Un extraño caso de mafia andaluza

La anormalidad se descubre muchas veces en la normalidad con la que valoramos algunos acontecimientos. A un buen amigo de Juan Clavero, le pregunté hace unos días por el extraño episodio que contaba la prensa andaluza y, con la normalidad de una conversación sobre el tiempo en el ascensor, me dijo: “Le dije hace tiempo que tuviera cuidado, aunque nunca pensé que le meterían droga en el coche. Siempre creí que le provocarían un accidente, que le quemarían el coche o que le dispararían, pero le han tendido esa otra trampa”.

¿Accidentes provocados? ¿Disparos? ¿Coches quemados? ¿En España? ¿Así, tal cual? Cuando esos conceptos se manejan con normalidad, es evidente que se está apuntando hacia una anormalidad. Eso es lo que ocurre, justamente, en la provincia de Cádiz que, acaso por ser puerta de entrada de la droga en Europa, se ve sacudida por algunos episodios insólitos que solo encuentran una explicación: la actuación de la mafia.

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Antonio Villarreal

Juan Clavero, para quien no lo conozca, es uno de los activistas más veteranos del movimiento ecologista, mosca cojonera infatigable contra los abusos urbanísticos y en defensa de la protección de los parajes naturales que abundan en Andalucía. La última batalla que ha emprendido es, al mismo tiempo, una de las más comunes y también de las más misteriosas. Hace unos años, un enigmático inversor belga adquirió la friolera de 1.500 hectáreas del parque natural Sierra de Grazalema, “el corazón mismo del parque —explica Clavero a El Confidencial—, incluyendo dos de los míticos pinsapares”.

Clavero es la mosca cojonera infatigable contra los abusos urbanísticos y en defensa de la protección de los parajes naturales que abundan en Andalucía

Nada se sabe con fiabilidad de la identidad del propietario (o propietarios) salvo el nombre de una sociedad, Breña del Agua Investments, que en el Registro Mercantil declara como objeto social “toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con la explotación agrícola y ganadera de fincas rústicas”. Juan Clavero, sin embargo, lo que sospecha es que existe un interés desmesurado por parte de los propietarios para blindar esas 1.500 hectáreas, aislarlas, incomunicarlas del resto del mundo, un territorio exclusivo a la manera de algunas urbanizaciones que poseen en la misma Andalucía magnates de todo el mundo con la certeza de que pueden entrar y salir sin que nadie adivine su presencia.

Y ahí es donde entra en acción Juan Clavero, porque aunque el enigmático inversor belga haya adquirido 1.500 hectáreas de un parque natural, tiene que respetar los caminos públicos. “Ya le hemos paralizado la construcción de un helipuerto y hemos denunciado la construcción de una gran mansión, además de la reivindicación permanente de los caminos públicos que discurren por el interior de esa finca”, dice con ímpetu Juan Clavero.

"Me hicieron bajar de la furgoneta y lo pusieron todo patas arriba", recuerda Clavero el registro de los agentes de la Guardia Civil que le dieron el alto

En una de esas protestas estaba el pasado sábado 26 de agosto cuando, ya de regreso a su casa, le dieron el alto tres guardias civiles en lo que parecía un control habitual de tráfico. ¿Un control de tráfico en un camino empedrado, al término de un sendero rural? Es lo primero que pudo extrañarle a Juan Clavero. Pero mucho más le extrañó, según narra, la actitud de los guardias civiles, entre desafiante y chulesca. “Parecía una pesadilla, llegué a tener miedo porque no entendía nada. Me hicieron bajar de la furgoneta y lo pusieron todo patas arriba, los asientos, unos sacos de semillas que llevaba, hasta que uno de los guardias civiles se acercó con una bolsa: ‘¿Y esto qué es?’, me dijo".

"No sabía de qué estaba hablando, a lo que me contestó: ‘¡Esto es droga!’. ¿Droga? Tan absurdo era todo, que les pedí que me hicieran un test de droga para que comprobaran que yo no consumo drogas. Entonces, uno de ellos, en el mismo tono, me dijo: ‘¿Un test? ¿Para qué, si te hemos detenido por traficante de drogas?’. Luego les pedí también que sacaran las huellas digitales del paquete de la droga y se rieron”. Lo cachearon, apoyado en la furgoneta con las manos en alto, lo esposaron, lo mandaron al calabozo y allí comprobaron que, efectivamente, el paquete sospechoso contenía, además de hachís, la cantidad precisa de cocaína, 47 gramos, para garantizar una pena de cárcel de tres o cuatro años.

Juan Clavero, tras la experiencia vivida, no se fía de nadie. Y la desconfianza la eleva incluso hasta los propios guardias civiles, tres, que lo detuvieron, no así el teniente de la Guardia Civil del puesto de mando al que lo enviaron. Pero los agentes que lo detuvieron han facilitado una versión en el atestado remitido al juzgado que, a falta de comprobaciones, explicaría lo ocurrido. Dice así:

“Sobre las 15:40 horas del día 26 de agosto de 2017 recibe la central COS de Cádiz una llamada anónima procedente de una cabina telefónica de la localidad de El Bosque en la cual comunica el llamante (no queriéndose identificar), que desde la localidad de Benamahoma (Cádiz) iba a salir una furgoneta blanca cuadrada con letras de matrícula DTT seguramente dirección a la localidad de El Coto de Bornos (Cádiz), población que se encuentra en fiestas patronales, y que posiblemente llevara en su interior sustancias estupefacientes para su posterior venta en dicha población”.

El activista acusa a los tres guardias civiles de haber cambiado la versión de la detención, el origen del control, y de incongruencia

Clavero, que espera que todo se aclare en la investigación en la que, por ahora, él es el único imputado, no solo pone en duda esta cuestión sino que, además, acusa a los tres guardias civiles de haber cambiado la versión, sobre el origen del control, y de incongruencia. Y se pregunta: ¿cómo sabían la hora exacta a la que iba a pasar por el camino forestal, si eso no se decía en la llamada? Su versión es otra, muy distinta: un tipo, que se acercó aquel día a la protesta, y que nadie conocía, aprovechó un descuido para meter el paquete con la droga en su furgoneta.

A partir de ahí, todo lo demás, una trampa perfectamente diseñada para mandarlo a la cárcel. Le va a salvar, dice, la imposibilidad de que nadie crea que el ecologista se dedica a vender droga en las ferias de los pueblos y, mucho menos, que todo sea casual. “Es un montaje mafioso, no hay otra posibilidad, propio de la Camorra napolitana. Por eso, hasta los alcaldes de la zona, a los que he denunciado en los tribunales por cuestiones urbanísticas, han salido a defenderme. Son una pandilla de mafiosos que se han hecho dueños del Campo de Gibraltar y ahora quieren apropiarse de la sierra. Pero no lo van a conseguir porque a mí, al menos, me han hecho más fuerte”.