Leña al juez, que es de goma

Embravecida, como es ella, tormentosa y desafiante, Cristina Fernández de Kirchner se ha comportado como una vulgar corrupta en cuanto ha visto su nombre en un auto judicial. Ha saltado como un resorte cuando un juez ha plasmado en un folio las graves sospechas de irregularidad de su mandato. Todo lo que ocurre, ha venido a decir, es que existe una conspiración contra ella y contra los millones de argentinos que la votaron en su día. “¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en 2011?”, dice la señora. Por supuesto, que en su larga parrafada de lo único que no ofrece ninguna explicación es de las irregularidades que el juez ha detallado en un auto de casi ochocientos folios y que, de forma general, dibujan el trato de favor milmillonario a un grupo empresarial al que se adjudicaban la mayoría de las obras viales, que luego se acogían a sobrecostes del 65% o que, sencillamente, no se realizaban. De todo eso, nada dice, porque Cristina Fernández de Kirchner se ha acogido a la enmienda a la totalidad que plantean muchos procesados por corrupción: leña al juez, que es de goma.

En España, por ejemplo, es una constante en cada proceso judicial porque también existe una ‘retórica de la corrupción’ que sale a relucir en todos los procesos. “No es una trama del Partido Popular, sino una trama contra el Partido Popular”, dijo en una comparecencia memorable Mariano Rajoy en 2009, cuando aún era líder de la oposición y estalló el caso Gürtel. Compareció en Génova arropado por toda la cúpula del Partido Popular, con Ana Mato y Francisco Camps en lugar destacado. Luego, pasó lo que pasó.

“Es un represaliado político, víctima de una campaña de descrédito, de acoso y derribo por parte de la derecha más reaccionaria”, afirmó en 2012 el PSOE cuando salió en defensa del ex consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, procesado por la juez Mercedes Alaya por el escándalo de los ERE. "Convergencia como partido y yo mismo somos piezas de caza mayor, esto me parece evidente a ojos de mucha gente", dijo Artur Mas cuando empezaron las investigaciones por la red de comisiones del 3% que se denunciaron en la Generalitat de Cataluña. Además de eso, en algún momento, cada uno de ellos habrá dado un paso más y, exactamente igual que Cristina Fernández de Kirchner, habrá puesto por delante a los votantes, en ese delirio tan peligroso en una democracia que pretende convertir las urnas en un eximente de las responsabilidades penales.

Se trataría de buscar un mecanismo judicial que haga imposible esa descarga contra el juez que instruye un caso

La cuestión, en fin, es que siempre es igual, cada vez que estalla un escándalo de corrupción. Y más allá de la censura a la burda maniobra política, lo que sí se podría extraer de esta inercia perniciosa es la conclusión de que la figura del juez está siendo injustamente denostada. Por la sencilla razón de que cuando un argumento falaz se utiliza tanto en política es porque los interesados conocen que esa tinta de calamar tiene efectos positivos para ellos. Se trataría, por tanto, de buscar un mecanismo judicial que haga imposible esa descarga contra el juez que instruye un caso. En el caso español, la única salida razonable es modificación del sistema procesal español, acaso la norma más antigua que sigue vigente en España, de finales del siglo XIX. En las últimas legislaturas, todos los Gobiernos lo han intentando y nunca ha prosperado. Ni cuando la iniciativa correspondía al Partido Socialista ni cuando la ponía en marcha el Partido Popular. Curiosamente, cuando se trata de dotar a la Justicia española de los medios necesarios para que sea más eficaz, el proyecto de ley siempre decae por falta de acuerdo o porque se posterga hasta el final de la legislatura, y se queda en un mero canto al sol que vuelve a incorporarse al siguiente programa electoral.

En esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que existe un amplio consenso es en la necesidad imperiosa de que la instrucción de los procesos penales deje de estar en manos de los jueces. Se trata de implantar un nuevo modelo judicial en el que la investigación recaiga en el Ministerio Fiscal, mientras que el juez actúa como garante durante todo el proceso. Como paso previo a cualquier reforma de esa naturaleza, habría que garantizar, de igual forma, una mayor desvinculación del Ministerio Fiscal de las tentaciones de politización de los distintos Gobiernos, aunque, pese a la imagen que se traslada continuamente, la politización de las fiscalías es más un latiguillo recurrente que una realidad constatable.

La figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador'

Como suele decir el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, el hecho de que el Ministerio Fiscal sea una institución jerarquizada no presupone servilismo político alguno. “El concepto de imparcialidad, propio de las sociedades más avanzadas, supera incluso al de independencia porque quien es imparcial tiene que ser independiente, como lo es cualquier funcionario que cumple con su deber. Como cualquier ciudadano decente. Personalmente, estoy harto de la continua alusión a nuestra falta de objetividad. ¿En qué cabeza cabe que un cambio de Gobierno pueda trastocar o entorpecer el trabajo de Fiscales que vienen despachando procedimientos durante meses, incluso años, asuntos que son escudriñados por la prensa y sometidos al control jurisdiccional? ¿Quién puede creer que una simple llamada telefónica o una orden intempestiva pueda, de un plumazo, decidir el sentido de la acusación pública por criterios oportunistas en una especie fatalismo político que se reproduce cada nueva legislatura?”

Hace unas semanas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vuelto a afirmar que una de las prioridades de este Gobierno es la reforma del sistema procesal español de 1882. “El tema ni es nuevo, ni sencillo, pero es verdad que la figura española del 'juez instructor' es un anacronismo en Europa, y existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del 'fiscal investigador”, ha dejado dicho el ministro. Otra vez, por tanto, la legislatura se inicia con las buenas intenciones de hacer de la Justicia española una Justicia más eficaz. Pero ya veremos, con el paso del tiempo, como las intenciones se quedan en nada y lo que sigue imperando en el debate político es esta figura retórica constante de ‘leña al juez, que es de goma’. Retórica de la corrupción.