En las pelis de policías y ladrones, siempre hay algún inspector que se desabrocha el botón de la corbata y afirma, tras una bocanada de humo, que todo consiste en seguir el rastro del dinero. “A usted no la creímos; creímos a sus 200 dólares”, como Humphrey Bogart.

En todo proceso penal por delitos económicos, se trata de eso; la investigación consiste en seguir el rastro del dinero para determinar quiénes son los ladrones, los que se han quedado con el botín. En el caso de los ERE, también esta ha sido la primera pregunta y, cuatro años después de iniciada la instrucción, la respuesta es la más compleja de todas.

Porque se sabe bien de dónde procede el dinero defraudado y también quién lo tiene y, sin embargo, es imposible establecer relación penal entre una cosa y otra. ¿Quiénes son los ladrones de los ERE? Esa es la cuestión, la pregunta fundamental que se sigue haciendo en el caso y que, por absurda que parezca, puede acabar incluso convirtiendo este proceso judicial en un imposible. O en una gran frustración.

Veamos. El fraude de los ERE que investiga la juez Alaya se produce porque una Administración Pública, la Junta de Andalucía, concede durante diez años ayudas al desempleo sin ajustarse a ningunas de las obligaciones legales, de trasparencia y equidad, establecidas para el reparto de esos fondos. Dicho de otra forma: lo que hace la Junta de Andalucía es crear un fondo opaco, un ‘fondo de reptiles’, desde el que distribuye cientos de millones de euros sin ningún control.

El cálculo aproximado del dinero empleado en ese fondo, y durante los años que se investigan, asciende a 850 millones de euros, que salen de las arcas públicas andaluzas. ¿Pero quién tiene ese dinero? ¿Se puede considerar que ese es el montante robado? A partir de esas preguntas, tan elementales, es donde comienza el impresionante embrollo judicial del ‘caso de los ERE’ que todavía no se ha conseguido aclarar.

Empezando porque, como se viene advirtiendo aquí desde el principio, la primera gran mentira sobre la que se asienta el fraude de los ERE es que “se han robado mil millones de euros”. La inmensa mayoría de ese dinero ha ido a parar a 6.096 trabajadores que fueron prejubilados de sus empresas, muchas de ellas ya desaparecidas, como Santana Motor o Delphi, que suman 2.300 prejubilados.

Sólo 126 personas, de todos esos trabajadores, están imputadas en el caso porque fueron las que se incluyeron en las empresas sin haber trabajado jamás. En total, los ‘intrusos’ se embolsaron algo más de 12 millones de euros. Pero el resto de trabajadores, es decir 5.970 personas, sigue cobrando mensualmente sus prejubilaciones y ni nadie les acusa de apropiación indebida ni nadie les reclama que devuelvan el dinero.

No se les exige nada ni a ellos ni a la propia Seguridad Social que también percibe, de acuerdo al Convenio Especial, una parte de los expedientes de regulación de empleo para compensar en el futuro sus pensiones de jubilación. (Ojo a este detalle: también la Seguridad Social está recibiendo dinero del ‘fondo de reptiles’.)

Podemos contestar ya, por tanto, a la primera pregunta: ¿Quién tiene el dinero de los ERE fraudulentos? Respuesta: en su mayoría, los trabajadores prejubilados a los que nadie reclama nada. ¿Qué ocurre entonces? ¿Alguien va a devolver el dinero presuntamente defraudado? Lo que ha hecho la juez Mercedes Alaya, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, ha sido mantener durante toda la instrucción un equilibrio que, a medida que avanza el caso, se va volviendo más inestable.

La primera gran mentira es que ''se han robado mil millones''. La inmensa mayoría de ese dinero ha ido a parar a 6.096 trabajadores que fueron prejubiladosAl margen de los trabajadores intrusos, en la trama de los ERE están imputados los responsables políticos y los de las empresas mediadoras que participaron en la tramitación de los expedientes. A los primeros se los acusa de haber ideado “un sistema opaco para eludir los mecanismos de control”, como repite la juez Alaya en sus autos, y a los segundos, de haber cobrado comisiones abusivas, que podrían cifrarse en torno a 50 millones de euros.

El ‘equilibrio judicial’ que se mantiene en el caso radica en que es a estos últimos, responsables políticos y comisionistas, a quienes se les reclama la responsabilidad civil por la totalidad del fraude de los ERE. En función de ello, ya se le han impuesto a 130 encausados fianzas que suman los 2.948 millones de euros, más del triple del dinero defraudado presuntamente en el ‘fondo de reptiles’.

¿Y cómo es posible que a quien ha recibido el dinero fraudulento, los trabajadores prejubilados, no se le reclame su devolución y sí se le exija a quien lo ha aprobado o tramitado? Ese es el ‘equilibrio’ del que se habla y que para muchos de los que están relacionados con este caso, no sólo imputados, puede acabar convirtiéndose en un equilibrio imposible. Hasta ahora, el rastro del dinero en el ‘caso de los ERE’ conduce a una pregunta sin respuesta. Cuando se conteste, conoceremos el final de este proceso.