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Los asesinos de la clase media
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Javier Caraballo

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Los asesinos de la clase media

¿Por qué ‘lo establecido’ en España es la protección del más poderoso frente al interés de miles o millones de ciudadanos puteados con la crisis?

Foto: Un grupo de personas hace cola frente a una oficina de empleo. (EFE)
Un grupo de personas hace cola frente a una oficina de empleo. (EFE)

La clase política, las instituciones, los banqueros, los empresarios… El propio sistema democrático. Todo aquello que inspiró, todo aquello que sustentó y respaldó, está provocando su muerte; aquellos que le deben su existencia, han decidido matarla. Es la clase media, asesinada como el César por los suyos, por los que tenían que protegerla, por aquellos que tenían que cuidarla, mimarla. Cada uno de ellos le ha clavado un puñal junto al corazón sin mirar más allá, sin valorar nada más. Desde que comenzó la crisis económica, muchos pensadores han alertado de las nefastas consecuencias que acarrearía esta decisión de hacer recaer sobre las clases medias el mayor peso de la recuperación, y ha sido tanto el sacrificio que el concepto mismo de clase media es el que ahora se tambalea después de tantas puñaladas seguidas.

La última puñalada de todas ha sido ésta del Tribunal de Justicia de la UE con una sentencia que impone, obliga, a que se devuelva el dinero cobrado por las cláusulas suelo de las hipotecas. Lo esencial de esa sentencia, la gravedad de esa sentencia, está en el descubrimiento de un sistema político y legal en España que protege a los grandes bancos frente a los consumidores; esa es la puñalada a la clase media, que se la deja tirada, abandonada, desprotegida, en el peor tiempo de todos, en la crisis económica. Ha tenido que ser el empeño de un juez de provincias, Enrique Sanjuán, un malagueño que trabaja en la Audiencia de Almería, el que ha desmontado el entramado de protección de los bancos, frente a los consumidores, que se había instalado en España.

“Es difícil enfrentarte a lo establecido, pero cuando crees en una cosa y todo el mundo y en especial los de arriba, en este caso el Tribunal Supremo, te dicen que no es así... “, sostiene el magistrado malagueño en una de las entrevistas concedidas estos días.

“Enfrentarse a lo establecido”, esas palabras del magistrado Sanjuán son las más hirientes sobre lo que ha ocurrido, lo más doloroso de la sentencia del alto Tribunal europeo. ¿Por qué ‘lo establecido’ en España es la protección del más poderoso frente al interés de miles o millones de ciudadanos puteados con la crisis? Y que se haga, además, manipulando y retorciendo la propia voluntad de la Unión Europea: “Esto es lo más grave que le ha dicho el Tribunal de la UE al Tribunal Supremo de España: si tienes que aplicar mi normativa, pregúntame. Que es lo que yo hice. Cuando planteé la cuestión prejudicial se le dio traslado a las partes: el Gobierno español, la Comisión, el abogado general de la UE... Y el informe de la Comisión es demoledor: dice que la doctrina del Supremo es una barbaridad”, afirma Enrique Sanjuán.

Lo que se esconde bajo esa expresión del juez, la “barbaridad” de la doctrina del Supremo en sus juicios sobre los abusos de las hipotecas, es una realidad con la que hemos estado conviviendo en España durante muchos años, como si tal cosa. Familias enteras de clase media, trabajadores de núcleos familiares tradicionales, que perdían su trabajo, perdían su vivienda, y, encima, seguían endeudados con el banco, como viles morosos. Clases medias que perdían su condición y su dignidad; de clases medias a clases vulnerables, que es la gran transformación social que se ha producido en estos años. El mileurismo, que hace tan sólo una década era un término despectivo, símbolo de precariedad laboral, se ha convertido ahora en una realidad cotidiana para los más afortunados, que consiguen un trabajo o que logran retenerlo, y en un sueño inalcanzable para una gran parte de la población que no llega, muchas veces, ni a los quinientos euros al mes. “Con la mitad de los jóvenes españoles menores de 35 años en el paro, llegar a fin de mes con esa cifra suele considerarse un logro”, se decía en El Confidencial hace tres años en un reportaje en el que se alertaba del crecimiento exponencial en España de una nueva clase social, parados y ‘trabajadores pobres’, que no conoce de edades ni de niveles de formación.

Es verdad que el fenómeno ni es reciente, ni ha surgido en España ni afecta sólo a España, porque mucho de lo que ocurre tiene que ver con esta era de la globalización y, sobre todo, con la grave crisis económica mundial. Pero entre lo que sí nos afecta en exclusiva, nos encontramos con las políticas que se han aplicado aquí y que han acrecentado la vulnerabilidad de la clase media, en vez de aplacarla. ¿Cuántas subidas de distintos impuestos ha aprobado el Gobierno del PP durante la crisis? ¿Veinte, treinta subidas distintas? ¿Cuánto han incrementado los ayuntamientos el IBI en ese tiempo? ¿Un cincuenta, un sesenta por ciento? En la muy socialista comunidad de Andalucía, este año se ha marcado un record de renuncias en herencias por el exceso del impuesto de sucesiones que establece el gobierno andaluz.

¿Cuántas subidas de distintos impuestos ha aprobado el Gobierno del PP durante la crisis? ¿Veinte, treinta subidas distintas?

En suma, que cuando peor lo estaban pasando esos trabajadores de clase media, porque perdían su trabajo, porque le recortaban el suelo o porque se veían obligados a aceptar trabajos precarios de salarios miserables, más se han cebado con ellos con subidas de impuestos, locales, autonómicos y nacionales, y con una legislación que favorecía el interés de los grandes bancos ante un derecho fundamental como es la vivienda. Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Queda claro que, aunque el debate político vaya por otro lado, a veces lo revolucionario en España sería cumplir con la Constitución de 1978.

Desde que se vislumbró con nitidez el calado de la crisis económica y el impacto que estaba teniendo en la clase media, muchos pensadores han alertado de lo que podía ocurrir. Citaron Aristóteles o Tocqueville porque ya ellos, tan distantes, adelantaron que los progresos de una sociedad tienen que sustentarse en una clase social avanzada, como las clases medias que se conformarían luego con el desarrollo del capitalismo y la conquista de las libertades. Pero nada de eso ha servido, el acoso se ha mantenido aun a sabiendas de que las democracias liberales no pueden sobrevivir sin el sustento de una potente clase media. Pero han seguido adelante, uno tras otro, han clavado puñales como al César y ahora se enfrentan al desafío de explicar, y enmendar, la tropelía cometida. “¡Oh raciocinio! ¡Has ido a buscar asilo en los irracionales, pues los hombres han perdido la razón! ¡Toleradme! ¡Mí corazón está ahí, en ese féretro, con César, y he de detenerme hasta que torne a mí...”.

La clase política, las instituciones, los banqueros, los empresarios… El propio sistema democrático. Todo aquello que inspiró, todo aquello que sustentó y respaldó, está provocando su muerte; aquellos que le deben su existencia, han decidido matarla. Es la clase media, asesinada como el César por los suyos, por los que tenían que protegerla, por aquellos que tenían que cuidarla, mimarla. Cada uno de ellos le ha clavado un puñal junto al corazón sin mirar más allá, sin valorar nada más. Desde que comenzó la crisis económica, muchos pensadores han alertado de las nefastas consecuencias que acarrearía esta decisión de hacer recaer sobre las clases medias el mayor peso de la recuperación, y ha sido tanto el sacrificio que el concepto mismo de clase media es el que ahora se tambalea después de tantas puñaladas seguidas.

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