Sosa Wagner: “El Poder Judicial en España no ha sido independiente ni con Franco ni ahora”

A Francisco Sosa Wagner se le conoce en España, sobre todo, por su fugaz, exitoso y catastrófico paso por la primera línea de la política como europarlamentario de UPyD, pero su esencia estaba en otra parte. Sosa Wagner es, sobre todo, catedrático de Derecho Administrativo en León, profesor, por cierto, de Rodríguez Zapatero en su tiempo de universidad, y, por encima de eso, siempre ha tenido una gran vocación ensayística. A ella vuelve ahora con un análisis profundo de la Justicia en España (‘La independencia del juez: ¿una fábula?') para acabar certificando que, en realidad, no es que Montesquieu haya muerto hace tiempo -en célebre expresión que se atribuye a Alfonso Guerra, aunque él siempre lo ha negado-, sino que en realidad Montesquieu nunca llegó a nacer.

PREGUNTA. A ver, para empezar, lo que usted sostiene es que la primera equivocación es medir la independencia en función de la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

RESPUESTA. Ese es un disparo absolutamente equivocado, sí. El problema no está ahí, sino en la capacidad que tiene ese Consejo para elegir de forma discrecional a la élite judicial española para poder controlarla. Hablamos de la elección discrecional del Tribunal Supremo, de los presidentes de sala y de secciones, los de tribunales superiores autonómicos, presidentes de Audiencias provinciales… Ahí está el problema y, por eso, lo que sostengo es que hay que sustituir esos ascensos discrecionales por un sistema de ascensos reglados dentro de la carrera judicial. Para hacer eso, que supondría un cambio revolucionario en la Justicia española, solo hace falta cambiar un decreto del propio Consejo General del Poder Judicial.

P. Tan discrecional es el sistema de ascensos que, de hecho, la propia Justicia acaba anulando muchos de ellos.

R. Exacto. Al principio, el Supremo se lavaba las manos cuando le llegaban este tipo de pleitos, y decía que era algo discrecional del Consejo, pero desde hace quince años entra en el fondo de la cuestión y anula muchísimos cuando estima que son mayores los méritos de alguno de los que aspiraban a una plaza y se quedan fuera. El último ascenso que se ha anulado, hace unos días, ha sido el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Es decir, que de alguna forma ya se está admitiendo dentro de la propia Justicia que el concurso es el sistema que debe imponerse. ¿No es mejor regularlo como tal y evitar este despropósito?

Hay que acabar con la puerta giratoria de la magistratura a la política, tan pronto tienen toga y puñetas como disfraz de ministro

P. Ya, pero ¿por qué se iba a hacer el harakiri ese Consejo, renunciando a esa potestad, si en el fondo lo que ocurre es que de forma premeditada el Poder Legislativo se ha adueñado del Judicial, controlando la designación de los miembros de ese Consejo?

R. Pues claro, el Poder Judicial, con mayúsculas, no ha sido independiente jamás. Con Primo de Rivera ya se creó un órgano similar al Consejo General y Franco hizo lo mismo. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta hoy, ni un solo día ha sido independiente la Justicia en España por lo que usted acaba de decir, que el Poder Legislativo interviene en el Poder Judicial. Pero es que, por otra parte, ¿cómo no va a intervenir, si el presupuesto del Poder Judicial se aprueba en las Cortes? Por eso digo que el error está en hablar enfáticamente de un Poder Judicial independiente, porque nunca lo ha sido; garanticemos la independencia individual de cada juez, ya sea el de Astorga, de Sevilla o de Valencia. Y para eso su carrera no puede estar sometida a la discrecionalidad política. Eso es lo esencial.

P. Pues yo le insisto que ni el Consejo General del Poder Judicial ni las actuales asociaciones judiciales mayoritarias ni, por supuesto, los partidos políticos van a luchar contra sí mismos…

R. De eso no me cabe la menor duda. Pero por lo menos que tengamos claro que cuando se hacen propuestas para una supuesta ‘despolitización de la Justicia’ se están ofreciendo reclamos que no conducen a ninguna parte.

P. También es usted muy crítico en su libro con la participación de jueces y magistrados en política. Una puerta giratoria más, digamos.

R. Absolutamente, es que hay que acabar con eso. Tan pronto se ponen la toga con puñetas como se la quitan y se ponen el disfraz de diputado o de ministro, y luego se vuelven a poner la toga. Ese vaivén ha perjudicado muchísimo a la Justicia y contribuye a su politización extrema. Lo mismo que habría que acabar con la designación por parte de los parlamentos regionales de magistrados que van a parar justo a las salas que van a conocer las causas contra los políticos aforados de esas regiones. Eso, en fin, tiene muy mala pinta…

“Es fundamental despolitizar el Tribunal Constitucional y, sobre todo, sacarlo de Madrid, a una ciudad machadiana, una ciudad sin AVE”

P. ¿La politización de la Justicia ha tenido alguna influencia en la lucha contra la corrupción?

R. Yo no lo afirmaría así; creo que, a pesar de todo, los jueces han actuado de forma correcta contra la corrupción, aun sin los medios adecuados. Que el sistema esté politizado no equivale a que lo estén todos los funcionarios judiciales.

P. Bueno, hay un ejemplo que usted citaba antes que demuestra lo contrario. Los aforamientos están diseñados para proteger a la clase política de las denuncias…

R. Claro, claro, pero esa es otra cuestión. Esa es una perversión clara y por eso el aforamiento en España es tan exagerado, desproporcionado, y hay que suprimirlo porque es clamoroso. Lo único que demuestra tanta obsesión por el aforamiento es que el político lo que busca para sí es una justicia distinta a la del ciudadano de a pie, una justicia a medida de la clase política. Dicho sea todo esto sin que vaya en detrimento de la calidad profesional de muchísimos de esos magistrados, con un prestigio más que contrastado. Por eso digo que lo que no puede permitirse es que a esos jueces y magistrados se les someta a la humillación de pasar por las horcas caudinas de los acuerdos embolismáticos de las asociaciones judiciales. Asociaciones judiciales, por cierto, en las que no están la mitad de los jueces y magistrados.

P. El Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial pero ahí sí que la politización es absoluta. ¿No es perjudicial eso en una España tan convulsa?

R. Pues la solución es la misma: sin tocar la Constitución, podemos conseguir que se designe a los miembros del Constitucional a partir de una oferta general a todos los magistrados que cumplan los requisitos exigidos. Y de ese total, una comisión parlamentaria analiza las solicitudes y elige a los mejores. Luego, como ocurre en otros países, se someten a un examen en el Parlamento y, cuando lo superen, se inscriben en una bolsa de la que irán saliendo por sorteo una vez que haya plazas libres en el Tribunal Constitucional. Y junto a eso, algo que considero fundamental: hay que sacar el Tribunal Constitucional de Madrid y llevarlo a una ciudad machadiana como Soria, como Baeza; una ciudad sin AVE, con obispo pero sin AVE. Cuanto más alejado esté del mundo político, mejor, como ocurre en Alemania.