Granada, zona cero. La corrupción pervertida

Pongamos que se trata de Granada. Una mañana, en un despacho del Partido Popular se decide utilizar unas diligencias judiciales abiertas contra el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, para resolver algunas batallas internas que están pendientes desde hace años. El despacho es del PP y el alcalde es del mismo partido. Sí, nada nuevo en el horizonte político; se trata de disputas de poder que enfrentan dentro de una misma formación a sus líderes, los que están al frente del partido y los que están en las instituciones. Es un común denominador que las guerras internas en la política, las guerras de poder, son las más sucias que se conocen; no hay principios ni moral, nada que pueda frenar una buena oportunidad para desbancar al adversario. Una enfermedad, por ejemplo. Qué mejor que aprovechar una enfermedad grave para plantear un jaque mate, como en el ajedrez. Es lo que pasó en Granada cuando el alcalde Torres Hurtado se derrumbó una mañana, hace dos años, abatido por un infarto cerebral. Todavía lo recuerdan con indignación los que no daban crédito a los empujones que se producían, con el alcalde en la UCI, para que los médicos que lo atendían firmaran un informe para su futura incapacitación. Pero el alcalde se repuso del infarto cerebral, regresó a su despacho y volvió a ganar las elecciones municipales.

Si pretendieron utilizar a los médicos, ¿no van a ser capaces de utilizar a la Policía? Esa es la pregunta que se hacen algunos en Granada y a la que responden con la secuencia vivida en las últimas semanas y que, esta vez sí, ha conseguido tumbar al alcalde Torres Hurtado en la lona. Esto sucedió en una semana. El martes 12 de abril, Torres Hurtado se paseó junto a otros alcaldes andaluces por la Feria de Sevilla, invitado por el anfitrión hispalense, el alcalde socialista Juan Espadas. La siguiente foto que se publicó de Torres Hurtado fue a primeras horas del miércoles 13 de abril. Un fuerte dispositivo de policía acordonó la calle en la que vive, la cortó al tráfico, y una decena de agentes entró en su casa a detenerlo. Otros tantos policías montaban guardia en la calle. ¿Qué había ocurrido entre un día y otro, en menos de 24 horas, para que la policía lo acorralase en su casa, como si lo hubieran sorprendido tras un largo tiempo en búsqueda y captura?

La respuesta la ofreció el jueves 14 de abril la propia Fiscalía General del Estado a través de un comunicado del que no se tienen precedentes por la descalificación que hizo de los métodos empleados por la Policía en la detención de Torres Hurtado. Resulta que ni la juez que lleva el caso ni la Fiscalía de Granada, que es de la que parte toda la investigación sobre las supuestas irregularidades urbanísticas, habían ordenado la detención del alcalde. Fue la propia Policía la que decidió montar aquel dispositivo espectacular, a pesar incluso de que la Fiscalía no lo consideraba justificado de acuerdo a las investigaciones. “Las detenciones se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma (…) El estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”, decía la Fiscalía General del Estado.

La propia Fiscalía no consideró necesaria la detención de Torres Hurtado, montada como un espectáculo por parte de la Policía, que dio carnaza a los medios

Por supuesto, la detención fue filtrada a la prensa antes de producirse con lo que todos los medios pudieron tener fotos del momento. “Tranquilos, que habrá fotos para todos”, le oyeron decir a uno de los policías cuando los periodistas se agolparon junto al portal del bloque de pisos en el que vive el alcalde. Ahora bien, ¿y qué interés existía en la Policía en la detención pública del alcalde cuando nadie lo había pedido y la Fiscalía lo desaconsejaba? ¿La Policía no depende del Ministerio del Interior, es decir de un ministro del PP al igual que el alcalde Torres Hurtado? Pues eso.

La cuestión es que a partir del miércoles 13 de abril, en los cinco días restantes, las preguntas sobre el proceso judicial, ya fuera sobre los hechos investigados o sobre los métodos de la Policía, ya no interesaban porque la dinámica que se había abierto era otra bien distinta: el uso político de la corrupción. A partir de la foto del alcalde rodeado de policías en la puerta de su casa, todo fueron cálculos para el aprovechamiento político de lo sucedido. En el Partido Popular, solo se pensaba en el sacrificio de Torres Hurtado para sentar en la Alcaldía a un rival directo del alcalde, de su mismo partido, y, de paso, aprovechar su cabeza como señal de su “determinación implacable en la lucha contra la corrupción”. También había un cálculo político en Ciudadanos, el partido que sostenía al alcalde en el cargo y que se sentía engañado porque, según dicen, el PP se había comprometido, en un pacto secreto, a que Torres Hurtado dimitiría a los cuatro meses de tomar posesión. Y no lo hizo. Esta era la oportunidad de hacerle pagar el engaño. Igual ocurrió en el PSOE andaluz, que perdió esa Alcaldía hace 13 años y no había podido recuperarla. Hasta ahora, esta era la oportunidad; ya la ha vuelto a conseguir y gobernará en minoría con solo ochode los 27 concejales de la Corporación.

Al ya exalcalde le habían intentado mover la silla desde su propio partido a raíz de un infarto cerebral. Ahora lo han conseguido aunque no como esperaban

El viernes 15 de abril, Torres Hurtado convocó una rueda de prensa para afirmar su inocencia y denunciar “el atropello” al que había sido sometido por parte de la Policía al detenerle en su domicilio sin que lo hubieran solicitado ni la juez ni la Fiscalía. En esa misma rueda de prensa, negó que fuera a presentar la dimisión. También la Policía hizo un comunicado, respondiendo a la Fiscalía, en el que se decía que “todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley y la Constitución, velando escrupulosamente por los derechos de los detenidos, por el tiempo mínimo indispensable para la realización de las averiguaciones y trámites oportunos, y comunicándose a la autoridad judicial”. El Partido Popular, por su parte, no modificó su actitud y le dio 48 horas al alcalde para que presentara su dimisión. Ni siquiera pesó la experiencia de que un año antes, en abril de 2015, quien estaba imputado era el que ahora es alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, porque acusó al entonces regidor, Torres Hurtado, de varios delitos urbanísticos y, cuando se archivó su denuncia, le devolvieron la querella en forma de denuncia falsa. Al final, las dos quedaron en nada.

El lunes 18 de abril, seis días después de que el alcalde de Granada estuviera paseándose por la Feria de Sevilla con sus otros colegas andaluces, presentó la dimisión. Ni siquiera había acudido a declarar ante el juez (a pesar de la detención ‘exprés’, Torres Hurtado ha sido citado a declarar ante el juez el 12 de mayo) y ya había dimitido. Al final, claudicó ante su propio partido con la única condición de que también fuera sacrificado su principal rival en el partido, el presidente provincial, Sebastián Pérez, que estaba llamado a sustituirle. El PP de Granada estaba ya, formalmente, destrozado. “Quisieron realizar una explosión controlada para dinamitar solo al alcalde y al final ha saltado todo el partido por los aires”, dicen en el PP granadino. ‘Granada Zona Cero’, que se diría.

Dos semanas después, el jueves 5 de mayo, ya había en Granada un alcalde del PSOE porque, como dijo el portavoz de este partido en Andalucía, Mario Jiménez, “hacía falta un cambio en la Alcaldía, después de 13 años con el mismo alcalde”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que apoyó el cambio de Alcaldía, volvió a utilizar ese día en Twiter la foto de la detención como justificación principal de lo ocurrido. Y decía: “Una imagen vale más que mil palabras”. ¿A eso se ha llegado? ¿Ese es el Estado de derecho? ¿Cómo que una imagen vale más que mil palabras cuando se habla de delitos penales?

La Policía monta una detención que no ha sido solicitada ni por el juez ni por la fiscalía, y ya se convierte en condena pública del detenido sin que ni siquiera haya acudido a declarar ante el juez. Si la Policía, en vez de detenerlo en su casa, lo hubiera llamado a declarar a la Comisaría o al juzgado, no habría foto. Pero la foto se produjo y, sobre ella, se construyó todo lo demás. ¿Es eso? Porque si es eso, en España hay algo peor que la corrupción, algo por lo que tendríamos que preocuparnos más todavía;es este juego sucio de la política, inmoral, inquisitivo, abominable, que se disfraza de lucha contra la corrupción. El resultado de la lucha contra la corrupción política no puede ser nunca la aniquilación del Estado de derecho.