La estrategia de Susana Díaz conduce a la oposición a un callejón sin salida

El control político de Susana Díaz, una ‘dama de plomo’ de la fontanería de los partidos, se ve en estos días de bambalinas. Lo que viene ocurriendo desde que se celebraron las elecciones andaluzas del pasado 22 de marzo es un despliegue de tacticismo político que combina todos los recursos a su alcance. Empieza la misma noche de las elecciones, cuando Susana Díaz desciende por una larga rampa, seguida de varias decenas de personas, y aquello parecía una escena de Hollywood, una entrada triunfal, un advenimiento, y nunca el rostro de quien ha conseguido el peor resultado del PSOE en Andalucía.

Luego, días y días de estrategia y discursos precisos que acaban justo ahora, con el pleno de investidura al que se llega con la paradoja de que Susana Díaz no cuenta con ningún acuerdo de estabilidad, apoyada sólo por la raquítica mayoría socialista, y sin embargo nadie duda de que saldrá elegida presidenta porque la sensación es la contraria, que es la oposición la que se encuentra en un grave apuro. ¿Cómo es posible esa transformación de la realidad? Esa es la maestría principal de la dirigente andaluza, lo que debe haber deslumbrado a tantos en su partido, el preciso manejo de los tiempos y de los mensajes.

De todo lo ejecutado en estos días, desde que se conocieron las elecciones, la estrategia más implacable, más cruel, se la ha aplicado al principal adversario del PSOE, el Partido Popular, a los que ha ido conduciendo poco a poco a un callejón sin salida. A los populares, fundamentalmente, va dirigido el mensaje soterrado, nunca explícito, sobre la posibilidad de celebrar en septiembre unas nuevas elecciones en el caso de que no le faciliten la investidura. Sería, en la práctica, como realizar una ‘segunda vuelta’ de las elecciones que es, precisamente, la propuesta que ahora, inopinadamente, desliza Susana Díaz cuando le preguntan por sus problemas para la investidura y responde que en España hace falta reformar la ley electoral para que sea una segunda vuelta la que decida quién gobierna en las instituciones. Porque en esa segunda vuelta, Susana Díaz está convencida de que mejorará sus resultados a costa de hundir un poco más a algunos de sus adversarios directos, fundamentalmente el Partido Popular.

Tan segura está Susana Díaz de sí misma, de su legitimidad, que trasciende de las comparaciones locales y se lanza directamente a las internacionales. “He sacado una mayoría similar a la de Tsipras en Grecia, y nadie lo ha cuestionado como primer ministro, y he sacado ocho puntos más de los que sacó François Hollande en la primera vuelta”, dijo el otro día en una entrevista en Onda Cero. Y es cierto que, aun lejos de la mayoría absoluta, el PSOE le saca once puntos al Partido Popular y más de veinte a Podemos, la tercera fuerza política del Parlamento andaluz.

Todo esto, en definitiva, a lo que conduce es a la certeza de que, en realidad, Susana Díaz no piensa negociar con nadie. Lo viene diciendo desde el mismo día de las elecciones: quiere gobernar en solitario y que sea la oposición la que se comprometa con la gobernabilidad de la región. La única ‘cesión’, si es que se puede considerar así, ha sido el preacuerdo alcanzado por Ciudadanos para asumir su decálogo contra la corrupción, pero la mera firma de ese documento no implica otra cosa que una declaración de intenciones. También con Izquierda Unida selló en la pasada legislatura un pacto de gobierno, que va mucho más allá, y pasados tres años de gobierno en coalición sólo se aprobaron 2 de las 28 leyes que se habían comprometido. Eso sin contar con la evidencia de que el Parlamento andaluz no es competente para modificar el Código Penal e introducir la “responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción”, como dice el segundo punto del decálogo.

