“Mariano, más grano”: el ‘cuponazo’ vasco

Los vascos son previsibles. Por rectos y constantes, como se definen muchos. Pertinaces. Y con doble fondo. Dejó dicho Anasagasti que “si la ingenuidad es una virtud, el vasco no es virtuoso”. Saben lo que quieren y lo consiguen. Por eso, nada más comenzar la legislatura en octubre pasado, en el mismo debate de investidura de Rajoy como presidente, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, envolvió en un chiste una reclamación que, de cualquier otra forma, hubiera resultado ofensiva: “Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano”. ¿Quién lo iba a decir? Unos meses después, en esta legislatura tan tumultuosa, la minoría vasca, que ni siquiera apoyó aquella investidura del PP tan necesitado de votos, le ha arrancado al Gobierno más débil de la democracia el acuerdo más ambicioso del cupo vasco: el ‘cuponazo’ vasco, que es como se ha dado en llamar la renovación del acuerdo por la cuantía que contiene y el modo de ‘decretazo’ utilizado para su aprobación.

En Euskadi, de todas formas, dicen que el cupo vasco no supone ningún privilegio. Y como lo repiten tanto, incluso con tono de ofensa, conviene prestarles atención. Detengámonos, por ejemplo, en las explicaciones de uno de los máximos divulgadores del concierto y el cupo vasco, Pedro Luis Uriarte, fundador de la Comunidad del Concierto, una sociedad muy activa estos días en defensa del acuerdo alcanzado. Uriarte se muestra especialmente irritado cuando oye la palabra ‘cuponazo’. “¿A quién le puede caber en la cabeza que, conociendo mínimamente al señor Montoro, le va a regalar al País Vasco 1.400 millones de euros?”, se pregunta Uriarte en una entrevista con la Radio Televisión Vasca.

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Se trata, como han reiterado, de un simple ajuste del cupo vasco, necesario y pendiente desde 2007, cuando comenzó la crisis y comenzaron los recortes, también el de la financiación vasca. En cualquier caso, el argumento más potente a favor del cupo vasco que utiliza Uriarte, y el resto de defensores del concierto y del cupo vasco, no se refiere a Euskadi sino a las demás comunidades autónomas, que se guían por el sistema general, y sobre las que se hace un cruel retrato. Dicen así: “Se ataca muchísimo al cupo, pero no se dice nada de la catastrófica situación que padecen las comunidades que no tienen concierto (…) El 30 de junio de 2017, estas 15 comunidades habrán recibido del Estado 216.380 millones en préstamos, a bajo o nulo tipo de interés, desde 2012. Con ello, se les ha ayudado a superar sus tremendas dificultades financieras y a ahorrar en pago de intereses más de 7.000 millones de euros (…) En ese periodo de tiempo, las dos comunidades forales no han recibido un solo euro de ayuda del Estado. Y nadie ha protestado. Anticipo que estas 15 comunidades no tienen capacidad financiera para pagar esa deuda al Estado. En otras palabras, y sin presumir de dotes proféticas, no va a haber más remedio que perdonarles parte o todo de lo que les ha sido prestado”.

Nada debería ser menos interpretable que un debate de cifras, sumas y restas, pero con el cupo vasco ocurre todo lo contrario

Es curioso que, al contrario de lo que podría pensarse, nada debería ser menos interpretable que un debate de cifras, sumas y restas, pero con el cupo vasco ocurre todo lo contrario. Con la misma contundencia con la que sus defensores afirman que no se trata de ningún privilegio, existen numerosos estudios económicos en los que se concluye todo lo contrario. Dicho de otra forma, si otras comunidades hubieran tenido las ventajas de financiación de las que han disfrutado las dos comunidades forales, no habrían pasado las dificultades financieras que denuncian los nacionalistas vascos. Algunos de los análisis sobre la otra cara del cupo vasco se detallaban en El Confidencial hace unos días, y todos coincidían en que la ‘trampa’ no está en la literalidad del concierto sino en la aplicación ventajosa que se hace del mismo, siempre para sobrefinanciar al País Vasco con respecto a las demás comunidades.

El privilegio se obtiene cuando la devolución al Estado se calcula por debajo de lo que se debe

Uno de esos expertos, Ángel de la Fuente, sostiene desde antiguo que el sistema foral en sí mismo “no implica necesariamente ningún privilegio económico”. Es decir, el hecho de que una comunidad regule y recaude los impuestos y, al cabo del año, restituya al Estado la parte de las competencias que no tiene asumidas, más la cuota de solidaridad que tenga asignada, no tiene por qué suponer ninguna ventaja; el privilegio se obtiene cuando la devolución al Estado se calcula por debajo de lo que se debe. Esa es la trampa.

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El mismo Ángel de la Fuente calculó en uno de los últimos acuerdos que lo que Euskadi pagaba de menos al Estado, es decir, al resto de los españoles, podía cifrarse en 4.500 millones de euros anuales. Ahora, con el ‘cuponazo’, habrá que suponer que esa cifra se eleva mucho más. Y bastante razón debe haber en esas cuentas cuando el citado Pedro Luis Uriarte, en alguna de sus entrevistas, ha llegado a resumir el concierto y el cupo vasco con esta frase: “El concierto significa que si te deben poner una cadera, en vez de esperar un año, esperas dos meses”. Aplíquesele esa lógica a todo lo demás, sanidad, educación, servicios sociales, empleo…

¿Quién tiene razón en esta guerra de cifras? Quizás algún día podría despejarse la duda definitivamente si los nacionalistas vascos se prestaran a un análisis general, abierto y transparente del concierto, renunciando por una vez a las comisiones bilaterales de financiación en las que se decide todo. Pero no solo no será así sino que, por el contrario, lo que ya se viene advirtiendo soterradamente es que cualquier modificación del sistema de financiación del País Vasco lo único que podría acarrear es un grave problema constitucional en España, otro más y de más calado que el de Cataluña, porque ningún vasco iba a votar a favor de una reforma de la Constitución que no garantice la diferencia y los derechos forales. Y eso es, quizá, lo peor de todo, que el ‘cuponazo’ ni siquiera va a servir para que el nacionalismo vasco se comprometa con la estabilidad territorial de España. Ni siquiera para esa mínima lealtad de convivencia va a servir.