28-F, el día que se jodió todo

La Transición política en España es un periodo cargado de puntos de inflexión a partir de los cuales se comienzan a superar obstáculos que parecían insalvables y van cobrando sentido, coherencia, hasta completar el perfil de un país que se estaba construyendo. La legalización del Partido Comunista fue un punto de inflexión para la credibilidad de la democracia y la superación del franquismo, de aquellos miedos de libertad; se legalizó el PCE y se hizo creíble el pluralismo democrático. El frustrado golpe de Estado de Tejero fue, por supuesto, otro punto de inflexión a partir del cual dejaron de oírse ruidos de sables en los cuarteles; el ejército, los militares, superaron la creencia histórica de que en ellos estaba depositada la salvación de la patria. En la confección del modelo territorial, el punto de inflexión está marcado con una fecha concreta del calendario: 28 de febrero de 1980. El día en el que los andaluces fueron llamados a referéndum para contestar la pregunta más rebuscada y ridícula que conocen los tiempos: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa, prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento previsto en dicho artículo?”. A partir de esa pregunta, se jodió todo.

Después de aquel referéndum, todo cambió en España. Se acabó la etapa de gobierno de la Unión de Centro Democrático, que convocó y perdió el referéndum andaluz; aquel revés en las urnas tuvo el efecto de una voladura descontrolada de todas las alianzas internas de fuerzas democristianas, socialdemócratas y liberales que cohabitaban bajo esas siglas. Fue, desde luego, el principio del fin de Adolfo Suárez y la imparable ascensión de Felipe González que, dos años más tarde, arrasaría con su promesa de ‘Cambio’. Y fue, fundamentalmente, el punto de inflexión que liquidó el modelo de Estado que se había esbozado en la Constitución y que consistía, esencialmente, en otorgar una autonomía verdadera, una autonomía plena, sólo a dos regiones, el País Vasco y Cataluña, y en menor grado a Galicia, mientras que el resto habría de conformarse con una lenta y limitada trasferencia de competencias, pero sin alcanzar nunca el techo competencial de vascos y catalanes.

¿Y si estaba diseñado así en la Constitución de 1978, por qué se cambia de criterio tan sólo dos años después? La respuesta tiene un solo protagonista; ocurrió así exclusivamente por el cambio de criterio del PSOE, que se desentendió del acuerdo previo con la UCD para limitar el Estado autonómico y vislumbró en el referéndum andaluz un elemento de desgaste letal contra el Gobierno de Suárez, como así sucedió. En una de las operaciones de camaleonismo político más efectivas que se recuerdan, el PSOE abrazó el andalucismo pujante de aquella época, supo colocarse en la cabecera de la manifestación y rentabilizar electoralmente, desde entonces hasta la actualidad, aquella apuesta por la autonomía plena en Andalucía. Cuando ya había conseguido sus objetivos, sin empacho alguno, forzó la dimisión de Rafael Escuredo como presidente de la Junta de Andalucía, y recondujo la autonomía andaluza al baluarte de poder orgánico que supone para el PSOE.

Pero las consecuencias del referéndum del 28-F, trascienden con mucho de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Una vez que el referéndum andaluz abrió de par en par las puertas de la autonomía plena, todo el mundo pudo ‘colarse’ en el selecto club que tenían reservado para sí catalanes y vascos. De un modelo de Estado asimétrico, como el previsto en la Constitución, de nacionalidades y regiones, se pasó al modelo de Estado que se etiquetó con una expresión del ministro de UCD, Manuel Clavero Arévalo: “el café para todos”. Y eso es lo que nunca han perdonado los nacionalistas catalanes y vascos. Pero sobre todo los primeros, porque los nacionalistas vascos, con el privilegio inmenso del concierto, insisten menos en la cuestión. “Fuimos los grandes artífices de la lucha autonómica y nos premiaron con el 'café para todos’”, como suelen repetir cada vez que intentan justificar ese eufemismo insoportable del “encaje catalán”. También ahora, en la deriva independentista, lo siguen recordando.

¿Qué hubiera ocurrido sin el referéndum?

Sabemos, por experiencia sobrada, que el nacionalismo necesita para vivir y desarrollarse de la existencia del agravio y que, sin ese alimento, languidece. Con lo cual, parece claro que si el agravio de origen no hubiera sido el ‘café para todos’, el nacionalismo ya hubiera generado, por sí mismo, otros frentes de agravio, reales o inventados. Pero esa evidencia no debe impedir la reflexión mayor: ¿qué hubiera ocurrido sin el referéndum andaluz, sin las consecuencias del ‘café para todos’? ¿Tenían razón los constituyentes cuando pensaron que el equilibro perfecto, la única salida a la siempre convulsa realidad territorial de España, era el modelo asimétrico? ¿Se jodió la estabilidad posible de la democracia a raíz del referéndum andaluz?

La aportación de los gobiernos autonómicos al desarrollo de España, a la modernización del país, es tan evidente como indemostrable, porque nadie puede afirmar con datos qué hubiera ocurrido en un Estado más centralizado. Pero a la vista de la degeneración de muchas autonomías, tantos años después de aquel referéndum andaluz, al menos en mi caso, se ha instalado la duda. Cuando se contempla cómo ha nacido, crecido y engordado una nueva clase política, la autonómica, engolada y pomposa; cuando se empiezan a contar los casos de corrupción que han proliferado en muchas autonomías; cuando se repasa el despilfarro en casi todas ellas por proyectos faraónicos, desmesurados, mesiánicos; cuando se comprueba en los parlamentos regionales el bajo nivel de los debates políticos, convertidos muchos de ellos en cámaras de segunda lectura de las trifulcas nacionales; cuando se constata, en fin, como el estado de las autonomías ha acabado multiplicando los vicios y lastres burocráticos existentes, por lo menos asalta la duda.

En aquel referéndum de autonomía de Andalucía, una mayoría entusiasmada del pueblo andaluz acudió a las urnas con el único deseo de no quedarse atrás una vez más en la historia. Fue la primera y la única vez en la historia de España en la que los ciudadanos de una región han acudido a votar a favor de su autonomía. Querían los andaluces una autonomía de primera y no aceptaban que la oportunidad del autogobierno, la capacidad para que uno mismo gestione sus intereses, se pudiera convertir en privilegio de los que sólo se reconocen en su identidad mediante la diferencia. El 28 de febrero de 1980 acudió a las urnas un 64% de los electores, y los votos afirmativos superaron el 50% del censo en todas las provincias, salvo en Almería.

Muchos años después, el 18 de febrero de 2007, el PSOE quiso reactivarse con una reforma del Estatuto de Andalucía (otro golpe de efecto para justificarse políticamente, sin calcular las consecuencias) y a las urnas sólo acudieron a votar el 36% de los electores. Si el primer estatuto, nacido de la ilusión, se contenía en 10.000 palabras, el estatuto reformado se ampliaba hasta las 36.000 palabras, un tocho de doscientos cincuenta artículos con las extravagancias propias de la época, como las ‘competencias exclusivas’. En esa extrapolación, va implícita la duda. De aquel 28 de febrero de Andalucía, soñado, ansiado, conquistado, a este 28 de febrero de hoy. Por lo menos eso, la duda, la ucronía necesaria e imposible de la España de hoy: ¿Qué hubiera ocurrido sin el referéndum andaluz? ¿Cómo sería España?