Memoria histórica a la carta
Historiadores del mundo, archiveros y bibliógrafos, documentalistas y ciudadanía en general. Presten atención y vuelvan la mirada hacia la Junta de Andalucía porque todo el mundo tiene
Historiadores del mundo, archiveros y bibliógrafos, documentalistas y ciudadanía en general. Presten atención y vuelvan la mirada hacia la Junta de Andalucía porque todo el mundo tiene la ocasión de contemplar en directo cómo se transforma la historia con un decreto del Gobierno, de forma que un periodo histórico es flexible y puede durar lo que se quiera. Un ejemplo de esta misma semana, que ha pasado casi inadvertido. A ver, ¿en qué fecha diría usted que se acabó el franquismo? ¿Cuándo se murió el dictador? ¿Cuándo el Príncipe asumió la Jefatura del Estado o quizá cuando entró en vigor la Constitución española?
Las respuestas pueden ser varias, y todas razonadas y documentadas, pero seguro que lo que nadie, absolutamente nadie, diría es que el franquismo se acabó en 1982. Y eso es justamente lo que acaba de decretar la Junta de Andalucía, que la Memoria Histórica abarca desde la Segunda República hasta 1982. Qué curioso, abarca desde la República hasta que el PSOE llegó al Gobierno en España y ganó por primera vez las elecciones andaluzas, pasando por encima de los cuarenta años de dictadura. Pues sí, en Andalucía la Memoria Histórica es así de amplia. Hasta el PSOE, porque el Estatuto Andaluz, que se utiliza como excusa, se aprobó en 1980, todo es susceptible de investigación por las atrocidades de la dictadura.
Fue el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, del sector de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz de coalición, quien presentó hace unos días, tal y como se había comprometido, una nueva Ley de Memoria Histórica que, según sus palabras, “pone a Andalucía a la vanguardia de la memoria democrática”. Tan a la vanguardia que, para algunos juristas e incluso para algunos expertos en Memoria Histórica, la Junta de Andalucía se ha instalado directamente en el surrealismo.
Para empezar, la perplejidad de antes. Si el objetivo genérico de esta Ley es “dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo”, ¿por qué la Memoria Histórica andaluza llega hasta 1982? ¿Es que acaso se considera que los Gobiernos de UCD y la propia Transición democrática española son prolongaciones de la dictadura? Así no se detalla, desde luego, pero el sentido del texto presentado por Valderas, aún en fase de anteproyecto de ley, es exactamente ese.
La ampliación del periodo histórico no es la única generalización que contempla la Memoria Histórica andaluza, sino que también afecta a la propia definición de las víctimas del franquismoEs más, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica aprobada por Rodríguez Zapatero, que reconocía el valor de la Transición democrática y de la Ley de Amnistía, el texto andaluz rechaza ambas. Dicen en el Gobierno andaluz que, como la Ley de Amnistía de 1977 ha sido invocada permanentemente por los jueces para archivar denuncias, pues ni se menciona. Ya que no se puede derogar simbólicamente desde el Parlamento andaluz, se ignora. Se repudia. Y la Transición, pues también. El vicepresidente andaluz afirma imperativo que esto “es lo que aconseja esta ley y vamos a seguir avanzando” en ese camino. Habrá que entender que lo que quiere decir Diego Valderas es que, en adelante, en Andalucía se constituirá lo que hasta ahora se ha frenado en España, una ‘comisión de la verdad’ que reabra todas las heridas que se cerraron entonces.
Ocurre, además, que la ampliación del periodo histórico no es la única generalización que contempla la Memoria Histórica andaluza, sino que también afecta a la propia definición de las víctimas del franquismo. Se va a reconocer como víctimas, “además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia”. Y será la propia Junta de Andalucía la que asuma el coste de todo, incluyendo exhumaciones de tumbas y ayudas a través de un Plan Andaluz de Memoria Histórica que se aprobará cada cuatro años.
Por esa razón, y porque el dinero de las arcas públicas andaluzas es escaso, la Ley se va a aprobar sin memoria económica, con lo que las políticas de Memoria Histórica en Andalucía se pueden alargar hasta el infinito. Podemos pensar sólo en el tiempo que tardarán las exhumaciones, como ya han hecho algunas asociaciones de víctimas. Si en Andalucía hay localizadas 614 fosas comunes, de las que 600 aún están sin abrir, a un ritmo, como el actual, de apertura de una decena de fosas al año, se tardará más de 60 años en acabar.
El tiempo, desde luego, no es problema porque la Ley nace con el espíritu de hacerse transversal en todo el Gobierno, especialmente en la educación, ya que todos los contenidos de la Memoria Histórica andaluza se incluirán en la ESO, en el Bachillerato y en la Educación de Adultos y, más adelante, en la Universidad. La misión de la Consejería de Educación andaluza es “la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía”.