Otro caso que empieza a desinflarse: el descontrol de las subvenciones en Andalucía

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, la magistrada Beatriz González, ha dictado el sobreseimiento provisional de una de las investigaciones que se siguen por el descontrol de las subvenciones públicas por parte de la Junta de Andalucía con un criterio judicial que, de extenderse a otros autos y sentencias, puede suponer el archivo en cadena de los numerosos procesos que existen por este motivo. Sostiene la juez en el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso El Confidencial, que aunque esté demostrado que la subvención se otorgó, que el dinero se entregó y que nunca llegó a justificarse, con lo que pudo dedicarse a cualquier otra cosa, no es constitutivo de delito; todo lo más puede exigirse alguna responsabilidad administrativa o un reproche político por la caótica gestión del Gobierno andaluz en estos asuntos.

El conocimiento de este caso supuso en su día un escándalo notable porque, dentro del marasmo de asuntos que afectan a la Junta de Andalucía, algunos adquieren especial relevancia, como este, por los actores que concurren en el proceso: el dinero presuntamente malversado estaba destinado a la asistencia e integración de los enfermos mentales. El informe que elaboró la Guardia Civil, y que concluyó a principios del año pasado, no arrojaba duda alguna sobre el descontrol: “Nunca se ha justificado ni un solo euro”, decía tajante. 

El esquema administrativo y el ‘modus operandi’ de este caso eran idénticos a muchos otros, de ahí la relevancia de este sobreseimiento. La Consejería de Empleo y una de las múltiples fundaciones que dependen de la Junta de Andalucía, en esta ocasión la Fundación Andaluza para la Integración Social de Enfermos Mentales, otorgaba subvenciones sin control ninguno, de forma que pese a los requerimientos legales el dinero se entregaba y nunca se justificaba el uso de los fondos. Las subvenciones que hicieron saltar todas las alarmas fueron las que se destinaron a la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales San Juan Grande de Carmona, en la provincia de Sevilla, de más de un millón de euros.

En su informe, la Guardia Civil entendía que no se trataba de una mera cuestión de mala gestión por parte de la Consejería de Empleo y de las fundaciones de la Junta de Andalucía, sino que se podía considerar la existencia de una ‘trama de subvenciones’ que, conscientemente, dejaba pasar los plazos en los expedientes de reintegro que se iniciaban cada vez que no se justificaba una subvención para que, de esta forma, nunca se llegase a reclamar el dinero y la entidad afectada no perdiese la consideración de ‘subvencionable’, como ocurriría en virtud de la Ley General de Subvenciones.

La persona que resultó imputada (ahora investigada, según la nueva terminología de los procesos penales) era un viejo conocido de los juzgados, Antonio Rivas, exdelegado de Empleo y exdirector general del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla, implicado en otros muchos escándalos, entre ellos el macrofraude de los ERE o el ‘caso Mercasevilla’, origen de todo, en el que llegó a ser condenado en primera instancia y absuelto posteriormente por falta de pruebas. En este sumario, a Rivas se le imputaba un delito de falsificación de documentos públicos. Junto con él, estaban procesadas otras tres personas, altos cargos de la Administración andaluza, por malversación de fondos públicos. De forma paralela, al estallar el escándalo, la Junta de Andalucía comenzó a solicitar el reintegro de las subvenciones que no se habían justificado, o que se habían destinado a otros fines, como ha hecho en otros procedimientos.

La novedad en el sobreseimiento dictado por la juez Beatriz González está en el argumento utilizado: tiene claro que no se saben a dónde fue a parar todo el dinero, pero no lo considera delito. Dice literalmente: “No puede considerarse que ni el hecho de aprobar la concesión de una subvención o incluso el desembolso de la misma sin que se haya completado el trámite de justificación o de reintegro de otras subvenciones concedidas al mismo beneficiario, ni el hecho de dejar caducar el trámite de reintegro, son por sí mismos constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos; ni de ningún otro, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o política que pueda exigirse a los funcionarios y autoridades a las que corresponde extremar la diligencia en la vigilancia del dinero y los bienes públicos”.

Si los jueces consideran que lo esencial es que las subvenciones se hayan entregado a quien iban destinadas, los macroprocesos se verán reducidos

La clave de todo está, a juicio de esta magistrada, en el artículo 432 del Código Penal, que regula la malversación y “que requiere como elemento constitutivo del tipo la concurrencia de ánimo de lucro propio del funcionario autoridad o de un tercero, no resultando en las presentes que ninguna de las personas investigadas se haya beneficiado en forma alguna de la concesión de las subvenciones”. De hecho, en contra de lo que se afirmó inicialmente, a raíz de la filtración del informe de la Guardia Civil, el dinero fue a parar a la Asociación de Enfermos Mentales de San Juan Grande, aunque posteriormente no lo justificara. Por eso, dice la juez que tampoco tiene relevancia penal la supuesta falsificación de documentos públicos porque se ha acreditado que el dinero se le entregó a la asociación “y ello –añade- con independencia de que en el seno de dicha asociación se hubieran podido producir irregularidades en relación con el destino efectivamente dado a los fondos, cuestión esta que es totalmente ajena a las presentes diligencias”.

A raíz de este auto de sobreseimiento, la duda que se extiende es a cuántos procesos judiciales de los que se siguen por el descontrol de las subvenciones entregadas podría aplicársele el mismo criterio judicial. ¿Qué pasa con el resto de subvenciones, por ejemplo en el escándalo de los sindicatos, a los que se exige el reintegro por no haberse justificado en su día? ¿Pasaría lo mismo con los cursos de formación, si se acredita que se impartieron? ¿Y con el fraude de los ERE, qué pasa si como ya sostienen algunas defensas no se está teniendo en cuenta que el 90% del dinero supuestamente defraudado está en manos de miles de trabajadores prejubilados, a los que nadie cuestiona penalmente?

Es decir, si los jueces consideran que lo esencial es que el dinero de las subvenciones se haya entregado a quien iba destinado, aunque no se justifique, los macroprocesos contra la Junta de Andalucía pueden quedar reducidos a una décima parte en el volumen inicial del fraude cometido. Como dice la juez Beatriz González, se trataría, entonces, de asuntos que pueden ser escandalosos en el debate político, que incluso podrían tener algún recorrido en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero que carecen de relevancia penal.