Tres motivos para no creerse a Griñán

“No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar”, dejó dicho el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando abandonó el pasado jueves el Tribunal Supremo. En esa frase condensó un testimonio de casi cuatro horas en el que, como había hecho con anterioridad otro de los imputados, José Antonio Viera, descargó en los cargos intermedios del Gobierno andaluz, fundamentalmente en el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, toda la responsabilidad sobre el fraude cometido.

Según Griñán, nunca tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo con las ayudas de los ERE; ni que se otorgaban con absoluto descontrol ni, por supuesto, que había gente enriqueciéndose con esos fondos destinados a la creación de empleo. Según Griñán, lo único que se le puede reprochar a él es la responsabilidad política, por haber formado parte de aquel Gobierno, pero ésa, según afirmó, ya la asumió cuando dejó la presidencia de la Junta de Andalucía.

¿De verdad puede sorprenderse Griñán de lo ocurrido? ¿Conoció el descontrol cuando lo investigó la juez o lo sabía de antes?

Es curioso que lo diga porque, cuando dimitió, afirmó que lo hacía exclusivamente para promover el relevo generacional (“un cambio generacional y de género”, dijo) en la Junta de Andalucía, y se mostró especialmente irritado con quien relacionaba su salida con el escándalo de los ERE: “Me duelen en lo personal las mentiras que se están diciendo”. Ahora, en su nueva versión, admite que dejó la Junta por “responsabilidad política” tras conocer la “barbaridad” en el reparto de unas ayudas que durante años se hizo “de forma aleatoria y sin control”. Pero ¿de verdad puede sorprenderse Griñán de lo ocurrido? ¿Conoció el descontrol en las ayudas cuando lo investigó la juez Alaya o lo sabía de antes? ¿Es sincero cuando afirma que dimitió cuando conoció esa “barbaridad”? Hay tres motivos para desconfiar de lo que le contó Griñán al juez del Tribunal Supremo.

1. Incumplió como consejero la norma que aprobó como ministro

José Antonio Griñán fue designado consejero de Hacienda del Gobierno andaluz en 2004, después de una etapa en la política nacional como ministro de Trabajo y Seguridad Social del último gobierno de Felipe González. Entre las medidas aprobadas por Griñán como ministro se encuentra una Orden ministerial, dictada el 5 de abril de 1995, en la que se establecen, con carácter general, los criterios que deben seguir todas las administraciones públicas para la concesión de ayudas laborales. La norma decía así: “Dar publicidad, concurrencia y objetividad a las ayudas sociales tendentes a paliar los efectos derivados de los procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, así como también determinar los supuestos y condiciones en que procede la concesión de las citadas ayudas”.

Cuando Griñán, que siempre ha presumido de su condición de inspector de trabajo, llegó a la Junta de Andalucía y se hizo cargo de las cuentas andaluzas lo primero que pudo comprobar fue que el Gobierno andaluz no sólo no estaba aplicando su norma ministerial, sino que había derivado la adjudicación de las ayudas a un ‘fondo de reptiles’. Tan clamorosa es la contradicción que, de hecho, el Gobierno andaluz que presidía Griñán acabaría adaptando la normativa andaluza a la norma que aprobó como ministro con 16 años de retraso, en la orden de 1 de abril de 2011, cuando ya había estallado el escándalo en los tribunales. En el tiempo restante, desde 2004 hasta que se vio forzado por los tribunales, Griñán incumplió su propia norma al no imponerla en el Gobierno andaluz para que la Consejería de Empleo la aprobara y distribuyera los fondos con publicidad, concurrencia y objetividad.

2. El Gobierno rehusó hasta tres veces acabar con el 'fondo de reptiles'

Cuando la juez Alaya solicitaba al Gobierno andaluz las actas de sus reuniones semanales, lo único que perseguía era documentar que si existía un descontrol absoluto en la concesión de las ayudas sociolaborales en la Junta de Andalucía era porque el Gobierno lo había decidido así. Desde luego, no apareció un documento concreto que lo ordenara así, pero sí encontró que, hasta en tres ocasiones, se frenaron los intentos por regular esos fondos, ante la advertencia reiterada de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Como remarcaría también en algunas sentencias el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Gobierno andaluz actuaba “con desprecio absoluto al Derecho”. Fue en las reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno, los llamados ‘consejillos’, en los que se desechó hasta tres veces un “proyecto de decreto por el que se establece el procedimiento para la concesión de ayudas sociales a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza”.

Como remarcaría también en algunas sentencias el TS de Andalucía, el Gobierno andaluz actuaba 'con desprecio absoluto al Derecho' 

Esos ‘consejillos’ estaban presididos por Gaspar Zarrías, imputado en el Supremo, pero también acudía el ‘brazo derecho’ de Griñán en la Consejería de Hacienda, José Salgueiro. Cuando se conocieron hace un año los intentos frustrados para regular el fondo de reptiles, el periódico El Mundo le preguntó a Gaspar Zarrías, pero se le había olvidado también: “No me acuerdo si se discutió o no, no tengo la más mínima idea. Han pasado 14 años. Si no se aprobó sería porque le faltaría algún requisito. ¿Cuál? Ni idea”.

3. Griñán tapaba como consejero de Hacienda los agujeros

El funcionamiento del ‘fondo de reptiles’ es conocido: la Consejería de Empleo aprobaba en los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía transferencias de financiación a la agencia pública IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía) para que ésta pagara los compromisos adquiridos por esa misma Consejería, a través de la Dirección General de Trabajo. Era la partida que se consignaba como ‘programa 31L’. Hasta en 15 ocasiones, la Intervención General emitió informes en los que alertaba de lo irregular de este procedimiento por las causas conocidas de opacidad y arbitrariedad. Lo que sostiene Griñán es que nunca tuvo conocimiento de esos informes, a pesar de que estaban dirigidos a su Consejería de Hacienda, además de a la de Empleo, con acuse de recibo.

En cualquier caso, incluso prescindiendo de todo ello, existe una constatación mayor de que el entonces consejero Griñán era plenamente consciente del descontrol de la agencia IDEA porque en varias ocasiones tuvo que aprobar modificaciones presupuestarias para tapar los agujeros que se producían. Como la Dirección General de Trabajo aprobaba compromisos de pago sin control, se agotaba el dinero transferido a la agencia IDEA y tenía que acudir Griñán para repararlo. En total, las modificaciones presupuestarias para tapar los agujeros del descontrol de los ERE sumaron casi cien millones de euros. En el dictamen que elaboró el Partido Popular tras la comisión de investigación del Parlamento andaluz se dice textualmente: “Pero lo verdaderamente cierto y comprobado es que la Consejería de Hacienda conoció los problemas presupuestarios de la gestión del programa 31L y actuó modificando y dotando de más fondos este tipo ilegal de ayudas”.