El colapso andaluz avala un 27 de septiembre con comicios catalanes y andaluces

La hipótesis de unas nuevas elecciones andaluzas, ante la imposibilidad de conformar una mayoría que apoye la reelección de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, va tomando cuerpo en las previsiones de los principales partidos políticos andaluces. La acumulación de problemas para desbloquear el actual colapso político andaluz es tal que ya se baraja abiertamente la posibilidad de que haya que celebrar otras elecciones andaluzas, que se harían coincidir con las elecciones catalanas el 27 de septiembre. “Susana Díaz ha dinamitado conscientemente la legislatura; nos vamos a septiembre”, sostienen en el Partido Popular. “Susana Díaz intentará evitarlo, pero no se pueden descartar otras elecciones”, mantienen en el PSOE.

Lo que marca el Estatuto de Andalucía es que, a partir del 16 de abril que se constituyó el Parlamento, la presidenta en funciones, Susana Díaz, dispone de dos meses para lograr una mayoría simple que la haga de nuevo presidenta. Si no lo consigue pasado ese tiempo, el presidente del Parlamento deberá disolver la Cámara y convocar unas nuevas elecciones. La fecha tope, por tanto, es el 16 de junio. Con ese plazo tasado, y la cuenta atrás ya activada, los problemas aparecen en el horizonte como vallas insalvables. El primero, el desacuerdo persistente y la bronca política que estallaron en la constitución del Parlamento andaluz. El segundo, la inminencia de una nueva campaña electoral para ayuntamientos y comunidades autónomas. Y el tercero, la imputación de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán en el Supremo. Todo ello, además, compaginado con la propia ‘cuenta atrás’ personal de Susana Díaz, embarazada de su primer hijo, y que sale de cuentas, precisamente, el mismo mes de junio.

Los problemas políticos para alcanzar un acuerdo ya se han evidenciado de forma abrupta durante la constitución del Parlamento de Andalucía. Tras las elecciones, Susana Díaz comenzó, trastocando gravemente el reparto de funciones entre parlamento y Ejecutivo, con una ronda de consultas con la que se arrogó el papel que los textos legales reservan al presidente del Parlamento, una vez constituido. No le correspondía ese papel, ni llamar en orden a los demás candidatos al Palacio de San Telmo como una reina menor, pero la ronda de consultas se desarrolló, se trasladó luego al Parlamento y el resultado fue el mismo: ninguna de las demás fuerzas políticas presentes en el Parlamento andaluz (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) están dispuestas a ‘mojarse’ con los socialistas.

Los 47 diputados del PSOE en la Cámara andaluza sólo pueden darle a Susana Díaz la presidencia de la Junta de Andalucía si se abstiene el Partido Popular (con 33 escaños), si se abstienen Podemos y Ciudadanos (con 15 y 9 diputados, respectivamente) o si alguno de los anteriores vota a favor, opción que ni siquiera se contempla. Con ese desacuerdo, se llegó a la constitución del Parlamento y Susana Díaz decidió entonces tirar para adelante, sin contar con nadie más, para componer la mesa del Parlamento. Concedió un puesto de la mesa a cada uno de los cuatro grupos políticos de la oposición y adjudicó al PSOE tres. Entre ellos, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, un socialista de aparato, de discurso duro y guerracivilista. “La derecha ni hace prisioneros ni deja heridos. Solamente saben matar y, si es posible en las cunetas, que es donde siempre nos han dejado a los socialistas”, dijo Durán en un acto del PSOE en 2013.

En cualquier caso, si esa bronca tiene interés y trascendencia en el futuro inmediato no es por el contenido en sí de la bronca, porque en Andalucía la invocación a la Guerra Civil es un argumento recurrente en algunos dirigentes del PSOE, sino por lo que supone de ruptura total de relaciones entre socialistas y populares. Así, al menos, se entiende en el PP. Quiere decirse que, hasta ahora, lo que se mantenía como hipótesis es que, una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas, el PP y el PSOE iban a apoyarse mutuamente para respetar la lista más votada, frente al acoso de las nuevas fuerzas políticas emergentes, Ciudadanos y Podemos. Esa posibilidad, a tenor de lo que está ocurriendo en Andalucía, ya no parece factible. “El PSOE –interpretan en el PP– ha decidido romper toda relación y a lo que se dirige ahora es a un nuevo frente de ‘todos contra el Partido Popular’, como ya ha hecho en otras ocasiones”. Es decir, que después de las municipales, lo que cabe esperar es que el PSOE repita la misma consigna que ya aplica en Andalucía: “Estamos abiertos a cualquier pacto, salvo con el Partido Popular”.

Otra cosa distinta es que esa estrategia, por evidente que parezca, pueda servirle a Susana Díaz para salvar la presidencia de la Junta de Andalucía, porque después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo vienen las generales. Y no parece probable que ni Podemos ni Ciudadanos quieran comprometer sus expectativas electorales con acuerdos postelectorales con el PSOE, mucho menos con el PSOE andaluz, que tiene a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, además de un buen número de exconsejeros y altos cargos, implicados en el escándalo monumental de los ERE.

“Si el Supremo levanta la imputación de Chaves y de Griñán antes del 26 de junio, es posible que se desbloquee la situación. Si no es así, habrá nuevas elecciones, a no ser que Susana Díaz convenza a Chaves y a Griñán de que dimitan por ‘patriotismo’ de partido”, afirman en el PSOE andaluz. Por el Supremo ya han pasado Chaves, Griñán, Viera y Zarrías, y queda aún la comparecencia de María del Mar Moreno, el próximo 21 de abril. Si el Supremo no practica ninguna prueba más ni acepta más declaraciones, como la solicitada por el exinterventor de la Junta de Andalucía, el pronunciamiento, dada la complejidad del caso, tendría que producirse en plena campaña electoral de las elecciones del 24 de mayo. Y es sabido que en la Justicia española existe un ‘regla tácita’ para evitar decisiones judiciales durante las campañas electorales.

Lo normal, por tanto, es que la presidencia de la Junta de Andalucía no se desbloquee antes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Y si eso sucede, aparece un problema añadido: los nuevos ayuntamientos y parlamentos autonómicos no se constituyen hasta pasados 21 días de las elecciones. Es decir, el fin de semana del 13 y 14 de junio; es decir, dos o tres días antes de que expire el plazo para que se elija al presidente de la Junta de Andalucía. Y todo ello, no hay que olvidarlo, con Susana Díaz ya pendiente del paritorio.

¿Es posible alcanzar acuerdos con plazos tan justos? Todo es posible en política, desde luego, pero si le volvemos a añadir a todo ello el ingrediente fundamental de que todavía quedarían por celebrarse las elecciones fundamentales, las generales, el encaje de piezas es un ejercicio altamente complejo. Por eso, en el PP lanzan una hipótesis que, en este momento, desmienten en el PSOE. Elecciones en septiembre, porque la ley electoral andaluza descarta elecciones en los meses de julio y agosto, en las que Susana Díaz exhibiría los dos rasgos de su discurso a los que saca mayor rentabilidad: el victimismo por no haber sido presidenta, pese a ganar las elecciones, y el españolismo, de forma simultánea con la campaña catalana.