Narco, dale caña al guardia civil

Son los guardias civiles los que tienen miedo. Son los policías los que piden protección. Y son los delincuentes los que presumen, henchidos, del control de las calles. “El truco está en hablar menos y demostrar más”. La instrucción no la dio Pablo Escobar Gaviria, pero no debe andar muy lejos la sublimación de la memoria del mayor y más letal de todos los narcotraficantes para explicar el fenómeno que se está viviendo en los últimos tiempos en la comarca del Campo de Gibraltar.

El narcotraficante siempre ha gozado aquí de una justificación social en grandes capas de la población campogibraltareña, es verdad, pero no es eso; lo de ahora es peor, tan dramático e intangible como que, sencillamente, se le ha perdido el respeto a las fuerzas de seguridad. La policía y la guardia civil es escoria a la que se puede apedrear, escupir, golpear y machacar. “Narco, dale caña al guardia civil”, parece que va gritando por las esquinas el levante cuando sopla. Porque lo máximo que puede ocurrirte es que le pongan una multa que el narco pagará encantado, sin problemas, y hasta te dará una palmadita en la espalda. Que aprendan cómo se hacen las cosas aquí.

Es tan fácil... A ver, como hace tres semanas. Un guardia civil de Algeciras se detiene en un semáforo. Va de paisano en su coche, pero alguien lo reconoce desde la acera. “¡Ese tío es un picoleto!”, exclama el tipo, y los que están junto a él, con un pie apoyado en el zócalo y el cigarrillo en la comisura, le clavan la mirada. A rastras lo sacan del coche y comienzan a darle puñetazos hasta que se cansan. Ahora, la pregunta: ¿cuánto cuesta una agresión así? Para los narcos, nada, apenas calderilla: la condena fue de 1.500 euros. “Ese es todo el problema, que sale muy barato pegarle a un guardia civil”, le dice a El Confidencial el presidente de la Federación de Coordinadoras contra la Droga en el Campo de Gibraltar, Paco Mena.

"En la actualidad, muy pocos de los que tienen que ver con el mundo del narcotráfico respetan, ni temen, a las fuerzas de seguridad", dice Paco Vera

Y como sale tan barato, la existencia previa de falta de autoridad acaba estallando en una especie de rebelión social de desvergüenza y atrevimiento. Muy poco después de la paliza al guardia civil, un policía nacional acudió a uno de los barrios conflictivos, a atender una denuncia que ni siquiera tenía que ver con el narcotráfico, pero su sola presencia en la calle ya alertó a los vecinos. En cuanto se bajó del coche patrulla, comenzaron a lloverle piedras desde la azoteas y las ventanas. Un ladrillo le alcanzó de pleno en la cara: 36 puntos de sutura con la frente, la nariz y el labio reventados. Los detenidos quedaron en libertad, a la espera de juicio, y de otra multa que, de nuevo, será calderilla para los narcotraficantes.

Paco Mena insiste: “El problema es mucho mayor, hay una pérdida progresiva de valores, fundamentalmente el del principio de autoridad. En la actualidad, muy pocos de los que tienen que ver con ese mundo respetan, ni temen, a las fuerzas de seguridad. Eso no ocurría antes. A eso se añade que las agresiones salen muy baratas en los tribunales, lo cual los reafirma en su descaro. Para completar el panorama, hay que sumarle a todo ello la escasez de medios y de agentes que tienen que soportar la Guardia Civil y la Policía para enfrentarse a estas avalanchas”.

