País de chapuzas

Como corresponde, todo empezó con un comité de sabios. En España, vamos a ver, a la clase política española le encanta un comité de sabios. Es

Como corresponde, todo empezó con un comité de sabios. En España, vamos a ver, a la clase política española le encanta un comité de sabios. Es como en el clásico de las Mesas, pero con un punto de refinamiento gubernamental. Lo que se sabe desde antiguo es que, ante un problema serio, lo mejor es crear una Mesa de Trabajo, porque entre que se produce el debate sobre los componentes de la mesa, se ajustan las cuotas de cada partido y se pacta el calendario de trabajo, se constituye luego la mesa, comienzan las sesiones semanales, se filtran periódicamente los desajustes y las controversias de las reuniones secretas, se alcanza un acuerdo y se redactan, al fin, las conclusiones, cuando todo eso ha pasado y la Mesa ya se ha liquidado, el problema que se quería resolver ya se ha solventado o, lo que es más importante, ya se ha olvidado.

El equivalente gubernamental mejorado de las Mesas de Trabajo son los comités de sabios, con un nombre más rimbombante pero con idéntico destino. Se designa un comité de sabios, se reúnen durante meses y meses los cerebros y, cuando redactan un informe final sobre cómo hay que arreglar un problema concreto, el Gobierno inicia un lento proceso de desmontaje, trivialización y ninguneo del informe que ha encargado. Esa es la lógica política aquí.

Como la implantación de las televisiones digitales en España comenzó con un comité de sabios, lo normal, por tanto, es que todo acabase en este carajal inmenso, que hoy alcanza su culmen con el cierre de nueve canales. Es probable que nada de lo que ha ocurrido con las televisiones tenga posibilidad de réplica en algún otro país del mundo civilizado. Todo comienza, de hecho, hace catorce años, en 2001, cuando se decretó un periodo de diez años, diez años, para que las emisiones tradiciones de televisión, las analógicas, dieran paso a la modernidad, al sistema de televisiones digitales. Era el 'apagón analógico'.

El rumor entre el sector es que el Partido Popular quiere aprovechar el resbalón de Zapatero para entregar esos canales a algunos medios de comunicación que le son más favorablesCuando al fin llegó el día del apagón, con el consiguiente caos transitorio con los adaptadores de las TDT, que, en breve, para colmo, dejarán de ser efectivos, el Gobierno de Zapatero aprovechó para engordar a los grupos mediáticos que había creado, sobre todo La Sexta; era la época del 'fuego amigo' que tanto irritó a Felipe González porque se perjudicaba al Grupo Prisa, tan receptivo siempre a los deseos del expresidente. Así llega el Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010 en el que Zapatero repartió canales. Se le olvidó un sólo detalle al Gobierno: que tenía que respetar la Ley Audiovisual que había aprobado unos meses antes, y que imponía como obligación que los canales de TDT se concedieran mediante concurso.

Dos años más tarde, en 2012, el Tribunal Supremo ya comenzó a poner de relieve la ilegalidad, con sus resoluciones cautelares, y la sentencia definitiva declaró nulas aquellas concesiones. ¿Y qué pasó, entonces, con los sabios? Pues eso, nada. Los sabios hicieron su trabajo y por alguna parte debe andar todavía aquel informe en el que se pedía que se blindara la independencia de RTVE, que se crease en España una autoridad reguladora del sector, como ocurre en otros países, y que se aprobase una Ley Audiovisual, que como queda dicho se aprobó y luego se ignoró también. Espectacular.

Ahora, aparte del ridículo internacional por el cierre de nueve canales de televisión por un error del Gobierno, lo realmente significativo es la impunidad con la que en España se pueden tomar medidas injustas, que acaban costándole decenas de millones a los afectados, sin que los autores de la tropelía se vean obligados, siquiera, a dar explicaciones.

En el caso de las televisiones, el decreto en mal estado del Gobierno de Zapatero ha perjudicado en muchos millones a las empresas que invirtieron en la creación de esos nuevos canales, ahora anulados; ha perjudicado igualmente a la competencia, que se vio excluida del reparto; y ha perjudicado, como siempre, a los ciudadanos, los espectadores de esos canales que, sencillamente, se va a quedar sin sus emisiones preferidas. Nadie da explicaciones y, por supuesto, nadie va a indemnizar a los perjudicados por la chapuza.

Otra consecuencia de la chapuza institucional es la debilidad de los medios de comunicación. Y a más debilidad, más dependenciaNi siquiera el Gobierno del Partido Popular, que tuvo en su mano solucionar el desaguisado del Gobierno socialista, ha querido intervenir. Hace ahora un año, en marzo de 2013, el Gobierno de Rajoy anunció que se lavaba las manos y que acataba la sentencia del Supremo, con lo que la única salida posible de los canales era el cierre. ¿Por qué? La explicación oficial, la menos creíble, es que las sentencias judiciales deben acatarse y respetarse, pero el rumor entre el sector es que el Partido Popular quiere aprovechar el resbalón de Zapatero para entregar esos canales a algunos medios de comunicación que le son más favorables. Ya veremos qué ocurre pero, de ser así, nadie iba a extrañarse.

Quiere decirse que estaríamos ante la misma historia repetida de siempre, un axioma incontestable: el principal interés de los respectivos Gobiernos por los medios de comunicación es intentar controlarlos. Directa o indirectamente, pero controlados. No ha habido ningún Gobierno en España que no haya utilizado el Consejo de Ministros para premiar o castigar a los medios de comunicación, según sus preferencias ideológicas y los favores pendientes. Se podrán distinguir épocas de mayor oscurantismo y otras de más transparencia, eso es cierto, pero ni un sólo Gobierno está libre de manipulación; todos han manoseado el mercado de medios de comunicación para intentar moldearlo a su gusto.

Todo esto, obviamente, nos llevaría a otro debate paralelo, sobre la calidad de la prensa en España y la dependencia de muchos grupos de medios de comunicación de las instituciones, pero todo eso, ya digo, forma parte de otra discusión. La única conexión que tiene ese debate paralelo con el carajal de las televisiones es que otra consecuencia de la chapuza institucional es la debilidad de los medios de comunicación. Y a más debilidad, más dependencia. Con lo cual, al final de todo, lo que tendremos que preguntarnos es si, en realidad, todo esto no es más que un juego de apariencias, una chapuza simulada para seguir controlando el sector. Pero sea como sea, somos lo que somos, país de chapuzas. 

 

Matacán
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
2 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios