Caso ERE, el PSOE pasa de responsable a víctima

Con la inminencia de los banquillos, el PSOE ha vuelto a cambiar su versión de defensa de los fraudes cometidos por las ayudas millonarias que ha repartido desde la Junta de Andalucía durante una década, y, gracias a una pirueta mágica que sólo permite el derecho penal, los dirigentes socialistas han pasado a presentarse como una víctima más de los escándalos. Con este último paso, que se mantendrá ya hasta la propia vista oral, los dirigentes socialistas cierran un círculo de exculpación que ha pasado desde la negación inicial de lo sucedido a la actual conversión en la que aparecen como los principales afectados por el fraude cometido.

Entre una y otra, en un periodo intermedio, ha habido momentos de diferencias en las interpretaciones que, finalmente, se han resuelto con la uniformidad de criterio de la que ha hecho gala el PSOE en cada ocasión que lo ha necesitado por algún apuro judicial. Uniformidad de criterio estricta, militar, en la que en todos los rincones de España se repetirá la misma versión: “Chaves y Griñán son dos personas honestas, que no se han llevado ni un céntimo, no tienen dinero en paraísos fiscales, y el fraude, si ha existido, ha sido contra la Junta de Andalucía”.

La primera de todas las versiones, o explicaciones, que se ofreció desde la Junta de Andalucía cuando estalló el fraude en los tribunales fue la negación misma de lo sucedido. “Es algo de poca sustancia”, dijo en febrero de 2011 la que entonces era consejera y portavoz del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno. Más o menos por la misma fecha, la propia Moreno, que también fue presidenta del Parlamento andaluz y durante bastante tiempo la ‘tapada’ de Zapatero para suceder a Chaves en la presidencia de la Junta de Andalucía, recriminaba a la oposición por insistir en el escándalo. “Han pinchado en hueso”, decía.

¿Cómo era posible que se pudiera disponer de dinero público con tanta facilidad y sin dar cuenta de nada? Ese es el verdadero 'leitmotiv' de la investigación

Otras veces, redujo el alcance a “tres o cuatro pillos”, cuando se iban conociendo los casos de prejubilados en empresas en las que jamás habían trabajado. Pero nunca se consideró que el escándalo pudiera ir más allá ni que, por supuesto, pudiera afecta a ningún dirigente político. “El chicle no se puede estirar más”, dijo la misma portavoz, a pesar de que ya eran de dominio público algunas escenas grotescas de la trama de los ERE, como las del entonces director general de Empleo, Javier Guerrero, cuando se iba de putas y cocaína con dinero de esos fondos. Lo contó ante la jueza Alaya, en marzo de 2012, su chófer, Juan Francisco Trujillo: hasta 25.000 euros al mes habían llegado a gastarse con dinero de las ayudas públicas. ¿Y el comisionista, Juan Lanzas, el que tenía “dinero para asar una vaca”, según contaron sus padres a los agentes de la Guardia Civil? Esos eran, según la versión del PSOE de entonces, los “cuatro golfos” a los que se limitaba el escándalo de los ERE, pero a nadie más.

Ocurría, sin embargo, que la trama de los ERE seguía creciendo y, a partir de los detalles más groseros, como los anteriores, en el esquema judicial piramidal que dibujó la jueza Alaya aparecía una estructura jerarquizada en la que los “cuatro golfos” eran una consecuencia; ni la causa, ni el origen ni la explicación de todo. ¿Cómo era posible que se pudiera disponer de dinero público con tanta facilidad y sin dar cuenta de nada? Ese es el verdadero 'leitmotiv' de la investigación de los ERE y, cuando se comenzó a responder la pregunta, lo que surgieron fueron nombres que completaban los estratos de responsabilidad en la trama.

La discrecionalidad en el uso de los fondos públicos lo mismo sirve para comprar cocaína que para acallar las protestas laborales que afectaban a Chaves

Es decir, el problema de fondo es el descontrol y la opacidad: la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos lo mismo sirve para comprar cocaína que para que Chaves acallara las protestas laborales que le afectaban en campañas electorales, como ocurrió con los trabajadores de Bilore en marzo de 2004, elecciones generales y andaluzas. En un mitin en Córdoba, le salen al paso los trabajadores de una empresa en crisis, Bilore, y desde Presidencia de la Junta se resuelve el conflicto con una simple nota: “En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer”. Esa es la nota que le mandaron a Francisco Javier Guerrero y actuó en consecuencia. Problema solucionado.

Cuando la investigación policial se adentró en esa fase y comenzaron a desfilar como imputados altos cargos de la Junta de Andalucía, es cuando aparecen las divergencias en las defensas. Entre Chaves y Griñán, por ejemplo, fueron muy evidentes. Chaves nunca se ha apartado del argumentario de manual: “Conocí los hechos por la prensa”, dijo siguiendo el clásico que ya empleó antes Felipe González con Filesa. Griñán, sin embargo, admitió que se había producido un “gran fraude”, aunque descargó la responsabilidad en otros. Incluso, cuando declaró ante el Tribunal Supremo, llegó a decir que lo que ocurrió en la Junta de Andalucía con las ayudas a empresas fue “una barbaridad”, y que “todas esas ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política e incluso penal”.

De cuatro golfos a dos víctimas inocentes. El círculo de la exculpación se ha cerrado

Nada de eso aparece ahora en las versiones ni aparecerá. Tanto en los cursos de formación como en el escándalo de los ERE, la nueva línea de defensa lo que establecerá es que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas era legal y que, por tanto, si ha habido fraude, los primeros perjudicados ha sido la Junta de Andalucía y sus responsables, como Chaves y Griñán. Uno de los imputados en los ERE, el abogado Carlos Leal, es el que abrió la defensa penal de la legalidad de las ayudas concedidas, y el PSOE se ha sumado ahora a esa tesis para su exculpación política. “Si hubo fraude, sería contra la Administración”, como dijo el pasado lunes Griñán en la comisión de investigación de los cursos de formación, muy lejos de sus versiones anteriores. “Si ha habido fraude, ha sido muy pequeño y contra la Junta de Andalucía”, añadió Chaves.

A partir de ahí, una vez sentado eso, a la versión definitiva solo le queda un añadido, “el calvario judicial” que están padeciendo los expresidentes andaluces. Lo dijo ayer Antonio Hernando y la misma versión se repetirá hasta la saciedad: “Tanto Chaves como Griñán son personas que no se han llevado ni un euro, ni un céntimo de euro. No tienen cuentas en paraísos fiscales, ni han recibido sobres, ni sobresueldos. Son personas honradas y honestas”. Más aún: además de honestos, buenos gobernantes. “La gestión ha sido positiva, razonable, útil y eficaz”, como dice Chaves de los gobiernos socialistas andaluces. En definitiva, de cuatro golfos a dos víctimas inocentes. El círculo de la exculpación se ha cerrado.