Tampoco el anuncio de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán de que, acabada la legislatura, no volverán a presentarse al Congreso o al Senado tiene la trascendencia, pese al revuelo provocado. De hecho, es, hasta cierto punto, irrelevante, porque la realidad es que ambos expresidentes, cercanos ya a los 70 años, no tenían ya más recorrido en la política activa después de una vida en cargos públicos. Y es irrelevante desde el punto de vista político, porque lo que exigía la oposición es que abandonaran de forma inmediata sus escaños, y eso no lo van a hacer a no ser que se vean obligados por una imputación formal del Tribunal Supremo.

Con lo cual, lo que sucederá en la sesión de investidura es que Susana Díaz se presentará en el Parlamento andaluz con un programa político cerrado que planteará a la oposición para que lo apoye. Ella lo resume en cuatro puntos: “Primero, lo que me piden los ciudadanos por la calle todos los días: el empleo. Segundo, lo que más avergüenza a la gente: los casos de corrupción, la transparencia y la regeneración que necesita este país. Tercero, el blindaje del Estado del bienestar. Y cuarto, un nuevo modelo de financiación para asegurar los recursos necesarios”. Un paquete de medidas que, según dice, ya ha consensuado con agentes sociales, empresariales, profesionales y vecinales y que “va mucho más allá de lo que plantean las demás fuerzas políticas”.

Con lo cual, lo dicho: de negociar poco. Lo que Susana Díaz ofrece a la oposición es que se sumen a sus propuestas y, si no lo hacen, “tendrán que explicar muy bien a la ciudadanía su negativa y por qué bloquean que Andalucía pueda salir adelante”. O yo o el caos. Todo ello lo sustenta además, en una evidencia incontestable, ya que, por la configuración del Parlamento andaluz, sólo el PSOE puede aspirar a gobernar en Andalucía puesto que cualquier otra opción es inviable matemática y políticamente. “Si no existe una alternativa al Gobierno del PSOE, la oposición lo único que muestra es el deseo de paralizar una comunidad autónoma que es más grande que doce países de la Unión Europea”.

Este mensaje se lo dirige la presidenta andaluza, fundamentalmente, al Partido Popular. Con dardos envenados que repite continuamente, recordándole que siempre ha defendido la estabilidad y la gobernabilidad de las instituciones. “El PP tiene que asumir su responsabilidad, aceptar el resultado de las elecciones y facilitar la conformación de un nuevo Gobierno”, repiten los líderes socialistas en cada ocasión que se presenta. Podría pensarse que es mucho el desahogo de este planteamiento, teniendo en cuenta que el PSOE perdió las últimas elecciones e impidió que gobernara el Partido Popular en la última legislatura, a pesar de que los populares se quedaron más cerca de la mayoría absoluta que los socialistas en este momento. Es más, el desahogo cuando se repara en que la primera decisión que ha adoptado el PSOE en esta legislatura ha sido la de marginar al Partido Popular en la mesa del Parlamento y nombrar presidente a un dirigente que tiene dicho en los mítines que “la derecha sólo sabe matar y si es posible en las cunetas, que es donde siempre han dejado a los socialistas”.

¿Por qué entonces iba a aceptar el PP la doble humillación de permitir la investidura de Susana Díaz sin negociar nada y después de que el PSOE le impidiera gobernar en las últimas elecciones? Pues por la primera razón que se esgrimía antes, porque los socialistas están convencidos de que a lo único que teme el Partido Popular es a unas nuevas elecciones en septiembre en las que pueden caer más hondo que en marzo. La abstención de Ciudadanos, una vez firmado el decálogo anticorrupción, es insuficiente; no es previsible que con Podemos alcance un acuerdo para que le faciliten la investidura, con lo que sólo queda esperar al PP. Todo será cuestión de tiempo, piensan en el PSOE. La fruta madura caerá y sólo depende del estado de nervios de sus adversarios ante la campaña sostenida de Susana Díaz con ese mensaje dicharachero que se repetirá hasta la infinidad: “Desahogan contra Andalucía su rabia por no haber ganado las elecciones. Y eso la gente lo ve. Yo voy por la calle y me dicen: ‘Hija, ¿cuándo te van a dejar gobernar?'”.