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De cómo Jesús Gil gana batallas después de muerto
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Javier Caraballo

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De cómo Jesús Gil gana batallas después de muerto

Marbella vuelve al caos urbanístico y abre la puerta a la amnistía total de las ilegalidades de la ‘era corrupta’

Foto: Desmonte por obras de uno de los emblemáticos arcos de Marbella construidos por Jesús Gil. (EFE)
Desmonte por obras de uno de los emblemáticos arcos de Marbella construidos por Jesús Gil. (EFE)

“¡Exacto! Es la victoria póstuma de Jesús Gil”, afirma enfático uno de los responsables del planeamiento urbanístico de Marbella que acaba de anular el Tribunal Supremo. Como tantos otros en Marbella, anda con pies de plomo cuando, más allá de los formalismos, se habla del urbanismo de Marbella y de la impresionante, incalculable, red de intereses de todo tipo que se oculta. “En una ocasión, tuve que levantarme de una reunión diciendo que estaba protegido por la mafia chechena, ante el acoso al que me sometían los inversores rusos en Marbella”, asegura con una sonrisa. La mafia rusa, los poderes bancarios, los famosos y los ricos, los jeques árabes, los mangantes, los poderosos bufetes de abogados… Todo aquí aparece entremezclado. Ahora, con todo el planeamiento urbanístico anulado por el Tribunal Supremo, el de Marbella y el de toda la Costa del Sol, otra vez están en el aire cientos de millones de euros. Y la sospecha es que se está urdiendo una operación de amnistía encubierta para los grandes defraudadores de la era Gil. Por eso es tan enfático, como si lo viera revolverse en la tumba: “¡Ha ganado!”

Ha sido tan contundente el varapalo del Tribunal Supremo que, desde que se conocieron las sentencias, la Junta de Andalucía, sus responsables políticos y sus técnicos, han entrado en estado de shock, noqueados, sin saber qué hacer. El urbanismo ha retrocedido a la norma de hace 30 años en la que, probablemente, sea la ciudad de Europa con más edificaciones ilegales –que, por cierto, pagan religiosamente sus impuestos-, con más órdenes de demolición ignoradas y con más movimiento económico por la especulación urbanística. Aún ahora, según acaba de confesar el alcalde, sólo en el último mes, en la ciudad se han gestado operaciones de compra-venta de terrenos por encima de los cien millones de euros. Sólo en el último mes y a pesar del caos urbanístico existente. O quizá, precisamente por eso.

Todo es tan misterioso y tan burdo a la vez como los propios orígenes del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado ahora. Tras una década de incumplimientos e impunidad, Jesús Gil sale de la Alcaldía en 2002 y es su sucesor, Julián Muñoz, el que decide hacer las paces con la Junta de Andalucía y legalizar el urbanismo de Marbella. Con la mediación de Isabel Pantoja, se reúnen en secreto en Sevilla con Chaves y Zarrías y firman un convenio para la elaboración de un nuevo PGOU, que se le adjudica al despacho de Manuel González Fustegueras. Todo ello con Juan Antonio Roca aún en Urbanismo. “Aunque no solía meterse en nada; luego supimos por qué: el hacía y deshacía sin importarle el planeamiento”, dicen en el equipo redactor del PGOU anulado. Eran tiempos convulsos y en Marbella los herederos de Gil se disputaban la herencia, con lo que primero cae Julián Muñoz, por la conspiración de algunos de sus concejales; llega Marisol Yagüe, que se derrumba con el Ayuntamiento en pleno, acosado por la corrupción; se nombra una gestora que preside un socialista y al final gana las elecciones el PP. Ocurre de todo y, entre tanto, el PGOU sigue adelante y se aprueba en 2010 con un objetivo prioritario, reordenar y regularizar las miles de viviendas ilegales que dejó Jesús Gil. ¿Amnistía o demolición?

En total, en torno a 18.000 viviendas ilegales, en su inmensa mayoría asumibles (16.500). El problema es que ni se han normalizado ni se han demolido

“No hubo amnistía en el PGOU”, dicen los redactores. “Lo que hubo fue, dentro del descomunal despropósito urbanístico de la ciudad, un intento por distinguir entre aquello que, siendo ilegal, era asimilable y aquello que no era asimilable”. En el primer caso, las ilegalidades urbanísticas ‘asimilables’ se legalizaban previa compensación del daño causado, bien con importes económicos o bien con aportación de terrenos para construir los edificios o espacios públicos que se habían hurtado. En el caso de las ilegalidades urbanísticas no ‘asimilables’, la única solución era la demolición. Por ejemplo, aquellas construcciones que invadían el espacio marítimo y que, por tanto, no podían acogerse a la compensación, porque no había compensación posible al mal causado. En total, en torno a 18.000 viviendas ilegales, en su inmensa mayoría asumibles (16.500) siempre que hubieran aceptado la compensación. El problema de Marbella es que en todos estos años no se ha hecho ni una cosa ni otra, ni se han normalizado ni se han demolido.

