrol de los fondos públicos. Se convoca en un pueblo de Córdoba, Lucena, un curso para formación de un "operador de pala retrocargadora". Se apuntan 15 alumnos. La Junta le adjudica el curso a UGT y le concede a la "actividad formativa" un importe de 7.200 euros. Lo que hace el sindicato es subcontratar el curso a una empresa intermediaria de formación que, a su vez, se lo encarga a una academia. Lo que ocurre es que con tanto intermediario el curso en cuestión acaba costando 25.350 euros. Un simple curso de pala mecánica, que dura un mes y medio, cuesta por alumno 1.690 euros.

No existe país en el mundo con una formación profesional más cara que esa. España ya es uno de los países del mundo que más invierte en educación (y que peores resultados obtiene, que esa es otra), pero si se le suman los costes de esos cursos de formación, la cifra resultante deslumbraría a la más selecta universidad privada de Estados Unidos. Más de 25.000 euros para un curso de pala mecánica al que acuden quince personas. Con eso queda todo dicho.

Pues bien, la cuestión es que esto de Lucena no parece ser una anécdota. La estimación que se ha realizado sólo con UGT y sólo en 2012 indica que este sindicato recibió más de 47 millones de euros en subvenciones para formación. Y en el diario El Mundo señalan, además, que de ese porcentaje se quedaba en el sindicato un 19% en concepto de "costes asociados", una cantidad que estaría por encima del máximo legal establecido. Lo que va a comenzar a investigar ahora la Audiencia Nacional es, precisamente, si esas prácticas se producían en toda España y en todas las Administraciones. Veremos qué ocurre. De momento, aunque sólo sea abundar en la obviedad, volvamos a recordar que Andalucía sigue siendo la región europea con más paro y que el PSOE gobierna aquí desde hace tres décadas. Los acuerdos de concertación han sido sucesivos y la cantidad global dedicada a estos menesteres, incalculable. Sólo en fondos de formación, la cifra en la última década puede ascender a 4.000 millones de euros.

Es incalculable porque, sobre todo, lo que ha faltado hasta ahora ha sido unir los distintos escándalos que se han conocido sobre subvenciones diversas por los acuerdos de concertación social o por los cursos de formación y que se han tratado de forma aislada. La mayoría, sin embargo, es posible que aún no haya salido a la luz. El silencio es especialmente llamativo, en este sentido, en lo concerniente a la patronal andaluza. Hace unos meses, con motivo de un polémico expediente de regulación de empleo en la plantilla de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), los trabajadores comenzaron a filtrar en la prensa algunos datos preocupantes. Como que la patronal había recibido entre 2008 y 2012 más de 200 millones de euros de la Junta de Andalucía y que esos fondos los monopolizaban, sin control alguno ni libre concurrencia, un par de empresas de las que se sospecha que están directamente relacionadas con algunos altos cargos de la patronal.

Aún más. Aquí mismo, en El Confidencial, se publicó en abril pasado que "amigos y familiares de dirigentes del PSOE y de exalcaldes socialistas recibieron 70 millones de euros en concepto de fondos de formación" concedidos por la Junta de Andalucía. Y se han desvelado en los últimos años algunos detalles de los cursos de formación concedidos a una sola empresa, Delphi, que convierte en anécdota irrelevante el curso aquel de Lucena.

El sindicato UGT ya se vio implicado en otro momento de la democracia española en una historia truculenta de financiación ilegal. Sucedió también al final de otra época de hegemonía socialista, en los 90, lo que nos devuelve al concepto primero de los abusos del hermano pequeño. El fiscal anticorrupción de la época, Vicente González de la Mota, acusó a UGT de haberse financiado con 1.070 millones de pesetas procedentes de la cooperativa de viviendas PSV. Y calculaba que, en total, se habían 'distraído', un total de 18.587 millones de pesetas.

Al final, como en otras ocasiones, el gran escándalo quedo en nada; la Audiencia Nacional absolvió primero a todos los responsables del sindicato –sólo fue condenado a dos años de cárcel el director de la cooperativa– y el Tribunal Supremo, posteriormente, eximió al sindicato de pagar unas indemnizaciones que le habrían supuesto la venta de todo su patrimonio. Esta de ahora es una encrucijada que va más allá. Por eso, al margen del sindicato socialista, ¿no merece este embrollo una investigación parlamentaria o una iniciativa fiscal? A la vista de lo que está sucediendo en UGT, lo injusto sería que la investigación no se ampliase a todos los que han participado de ese negocio. Que la verdadera trama no es la de la financiación del sindicato, sino la corrupción de la paz social.