Es un hecho comúnmente aceptado en España que la Justicia no funciona. “La Justicia es un cachondeo”, se repite desde que lo dijo, por primera vez, el que entonces era alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, quien ahora, por cierto, está en la cárcel. Lo que ocurre es que si la Justicia en España es un cachondeo no es por las razones que esgrimía Pacheco, que sólo tenían que ver con los reveses judiciales que se llevó el alcalde jerezano cuando se empeñó en derribar un chalé que tenía Bertín Osborne en la ciudad, una de esas ‘medidas ejemplarizantes’ a las que recurren los políticos muchas veces para afirmar su autoridad o imponer una política.

La Justicia española es un cachondeo, y así lo asume todo el mundo porque no funciona correctamente, no por criterios de oportunidad política dependiendo de si las sentencias convienen o no a los intereses de un partido político. La Justicia es un cachondeo porque es lenta e ineficiente, y eso es lo que acaba de demostrar quien mejor la puede conocer por dentro, un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Francisco Gutiérrez, en una tesis doctoral que, sin duda alguna, supone el mejor ensayo sobre el funcionamiento de la Justicia en España.

Tanto es así que uno de los hallazgos de esta tesis doctoral es algo tan elemental como que en España no existen estadísticas fiables sobre la realidad de la Justicia, con lo que cualquier medida política, cualquier remedio que se quiera aplicar a los males de la Justicia, siempre nacerán viciados de origen. Según el magistrado sevillano, las estadísticas del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no coinciden. Son más fiables las del CGPJ que las del Ministerio de Justicia, que las maquilla. Ocurrió en una ocasión, incluso, que el ‘error’ del Ministerio de Justicia fue tan grosero que incluyó en la nómina de jueces a los secretarios judiciales, con lo que en España salían 20 jueces por cada 100.000 habitantes. Dos años después, cuando el Gobierno español volvió a enviar la estadística judicial al Consejo de Europa, corrigieron el error y la proporción quedó en 10 jueces por cada 100.000 habitantes.

No debe ser ajeno a este despropósito el modelo de Estado en España y la parcelación de la Justicia, como otras ramas del gobierno, entre varias administraciones e instituciones que se reparten sus competencias. “La dirección de los medios materiales y personales están distribuidas entre el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y, de forma residual, en la Fiscalía General del Estado”. Esta dispersión puede ser fundamental para llegar a la primera conclusión sorprendente de la tesis doctoral del magistrado Francisco Gutiérrez: la Justicia no funciona mal en España porque se invierta poco; de hecho, cuando más se ha invertido, peor ha ido. 

“La creación entre 2004 y 2013 de las plazas de jueces y fiscales en las CC.AA no obedeció a criterios objetivos relacionados con la carga de trabajo”

Después de analizar las estadísticas sobre el funcionamiento de la Justicia en España durante diez años, tanto en inversión como en funcionamiento y desde 2003 hasta 2014, el magistrado Francisco Gutiérrez llega a esta conclusión: “No se advierte relación causa-efecto entre la inversión económica y el funcionamiento de la Administración de Justicia en España. Los años en que su funcionamiento fue más deficiente, 2008-2010, coincidió con aquellos en los que se invirtió más dinero en el sistema judicial”. Cuando se presentó un avance de la tesis del magistrado sevillano en el último Congreso del Foro Judicial Independiente, al que pertenece Francisco Gutiérrez, el presidente de esta asociación judicial, Conrado Gallardo, destacó que, con este trabajo, se demuestra que “el problema es que se ha gastado en objetivos equivocados: Se ha gastado mucho agua para apagar el fuego pero se ha apuntado la manguera donde no estaba el fuego”.

El problema, en definitiva, se llama otra vez despilfarro, que unido al reparto de competencias con criterios dispares de inversión explica la desquiciante conclusión de antes, que se haya llegado al extremo de que el mayor gasto se traducía en mayor ineficacia. Una circunstancia a tener muy en cuenta cuando de lo que se está hablando es de una inversión anual en la Administración de Justicia en toda España que en 2004 ascendió a 2.241.890.676 de euros y en el año 2013 a 3.571.556.993 de euros, un incremento nada despreciable en esa década del 59,31%. En porcentaje de PIB nacional, el presupuesto en Justicia representaba el 0,27% en 2004 y el 0,35% en 2013.

¿Por qué, entonces, se gasta tan mal ese dinero en la Justicia? Ya se decía antes que, a juicio de la tesis, una de las causas es la disparidad de criterios a la hora tanto de organizar la administración de Justicia como de realizar las inversiones, sobre todo cuando se compara lo que ocurre en las comunidades autónomas. En esta tesis doctoral se llega a la conclusión, incluso, de que “la creación entre 2004 y 2013 de las plazas de jueces y fiscales en las comunidades autónomas no obedeció a criterios objetivos relacionados con la carga de trabajo”. ¿A qué criterios obedeció entonces? ¿A criterios de interés político?

Lo que queda fuera de toda duda, a tenor de los datos que se incluyen, es que lo que no ha conseguido la inversión en Justicia en España es disminuir ni la litigiosidad, que es mayor que en la media europea, ni, en consecuencia, el número de asuntos que recae sobre cada uno de los que componen el sistema judicial. En el caso de los jueces, en 2004 cada juez resolvió 1.806 asuntos y 1.703 en 2013, con un pico de 1.892 en 2009. Estas cantidades de asuntos resueltos por cada juez se superan aún en algunas comunidades autónomas, como Valencia (2.266), Andalucía (2.264), Madrid (2.223) y Murcia (2.088) . El magistrado sevillano Francisco Gutiérrez López concluye con la evidencia de que “existe una intensa correlación entre la eficacia del sistema judicial y la planta judicial, que es insuficiente para afrontar la carga de trabajo que soportan los juzgados y tribunales españoles, como constata que el 76,36% de los órganos judiciales de España superan el 100% de la entrada de asuntos fijada por el Consejo General del Poder Judicial”.

“La comparación con Europa permite alcanzar conclusiones como que los países ricos gastan menos en Justicia, tienen menos jueces y menos litigios"

¿La Justicia es un cachondeo? El funcionamiento de la Justicia en España es un cachondeo porque la disparidad de criterios, la ausencia de objetivos comunes, el colapso persistente y el deterioro generalizado provoca la insatisfacción de todos, de quienes la administran desde los juzgados, de quienes la sufren como trabajadores, y de quienes la padecen como ciudadanos. Y en esta tesis del magistrado Francisco Gutiérrez, quizá el primer gran ‘libro blanco’ de la Justicia en España, se plasma esa caótica realidad, gráfico a gráfico, que abarca mucho más allá de la propia Justicia. “La comparación con Europa permite alcanzar conclusiones muy curiosas, como que los países ricos gastan menos en Justicia, tienen menos jueces y menos litigios. Eso es sociología o modelo de país: un Estado bien organizado necesita menos Justicia. En España, en sentido contrario, se usa la Justicia como remedio ante el fracaso generalizado de la administración y la sociedad. Esa sería la conclusión final”.