Uno de los ejemplos más claros es el complejo Banana Beach, donde tienen vivienda no pocos apellidos conocidos. Banana Beach está declarado por el PGOU como ilegalidad no asimilable y pide su demolición para dedicar esos terrenos a parques, jardines y zonas recreativas. Pero es que el propio Tribunal Supremo dictó hace más de dos años, en junio de 2013, una sentencia ordenando su demolición, y tampoco se ha ejecutado. Ahora, la sentencia del Supremo se queda sin sustento legal, porque se apoyaba, precisamente, y por contradictorio que parezca, en ese PGOU que el mismo tribunal ha acabado anulando. Corolario: El Banana Beach, símbolo del gilismo, puede respirar tranquilo.

Pero, ¿por qué, entonces, ha anulado el Tribunal Supremo el PGOU de Marbella? Eso es lo más misterioso de todo, que el caos espectacular que se ha generado con la anulación, troceada en tres sentencias, se sustenta en matices burocráticos sin la menor relevancia; una broma de mal gusto si se compara con lo ocurrido en la ciudad. Dos de las causas de anulación, por ejemplo, se refieren a que el PGOU carece de un “informe de sostenibilidad económica” y que no cumple “las normas de evaluación medioambiental estratégica”. “Lo llamativo es que cuando se aprobó el PGOU de Marbella ninguno de esos informes se exigía en España para la aprobación de un Plan General; se exigían otros, similares, pero no esos, ni con esos nombres. ¿Cuántos planes hay en España, de la misma fecha que el de Marbella, que no cumplen con esos requisitos, porque entonces no se exigían? ¿Se puede aplicar la legislación con carácter retroactivo? Pues eso es lo que ha ocurrido en Marbella”, afirman.

Mucho más surrealista es el motivo de anulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol occidental. Por el afán ciego y absurdo de lo políticamente correcto, la Junta de Andalucía se impuso a sí misma en 2003 la obligación de que todas las leyes y reglamentos que se aprobaran en Andalucía tenían que incluir un informe de impacto de género y acogerse al mismo. Al analizar el Plan de Ordenación de la Costa del Sol, el Tribunal Supremo observó que no se incluía el citado informe de género, un vicio que provoca la nulidad completa del Plan. ¿Qué corrección de género puede tener un texto en el que se habla de parcelas, fincas, edificaciones, zonas marítimas y espacios verdes? ¿El urbanismo es machista? Pues eso…

Jesús Gil se guiaba por dos ‘principios’ urbanísticos, expresados en reuniones y entrevistas. El primero era que “me da igual que las zonas sean verdes, azules o amarillas”. El segundo criterio era que “el hormigón tarda en fraguar sesenta días, mientras que una sentencia judicial en España tarda en llegar diez años”. Combinando esos dos ‘principios’, hizo y deshizo a su antojo sin importarle nada. “La tendencia en Marbella siempre ha sido la misma: ‘bueno, lo pasado, pasado está; vamos a mirar para adelante’. Esa ha sido siempre la corriente mayoritaria de opinión, pero ¿cómo se podía aceptar eso cuando el único perjudicado han sido los vecinos de Marbella, a los que se le ha quitado sus espacios públicos?”, dicen en el equipo redactor del PGOU anulado. Ahora, Marbella vuelve a estar en lo mismo: Lo pasado, pasado está. Cuando se apruebe, dentro de un lustro, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las viviendas ilegales de Marbella cumplirán veinte o treinta años. ¿Quién va a pagar entonces por las compensaciones? ¿Quién va a demoler nada? ¿Quién va a exigirle nada a los especuladores que se hicieron de oro? Está claro: desde la tumba, la batalla la ha ganado Gil.

“¡Exacto! Es la victoria póstuma de Jesús Gil”, afirma enfático uno de los responsables del planeamiento urbanístico de Marbella que acaba de anular el Tribunal Supremo. Como tantos otros en Marbella, anda con pies de plomo cuando, más allá de los formalismos, se habla del urbanismo de Marbella y de la impresionante, incalculable, red de intereses de todo tipo que se oculta. “En una ocasión, tuve que levantarme de una reunión diciendo que estaba protegido por la mafia chechena, ante el acoso al que me sometían los inversores rusos en Marbella”, asegura con una sonrisa. La mafia rusa, los poderes bancarios, los famosos y los ricos, los jeques árabes, los mangantes, los poderosos bufetes de abogados… Todo aquí aparece entremezclado. Ahora, con todo el planeamiento urbanístico anulado por el Tribunal Supremo, el de Marbella y el de toda la Costa del Sol, otra vez están en el aire cientos de millones de euros. Y la sospecha es que se está urdiendo una operación de amnistía encubierta para los grandes defraudadores de la era Gil. Por eso es tan enfático, como si lo viera revolverse en la tumba: “¡Ha ganado!”

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