Vacaciones políticas y hospitales cerrados

La demagogia solo tiene una línea roja para la clase política, aquella que le afecta directamente. Por ejemplo, ahora, estos días, la demagogia consistiría en afirmar que hay enfermos tirados, abandonados, en los pasillos de un hospital público por los recortes presupuestarios mientras que los políticos con algún cargo público se van de vacaciones y conservan intactos los privilegios de sus sueldos, sus complementos y sus dietas aunque no trabajen. ¿Eso es demagogia? Desde luego, no cabe ninguna duda de que se trata de un notable ejercicio de demagogia. ¿Quién puede negarlo?

Pero conscientes de esa evidencia, también se puede añadir a continuación que no será, dese luego, ni más dañina ni más exagerada que la que despliegan los partidos políticos en sus diarias confrontaciones. Con lo cual, si la demagogia es una licencia permitida en política, por qué no defender que los propios ciudadanos utilicen esa demagogia cuando caen en la cuenta de que los recortes presupuestarios siempre afectan a los mismos servicios públicos pero que nunca llegan al exclusivo ámbito político, que permanece inmune. Es así, los recortes sanitarios de verano están repartidos de forma homogénea por toda la geografía política española, de la misma forma que pueden constatarse privilegios generalizados en todas las instituciones, con independencia de quién las gobierne.

Los sindicatos harán recuento pero pueden servir los datos del año pasado. El sindicato de Enfermería SATSE estima que se cerraron 11.000 camas

Vayamos a tres ejemplos distintos: Andalucía, gobernada por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; Madrid, gobernada por el Partido Popular y apoyo de Ciudadanos; y Valencia, con el Gobierno del socialista Ximo Puig, que gobierna en coalición con Compromis y el respaldo parlamentario de Podemos. Ahí están los principales actores del panorama político español y en cada una de esas comunidades las noticias sanitarias han sido idénticas en los meses de julio y de agosto: cierre de centros de salud y disminución sustancial de las camas hospitalarias por la negativa a incrementar la plantilla sanitaria en verano.

Lo único que varía en cada una de las noticias que se han publicado en los medios de comunicación de esas cuatro regiones es el papel que juegan los partidos políticos, dependiendo de que estén en el gobierno o en la oposición, porque los discursos suelen ser intercambiables, unos y otros, a excepción quizá de los que se dirigen contra el Partido Popular, porque a “la derecha” siempre se le supone en el abecedario político una mayor depravación y el interés oculto de la privatización. Pero, sin entrar en ese debate tantas veces interesado para despejar las propias responsabilidades, la cuestión es que el ciudadano acaba siendo el afectado por el cierre de camas en los hospitales, con independencia de quien gobierne.

Al final del verano, los sindicatos sanitarios harán recuento pero puede servir de indicación los datos del año pasado, porque no habrán variado mucho. El sindicato de Enfermería SATSE estima que se cerraron 11.000 camas en todos los hospitales públicos, con mayor incidencia en Andalucía, con unas 2.600 camas, seguida de Madrid (1.700), Galicia (1.200), Comunidad Valenciana y País Vasco (ambas unas 1.000), Castilla y León (casi 800), Cataluña (más de 600), Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón (400), Canarias, Extremadura y Murcia (200), Navarra (más de 130), Baleares (más de 120), Cantabria (65) y La Rioja (cerca de 50).

¿Sería demagógico decir que esos recortes de producen mientras que en muchos parlamentos autonómicos se aprueba que los diputados puedan cobrar dietas por asistencia en agosto, a pesar de que están de vacaciones y que el Parlamento está cerrado? ¿Algún trabajador se imagina que en agosto pudiera seguir cobrando dietas de comida, hotel y viajes sin moverse del chiringuito de la playa? Pues eso es lo que ocurre en una decena de parlamentos autonómicos (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja), además del Congreso de los Diputados y del Senado. Obviamente, los cobran todos los grupos parlamentarios, todos, porque como se decía antes lo privilegios son generalizados, como los recortes.

Es verdad que, al menos en Andalucía, los diputados de Podemos han denunciado esas ‘dietas fantasma’ y han solicitado, sin éxito, que se supriman, pero tampoco se salvan: no hay institución a la que llegue Podemos en la que no amplíe la nómina de asesores contratados a dedo. Como acaba de ocurrir en Castilla-La Mancha, que la entrada de Podemos en el Gobierno del PSOE supondrá que aumenten los asesores en más de cuarenta y que a los altos cargos se les garantice un ascenso fulgurante en la Función Pública. Como dicen los sindicatos, “supone una clara transgresión a la carrera profesional del funcionario de la Junta, que va a ver que mientras un alto cargo consolida el grado máximo en un tiempo récord, el resto de personal tiene que esperar décadas para conseguirlo”.

¿Demagogia? Que sí, pero por lo menos que se le conceda al ciudadano este derecho al pataleo

Que si, que ya es sabido, la respuesta política unánime solo será una, que todo esto no es más que el “chocolate del loro” y que la mera comparación es demagógica. Como también lo será añadir que, por ejemplo, en Andalucía, con la inversión sanitaria per capita más baja de toda España, se ha conocido recientemente un informe de la Cámara de Cuentas en el que se desvela que, mientras que se recortaba plantilla en torno a ocho mil profesionales del Servicio Andaluz de Salud, se le ha subido el suelo, rompiendo los topes fijados en la normativa, a la plantilla de directivos, un centenar de personas directamente vinculadas en su mayoría a la estructura política. En solo tres años, de 2011 a 2013, el Gobierno de Susana Díaz ha recortado la plantilla en 1.286 médicos, 1.919 enfermeros, 1.609 administrativos y 1.266 auxiliares de enfermería. Pero a los directivos les ha subido el sueldo. Y a los enfermos los ha mandado a los pasillos. ¿Demagogia? Pues claro, pero ahí está.

¿Y cuándo se publica la foto de una anciana desnutrida, en un pasillo de hospital, sin que nadie la atienda, es también demagogia? Pues sí, es demagogia, pero demagogia obligada y dedicada a la memoria de la mujer de 96 años que hace unas semanas se murió en Sevilla, desnutrida en los pasillos de un hospital público.

Ocho o diez horas estuvo la mujer esperando que la atendieran, entre la sala de visitas y el pasillo, tendida en una camilla. Su nieto, que la atendía, tuvo que irse a buscarle un ‘potito’ infantil a una tienda porque no había comida para ella. “Los médicos y el personal sanitario, que son fantásticos, no dan abasto, están saturados”, explicó el nieto al diario 'ABC' de Sevilla. “Yo pago mis impuestos y el día que tuve que comprar el ‘potito’ me habían cargado 8.000 euros. ¡A esto no hay derecho! Denuncio para que no vuelva a ocurrir más, para que a mi madre ni a nadie más le pase lo que le ha ocurrido a mi abuela”. Pues eso. ¿Demagogia? Que sí, pero por lo menos que se le conceda al ciudadano este derecho al pataleo. A ver si, al menos, se evita el desprecio que supone una muerte así.