El fenómeno es tan apabullante y fácil de detectar que se manifiesta ya en cualquier circunstancia y casi a diario. Si, de media, cada día llegan a la zona ocho o nueve embarcaciones cargadas de hachís de Marruecos, es fácil pensar que, en algún momento, algo acabará fastidiándose. En unos casos, serán los propios vecinos los que respondan a los patrulleros con una lluvia de piedras, como ha sucedido en muchas ocasiones. Pero en otras ocasiones, serán los propios narcotraficantes los que planteen batalla. “Antes —dice Mena— un convoy de droga se componía solo de dos vehículos, una lanzadera que avisaba de la existencia de controles policiales y el todoterreno que iba detrás con el hachís. Ahora, los narcos le han añadido un tercer coche, un todoterreno de gran cilindrada, pesado, que va en tercer lugar, con la misión de embestir y arrollar al patrullero que se les cruce en el camino. Es decir, si se tropiezan con un patrullero que comienza a perseguirlos, la orden es irse directamente contra él, para chocar, inutilizarlo o sacarlo de la carretera”.

Todo eso ocurre a la vista de todo el mundo, y es ahí donde comienza a generarse un nuevo problema: la chulería de la desobediencia y la impunidad por falta de autoridad se expanden como un virus. Por ejemplo, cuando un tipo de los cientos o miles que se dedican al contrabando de tabaco con Gibraltar observa que los narcos actúan de esa forma, comienza a hacer lo mismo. Hasta ahora, a un contrabandista de tabaco solo le ponían una multa, una sanción administrativa, si lo pillaban, aunque en muchos casos no pagaban porque se declaraban insolventes, pero ya no aceptan ni eso. Se enfrentan también, les plantan cara. En una de esas, hace unas semanas, un policía local de La Línea acabó arrollado por el propio patrullero y falleció. “Es tanta la tensión acumulada, tanto el riesgo y el miedo, que toda situación es susceptible de acabar desquiciada, desbordada”, afirma Mena.

“Definitivamente, esto se ha ido de las manos”, añade. Esta misma semana, las más de 20 asociaciones de lucha contra la droga, sumadas a las asociaciones gremiales de policías y guardias civiles, tenían previsto iniciar un encierro en la Delegación del Gobierno para exigir medidas urgentes, pero el envío de dos unidades de refuerzo ha calmado los ánimos. Cuando las unidades de refuerzo se marchen, volverá a tensarse la cuerda.

Por eso piden un plan integral, que incluye desde la creación de un juzgado específico de narcotráfico, hasta el incremento en un 40% de los agentes actuales (en torno a 1.700 entre policías y guardias civiles), pasando por alternativas al elevado desempleo de la zona, nunca por debajo del 30%. Aun así, aun en el caso hipotético de que todas esas peticiones se cumplieran, nadie podría garantizar una solución al gravísimo problema de narcotráfico del Campo de Gibraltar.

Se calcula que por aquí entra el 80% del hachís de Marruecos que se consume en Europa, además del contrabando de tabaco constante desde Gibraltar. En La Línea de la Concepción, el propio ayuntamiento incluye en sus informes económicos el contrabando como uno de los pilares de la actividad económica. “El contrabando de mercancías ilícitas ha tenido un aumento en los últimos años, existiendo a día de hoy más de 30 mafias organizadas en la ciudad, según indica la Policía Nacional. Según la Agencia Tributaria, el fraude a las arcas del Estado español asciende a más de 325 millones de euros al año”, estima el Ayuntamiento de La Línea en un informe económico sobre el efecto del Brexit en la zona. ¿Qué suponen esas cifras? Cada cual lo llamará como considere, pero 30 mafias en una ciudad de 60.000 habitantes, lo que describe es una sociedad atravesada, calada, por el narcotráfico.

Hace dos años, en las redes sociales se hizo viral el vídeo de unos niños que jugaban a los narcos, en San Roque; eran los carnavales y en una fiesta infantil acudió un niño todo vestido de negro, con su pasamontañas y su caja imitando un fardo de hachís. La percepción amable y familiar del narco continúa. Hace unos días, se publicó la foto de una tarta de cumpleaños en la que el pastelero había tenido el cuidado de colocar unos todoterrenos en la playa, junto a los fardos de hachís recién desembarcados. En un extremo, “feliz cumpleaños” y la velita de los seis años.