Ruiz Mateos, el imputado 143

En la lista general, es el imputado número 143 y en la familiar, el imputado número 4. La juez Mercedes Alaya decidió ayer en un auto imputar en la trama de los ERE a José María Ruiz Mateos y con ese nombre escrito en negrita se graba la muesca número 143 en el proceso. Antes que al padre del clan, la juez ya había imputado a dos de sus hijos, Javier y Pablo, y ayer mismo hizo igual con un tercero, Zoilo. Todos ellos, según la jueza, formaban parte de un engranaje que conocemos de otras veces. Los empresarios, en este caso los Ruiz Mateos, quieren ayudas para sus empresas, ya sean expedientes de regulación de empleo o subvenciones, y se ponen en contacto con el conseguidor de la Junta de Andalucía, fundamentalmente Juan Lanzas; aquel que, según su madre, llegó a acumular tantos billetes que tenía dinero “para asar una vaca”. Cuando Lanzas les consigue lo que pretenden, cobra por sus servicios (a razón de 600.000 euros por ERE) y, a cambio de la mediación y de las ayudas, los Ruiz Mateos hacían la vista gorda cuando en sus ERE le colaban intrusos. Es decir, la esencia de esa trama.

Hasta ahí, por tanto, todo normal. Tan normal, tan normal, que todo esto ya se convierte en extraordinario. Desde hace tres años, el mismo argumento se ha repetido decenas de veces en los autos de la juez instructora, de forma que ya es posible recitar de memoria el proceder de la trama, en la que van cambiando sólo los nombres de los imputados, las negritas. Y tras cada auto, la pregunta se agiganta hasta convertirse en un escalofrío: ¿Tendrá algún final la instrucción de los ERE o acabará saturándose a sí misma, engulléndose a sí misma, como agujero negro?

Desde hace tres años, el mismo argumento se ha repetido decenas de veces en los autos de la juez instructora, de forma que ya es posible recitar de memoria el proceder de la trama, en la que van cambiando sólo los nombres de los imputados, las negritas

Sin que nadie hasta el momento sea capaz de aventurar una fecha para el cierre del sumario, el caso ya se ha convertido en el mayor proceso judicial que conocemos por el número de imputados. En la trama Gürtel, por ejemplo, con la instrucción dividida entre Madrid y Valencia, los imputados sólo alcanzan un centenar. En el proceso por los atentados terroristas del 11-M, el número de imputados durante la instrucción llegó a los 116 aunque, finalmente, sólo fueron procesadas 29 personas. La ‘macroinstrucción’ de los ERE suma ya 143 imputados, sin contar con los 7 ‘preimputados’, aquellos aforados, como Chaves o Griñán, a los que la jueza les comunicó su procesamiento pendiente de que declaren en el tribunal correspondiente, pero no se sabe cuándo. 

Por complejo que sea, que nadie niega la extrema dificultad del caso, la desproporción que se advierte frente a otros procesos judiciales es tan evidente como inquietante por la simple razón de que no se le ve el final. Veamos la comparación con el caso Malaya, el que hasta ahora era el mayor proceso judicial por corrupción. En el proceso marbellí, se sentaron en el banquillo 95 procesados. El juicio se prolongó durante tres años con más de doscientas sesiones de vista oral. Dos de los procesados no llegaron al final, se murieron durante el juicio. Cuando se declaró ‘visto para sentencia’, el caso acumulaba millones de folios de procedimiento. Tres años de juicio, 200 sesiones de vista oral, millones de folios… ¿Y el juicio de los ERE, entonces, cómo sería? Puede haber casos complejos, pero ninguno de ellos tiene un crecimiento exponencial como el de los ERE. En este caso, en vez de ir resolviendo y cerrando asuntos conforme avanza la instrucción, se van abriendo nuevas líneas de investigación, dentro y fuera de la Junta de Andalucía, hasta convertirlo en inabarcable. Crecimiento exponencial de la instrucción.

¿Tendrá algún final la instrucción de los ERE o acabará saturándose a sí misma, engulléndose a sí misma, como agujero negro?

En mayo del año pasado, cuando el caso ERE sólo acumulaba 70 imputaciones (en menos de un año, se ha doblado esa cifra), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una recomendación, sutil y severa, a la juez Alaya para que fuera clarificando y cerrando la instrucción. Entonces, con la mitad de imputados que ahora, el TSJA mostraba  su “preocupación por el calendario y la prolongación temporal de algunas de las macrocausas” que instruye Alaya (que son cuatro en total), “así como con el número de imputados a los que no se ha tomado declaración hasta el momento, lo que aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas macrocausas”. La juez Alaya declinó la oferta del juez de refuerzo y decidió tirar para adelante con sus propias armas, sus dos manos.

En alguna ocasión, he oído hablar a algún jurista del ‘síndrome de Diógenes’ de algunas instrucciones judiciales. Habrá que esperar que Mercedes Alaya no padezca esa anomalía judicial. Por el bien de la Justicia, que no es otra en este caso que ver condenados a los responsables del enorme despropósito.