Dimitir, una forma de corrupción

También el mismo acto de dimitir puede acabar convertido en una forma de corrupción. La renuncia falsa, impostada y cínica también puede considerarse corrupción política, porque, al final, hasta la dimisión misma acaba formando parte de un sistema podrido en el que la primera norma es aparentar normalidad y transparencia para ocultar la verdad. Aparentar para perpetuar. Se trata de difuminar el problema con dos técnicas repetidas y contrapuestas, por extensión y por reducción.

Primero se presenta la corrupción como un hecho inherente al ser humano, que existirá siempre que se trate de asuntos manejados por hombres y mujeres; porque forma parte de la sociedad, no de la clase política en exclusiva. Y, a continuación, se reduce el fenómeno a un puñado de personas, aquellas que están directamente señaladas por un juez. Pero la corrupción política, esta corrupción política, es un fenómeno mucho más amplio que lo que acaba reflejándose en los sumarios judiciales. La corrupción política en España es una forma de entender el ejercicio de la política. Es ahí donde hasta una dimisión puede ser considerada como un acto de corrupción. Como esta de Esperanza Aguirre como presidenta del Partido Popular de Madrid.

La corrupción política es un fenómeno ligado a la democracia, a la perversión interna de los partidos y a los excesos en la implantación del Estado autonómico

La corrupción política en España es un fenómeno ligado a la democracia, a la perversión interna de los partidos políticos y a los excesos en la implantación del Estado autonómico. El PSOE, a partir del referéndum de la OTAN, comenzó con el cobro de comisiones ilegales para financiar aquella extraordinaria campaña de propaganda y, desde entonces, lo que ha existido es un mismo modelo, calcado por todos los demás partidos políticos que han alcanzado cuotas considerables de poder.

Todo lo que ha venido después ha sido degeneración, pero siempre girando sobre el mismo vicio básico, la financiación extra del partido político para competir con los demás en mejores condiciones. El dopaje ilegal de la política, en esa competición en la que acaban convertidas todas las campañas electorales, es la financiación ilegal que se alcanza a través de la corrupción.

En esencia, todos los casos de corrupción reproducen el mismo esquema, los mismos personajes y los mismos delitos: el partido político que gobierna una institución comienza a cobrar a las empresas una comisión ‘en b’, dinero negro, por las obras que les adjudica. El trámite se realiza siempre a través de intermediarios, de forma que la cúpula dirigente de los partidos políticos y de los gobiernos no aparece en las transacciones. Por la mayor exposición y riesgo ante los tribunales, los intermediarios suelen ser los más beneficiados, directa y personalmente, por el trabajo que realizan. Cuando les pilla la Policía, por un chivatazo o por un desliz, el partido al que estaban ligados se desentiende de ellos y los presenta como únicos responsables: “Cosa de tres sinvergüenzas”.

En la corrupción que se está destapando en el Partido Popular, se pueden encontrar desde hace mucho tiempo elementos suficientes para pensar en la organización sistemática de una trama de corrupción para financiar al partido. En cuatro comunidades, Castilla y León, Madrid, Valencia y Baleares, los investigadores de la Guardia Civil o de la Policía han localizado a distintos intermediarios que desarrollaban una intensa actividad para financiar al partido, fundamentalmente Daniel Mercado, a través de Over Marketing Comunicación, y Francisco Correa, a través de Orange Market y las demás empresas del ‘grupo Gürtel’. ¿Podrían haber desarrollado esos intermediarios su labor sin el amparo y el respaldo del Partido Popular y de sus respectivos gobiernos, locales y autonómicos, en esas regiones?

La respuesta es evidente, de Perogrullo se diría, porque lo que todos podemos intuir es algo tan básico como que nadie paga a cambio de nada: se paga a cambio de un favor político; se paga por una concesión o por una recalificación. Es el dinero de la ‘caja b’ que usan los partidos para financiar gastos derivados del funcionamiento ordinario de sus aparatos, para pagar sobresueldos de sus altos cargos, o para afrontar las campañas electorales en mejores condiciones.

La corrupción política en España no comenzará a erradicarse hasta que los partidos políticos implicados reconozcan el vicio de origen: la financiación ilegal

¿Y viene ahora Esperanza Aguirre con la dimisión 'in vigilando', haciendo otra vez uso del manido recurso de que la corrupción política, esta corrupción de la que hablamos, esta corrupción que afecta al Partido Popular en cuatro regiones, es "cosa de tres sinvergüenzas”? La corrupción política en España, habrá que remarcarlo una vez más, no comenzará a erradicarse hasta que los partidos políticos implicados reconozcan el vicio de origen: la financiación ilegal. De ahí se deriva todo lo demás, incluidos ‘los sinvergüenzas’ señalados por la justicia que formaban parte de un engranaje.

No admitirlo así, solo conduce al disimulo de la corrupción existente. Por eso, una dimisión exculpatoria de sí misma, como la que acaba de protagonizar Esperanza Aguirre, debe considerarse también una forma de corrupción política. La corrupción política, esta corrupción que afecta a España, es mucho más amplia que la que aparece en los sumarios; “la corrupción política es también corrupción de las conciencias”, como dejó dicho un gallego al que siempre vuelvo en estas cosas, Xosé Alvilares Moure. Fue sacerdote, fue filósofo, fue escritor. Murió a finales del pasado año sin que la corrupción contra la que se sublevó en Lugo hubiera hecho otra cosa que consolidarse en toda la España democrática.