El ‘caso Pujol’ huele a bluf

Es probable que todo el mundo se haya hecho la misma pregunta: “¿Y cómo es posible que no haya ningún Pujol en la cárcel, si en la mayoría de las ocasiones acaban desfilando por la trena en cuanto se destapa la corrupción?”. Pues esa es la cuestión, la perplejidad que resulta de la sencilla ecuación de que en una familia de nueve personas haya ocho imputados y ninguno ha tenido el más leve riesgo de pasar por la cárcel, como tantos otros acusados de corrupción. ¿Tantos miles de millones blanqueados, según informes de la Policía que se han publicado, y nada de nada? Esto huele mal, definitivamente. Algo está pasando y no habría que descartar que todo acabe en un estruendoso bluf. Veamos.

Para empezar, establezcamos que ‘bluf’ sería todo aquello que no vincule a la familia Pujol con la corrupción política en Cataluña. Dicho de otra forma, estaremos ante un bluf si al final lo único que se puede demostrar es aquello de lo que ya se inculpó Jordi Pujol padre, un delito fiscal sostenido durante treinta años y que afecta a casi toda la familia. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la pieza que vincula a más miembros de ese clan familiar. Esta semana hemos conocido que, después de meses de investigación, no hay nada que sostenga las denuncias de corrupción.

Esa es la relevancia mayor del auto judicial: “Que ese dinero tiene un origen delictivo, y más concretamente, que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por parte de la Generalitat de Cataluña, supone, a falta de otros indicios inequívocos o informaciones objetivas, una presunción o un salto cualitativo que no se puede hacer por el momento", sostiene la titular del Juzgado número 31 de Barcelona. Es decir, lo único que hay es lo que ya declaró Pujol, que tenía dinero oculto en el extranjero.

Desde luego que no le resta gravedad alguna a lo sucedido, pero de una forma u otra, inducidos o jaleados, todos hemos deducido estos meses atrás que el origen de la fortuna de los Pujol en el extranjero procedía de las comisiones ilegales, y de eso, como señala la jueza, no hay más que presunciones que carecen de prueba.

Otro caso, el de las ITV, quizá el primero que se investiga y que también parece varado. Tampoco está exento de dudas sobre el futuro judicial porque, como se ha reconocido, la investigación se frustró cuando el nombre de Oriol Pujol apareció tangencialmente en otra trama, la del ‘caso Campeón’; se publicó el nombre de Oriol y se chafaron los seguimientos y los pinchazos telefónicos que se estaban realizando. Si el tráfico de influencias ya es, por sí mismo, muy complicado de demostrar en los tribunales de Justicia, cuando en la propia instrucción se admiten dificultades probatorias, podemos esperarnos lo peor. ¿Cuántos casos de tráfico de influencias se derrumban en segunda instancia o en el Supremo? Tan seguro está Oriol Pujol de que al final no se podrá demostrar nada que cuando dejó sus cargos políticos no dijo que dimitiera, sino que los ‘delegaba’ temporalmente. 

Es lo mismo que ocurrió con el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, que fue a declarar en noviembre pasado y, para sorpresa de todos en el juzgados, no sólo no rechazó ninguna pregunta, sino que demostró una memoria envidiable sobre operaciones urbanísticas de hace diez años. Casi todos los imputados por corrupción hacen lo contrario, se niegan a declarar toda pregunta que no venga de su abogado defensor y suelen tener una mala memoria persistente.

No ocultó siquiera la naturaleza de las relaciones con la mujer que lo ha acusado de viajar a Andorra con mochilas llenas de billetes de quinientos euros. De su relación con ella dijo que había sido estrictamente sexual y de los billetes, pues eso, que nadie va por el mundo con mochilas llenas de billetes. Lo dijo con el mismo desparpajo con el que se definió como un “dinamizador económico”. “¿Usted de qué trabaja? “Soy dinamizador económico…” ¿Se lo imaginan?

En cualquier caso, chulerías al margen, el problema fundamental de este caso, la duda principal sobre su viabilidad, radica en que todos los empresarios que han pasado por el juzgado han confirmado que efectivamente pagaron a Jordi Pujol y que los trabajos que le solicitaron los realizó a plena satisfacción de sus sociedades. Si hasta once empresarios dicen lo mismo, ¿cómo se va a demostrar el supuesto delito?

No es como en algunos casos que conocemos de la Gürtel, o de la trama de Urdangarin, o del ‘caso Malaya’, que se puede demostrar que se pagaba por trabajos nunca realizados; aquí todos ratifican el contrato y el trabajo realizado. Aunque todo sea tan raro, tan raro, como que dicen algunos de esos empresarios que le pagaron a Jordi Pujol Ferrusola hasta nueve millones de euros y ni siquiera firmaron antes un papel para formalizar el trabajo.

Al menor de los Pujol Ferrusola, al llamado Oleguer, lo detuvo la policía durante un día, en octubre pasado, y tal como entraron en las oficinas y en las casas y se llevaron ordenadores y papeles, el menor del clan salió por la puerta en libertad y sin fianza alguna. Para un tipo al que se le han colgado titulares que hablaban de negocios irregulares para blanquear miles de millones de euros, es extraño, ¿no les parece? ¿Cuántos casos de corrupción hemos visto, como la reciente ‘operación Púnica’, en los que la secuencia de los registros acaba con una docena de tipos en los calabozos de la Policía, y luego en la cárcel?

A lo mejor tiene algo que ver la auditoría de Deloitte que presentaron sus abogados y en la que se aclaraba que Oleguer Pujol sólo tenía el 0,04 por ciento de los 3.000 millones de fondos de inversión que se le adjudicaban en los titulares como si fueran suyos. De 3.000 millones a 1 millón de euros va un trecho importante, sí… La propia Deloitte concluía en esa auditoría que no habían detectado “ninguna irregularidad” pero, bueno, entenderán los de Deloitte, con todos los respetos, que no se les conceda demasiado crédito a las auditorías en España, después de lo que llevamos visto. La anotación sirve sólo a efectos de lo de antes: ¿dónde están las pruebas?

Cuatro procesos judiciales, meses y meses de investigación, ocho imputados, y las pruebas por corrupción política son las más endebles. Una vez más: si al final de todo, el caso Pujol se limita a los delitos fiscales, si nada puede demostrarse que relacione a ese clan familiar con la  corrupción política, con el famoso “tres por ciento” de las comisiones ilegales de la Generalitat, podremos hablar de un bluf policial y judicial. Y otra vez estaremos frente al espejo más descarnado de una frustración social provocada por múltiples actores. Como dicen ahora, es para hacérselo mirar.