La mafia andaluza

La adjudicación del concurso internacional para la explotación de las minas de Aznalcóllar revela un importante entramado mafioso detrás de la trama que ha paralizado Andalucía

Foto: Vista aérea de las minas de Aznalcóllar. (EFE)
Vista aérea de las minas de Aznalcóllar. (EFE)

“Son canadienses, ¿sabes? Y no acaban de entender qué ocurre en la Junta de Andalucía”. Era septiembre del año pasado, 2014. Un geólogo amigo descuelga el teléfono para pedir auxilio. Ha encontrado trabajo en un grupo de inversión canadiense que ha abierto sucursal en España y, al llegar a Andalucía, siente que las reglas del juego son otras. “¿Qué te parece lo que nos pasa?”, fue la pregunta. “Corleone”, fue la única respuesta. Antes de eso, hay una historia que ha acabado en el juzgado y que ha vuelto a tambalear al Gobierno andaluz, sacudido de nuevo por la corrupción. El primer caso de corrupción que le afecta a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. El primer escándalo que le estalla cuando buscaba su segunda investidura.

“Son canadienses, ¿sabes?”, al preguntarlo ya va implícito un molesto prejuicio que distingue entre la formalidad y el compadreo, como si en Andalucía todo fuera fiesta. Hay que respirar antes para entender que no hablan de Andalucía, sino de la Junta de Andalucía, que no son necesariamente realidades paralelas. Se trata, en fin, de inversores extranjeros que se ven perdidos en la maraña administrativa de una comunidad autónoma de la que no tienen más referencias que las que se plasman en el pliego de condiciones de un concurso público internacional: la adjudicación de las minas de Aznalcóllar. La empresa canadiense se llama Emerita Resources, pertenece al banco de inversiones canadiense Forbes & Manhattan, y en su expansión internacional ha llegado a España con proyectos en Asturias y en Extremadura.

Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)
Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. (EFE)

El problema ahora es que se han topado con la Junta de Andalucía. “Creemos que ocurren cosas raras”, afirma el director de Emerita. “Por eso queremos tu opinión como periodista andaluz”. Con un dossier de documentos oficiales, van detallando sobre la mesa las irregularidades administrativas a las que se han tenido que enfrentar. “¿No le parece a usted que todo esto es un escándalo?”. Un escándalo administrativo sí, claro, pero Andalucía, la Junta de Andalucía, está envuelta desde hace años en un fraude millonario, como el de los ERE o los cursos de formación, en los que las irregularidades administrativas son un pecado venial.

“Le entiendo –responde–, pero sigue habiendo cosas que no acabamos de entender”. ¿Por ejemplo? “A ver. Al concurso de las minas de Aznalcóllar optamos dos empresas, la nuestra y una mexicana que se llama Minorbis-Grupo México. Desde el principio, en la Junta de Andalucía nos han dicho que competimos en igualdad de condiciones, pero no parece que sea así. Hace unos días –dice el director de Emerita– se presentó en nuestra oficina uno de los directivos de la empresa mexicana. Quería negociar y nos sugería una fusión de los dos proyectos. Le dije que no, que el grupo inversor canadiense al que represento tenía capacidad técnica, humana y financiera suficiente para optar en solitario de la explotación de las minas de Aznalcóllar”.

El director de la empresa canadiense hizo entonces una pausa, removió de nuevo los papeles del dossier que tenía preparado y se ajustó el nudo de la corbata. “A ver –dijo–, lo extraño es que ese tipo, el mexicano, cuando desechamos la idea de fusionarnos pidió hacer una llamada. Salió del despacho, cogió su móvil y pocos minutos después volvió, como si trajera una contraoferta. Pero no era eso…”. El tipo volvió, entró en el despacho de Emerita y le dijo al canadiense: “En un momento van a llamarle de la Junta de Andalucía”. Le estrechó la mano y se fue. No habían pasado ni diez minutos cuando sonó el teléfono de director de la empresa canadiense. Era un alto cargo de la dirección general de minas de la Junta de Andalucía. “Me dijo que me llamaba desde el aeropuerto; estaba a punto de salir de viaje hacia Brasil y que sólo me llamaba para ver cómo estaba, cómo iban las cosas y que el Gobierno andaluz tenía plena confianza en nuestro proyecto. Nada más. Tal y como había anticipado el directivo de la empresa mexicana, nos llamó un alto cargo de la Junta de Andalucía sólo para que tuviésemos constancia de su llamada de teléfono”.

Una juez de Sevilla ha dictaminado ahora que el concurso internacional de las minas de Aznalcóllar se resolvió “sin observar el más mínimo rigor”

Cuando acabó de decirlo, fue cuando surgió la pregunta y la respuesta posterior. “¿Qué te parece lo que nos pasa?”, fue la pregunta. “Corleone”, fue la única respuesta. Prometí silencio entonces hasta que se resolviera el concurso internacional de las minas de Aznalcóllar y, más allá, hasta que un juez se pronunciara sobre la legalidad de la adjudicación que, como era de esperar, fue a parar a manos de los mexicanos.

Minorbis-Grupo México prometía una inversión de 304,6 millones, mientras que los canadienses se comprometían a invertir 642; los mexicanos calculaban 476 empleos directos y los canadienses 892; el Grupo de México anunciaba una cifra global de negocio de 1.620 millones de euros, y los canadienses elevaban esa cifra hasta los 6.800. La diferencia abismal no retuvo a la Junta de Andalucía en su determinación. Con las convulsiones políticas de enero de 2015, Izquierda Unida salió del Gobierno andaluz y el gabinete de Susana Díaz aprovechó para adjudicarles el proyecto a Minorbis-Grupo México. Todo lo demás es conocido: los canadienses recurrieron y una juez de Sevilla ha dictaminado ahora que el concurso internacional de las minas de Aznalcóllar se resolvió “sin observar el más mínimo rigor” administrativo y legal.

El primer caso de corrupción le ha estallado a Susana Díaz como presidenta, con los mismos vicios de los procesos que afectan a sus predecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una concesión "arbitraria", sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación" y con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio", como remarca la juez Mercedes Alaya en muchos de sus autos sobre los ERE fraudulentos o los cursos de formación. “¿Qué te parece lo que nos pasa?”, preguntaron los canadienses. “Corleone”, fue la única respuesta. Prometí silencio hasta hoy.

Matacán
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