El clientelismo no es corrupción

¿Es el tiempo de permanencia en el poder el que determina la existencia de un régimen, aunque sea en democracia? No, no es el tiempo el que marca la línea, sino algo más tangible, los comportamientos

¿Cuándo se puede considerar que un partido político gobierna en democracia con modos de régimen, con argucias de régimen, con comportamientos de régimen? Podría pensarse que la mera permanencia en el poder de un solo partido político, durante varios decenios, es la que delata la existencia de un régimen político. El ‘modelo mexicano’, digamos, que mientras gobernó el PRI no esperaba siquiera al escrutinio de las urnas para proclamar al nuevo presidente. O el PSOE en Andalucía, otro ejemplo. El 23 de mayo de 1982 ganó las primeras elecciones, aunque ya gobernaba desde antes en la preautonomía, y desde entonces siempre ha sido así porque siempre estaba claro que iba a gobernar.

¿Es el tiempo de permanencia en el poder el que determina la existencia de un régimen, aunque sea en democracia? Habrá quien lo piense, que si en una democracia no hay alternancia se quiebran los principios básicos, pero no es así. No es el tiempo el que marca la línea, sino algo más tangible, los comportamientos. Está en las formas, en los modos, el abismo de degeneración por el que se despeñan los partidos mayoritarios que transforman la mayoría en hegemonía, la ideología en una grosera maquinaria de poder. No es el tiempo, no.

Hace unas semanas, justo después de conocerse la nueva victoria del PSOE en las elecciones andaluzas, trascendió la grabación de una delegada de Empleo de la Junta de Andalucía, Irene Sabalete, en la que aleccionaba a los trabajadores de la Administración andaluza para que, durante la campaña electoral, se dedicaran a un solo fin, un solo objetivo: que el Partido Socialista volviera a gobernar. Reunió a los trabajadores para contarles que venía de una reunión con el consejero de Empleo en la que se había decidido que, si los trabajadores públicos querían conservar su trabajo en la Junta, tenían que volcarse en el apoyo del PSOE durante la campaña electoral.

De aquella conversación, que ya se difundió en El Confidencial, lo mejor, a mi juicio, era el final, por el desahogo absoluto de la señora: “¿Cómo lo vamos a hacer? Os quiero en la calle, que nadie esté en la oficina. Y si no podéis meter los datos, si no podéis, la gestión la dejáis un poquito aparte… Un poquito no, aparte. Os quiero a todos en la calle”. El desahogo, traducido en gestión, viene a significar que si hay ciudadanos esperando que les resuelvan alguna gestión, algún papeleo administrativo, todo eso puede esperar. Todos a la calle, con el sueldo público, a hacer campaña a favor del PSOE. “Si os comprometéis con este proyecto y con la continuidad personal vuestra; os quiero a todos haciendo campaña electoral. Esto es así de simple”.

A pesar de lo mucho que se proclama, la lucha contra la corrupción no está tipificada debidamente en el Código Penal

Así de simple. ¿Podría servir la osadía de la delegada de la Junta de Andalucía como ejemplo palpable de clientelismo? ¿Que sí? Pues no. La fiscalía de Jaén acaba de archivar la denuncia que pusieron contra Irene Sabalete por un posible delito de amenazas y tráfico de influencias al considerar que “la presión moral ejercida no se dirige a la consecución de una 'resolución' beneficiosa sino al desarrollo de una actividad de propaganda electoral a favor del partido gobernante, hecha además con la advertencia de 'si queréis y os comprometéis con este proyecto'”.

No existe, a juicio del fiscal, un delito de amenazas porque, a fin de cuentas, lo que hace la delegada de la Junta andaluza es advertirles de lo que puede pasar si gana el Partido Popular: "Más que conminarles con un mal cuya realización no depende de ella, les advierte de las consecuencias para su puesto de trabajo de que las elecciones no las ganara el PSOE". Y tampoco existe tráfico de influencias porque lo ocurrido no se incluye en lo que se recoge en el Código Penal para ese delito, ya que 'deja fuera del ámbito de este tipo delictivo aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una ‘verdadera resolución’, sino a actos de trámite, informes, consultas o dictámenes'”.

El error, a mi juicio, después del archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía, radica en culpar al fiscal. Habrá quien se acoja al mantra reiterado que considera a los fiscales como un eslabón servil de los Gobiernos, de los partidos que están en el poder. Pero esa lectura, además de un error, es una barbaridad; un insulto a los miles de fiscales independientes que nada tienen que ver con esas miserias.

Los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves (Efe)
Los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves (Efe)

 

La cuestión es que, a pesar de lo mucho que se proclama, la lucha contra la corrupción no está tipificada debidamente, con lo que una actuación tan soez como la de la delegada de la Junta de Andalucía en Jaén no encuentra sitio en el Código Penal. El fiscal, como los jueces en su mayoría, se limita a aplicar las leyes existentes. Y esas son las leyes contra la corrupción política que tenemos en España.

Pero más allá de lo que digan las leyes, lo fundamental es la sociedad. ¿Cómo es posible que un hecho así no haya provocado una tormenta política en Andalucía? Ahí siguen todos, con los cálculos sobre la investidura de Susana Díaz. ¿Cómo es posible que los máximos dirigentes del PSOE no se hayan visto obligados a dar ni una sola explicación? ¿Cómo es posible que no exista un rechazo social en las calles, de gente hastiada, asqueada?

Puede que no haya una condena penal, porque no esté tipificado, pero cuando ni siquiera existe un reproche moral, entonces es cuando nos encontramos delante de un Gobierno democrático con modos de régimen, con argucias de régimen, con comportamientos de régimen. No es el tiempo, la permanencia en el poder, lo que determina un régimen, sino la corrupción moral que se genera. Y una vez más, se citará aquí como guía la obra de un escritor gallego, Xosé Alvilares, referida a la Galicia de Fraga, en la que establecía los límites de la dignidad social. “La clase política puede también corromper una sociedad. La mentalidad de vasallo crea el cacique, pero la política del cacique crea la mentalidad de vasallo. La corrupción política es también corrupción de las conciencias”. Pues eso.

Matacán
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