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Pablo Iglesias es más duro que Rajoy
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Javier Caraballo

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Pablo Iglesias es más duro que Rajoy

Si Pablo Iglesias aplicara en Cataluña la doctrina disciplinaria que aplica internamente ante una insurrección, sería mucho más duro que Rajoy

Foto: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

Frente a la ley, se puede ser respetuoso o insumiso, lo que no es posible es combinar los dos aspectos de acuerdo a la conveniencia o a no se sabe qué. A ver, poder se puede, claro, porque cada cual es dueño de sus propias contradicciones, pero cuando alguien espera presidir un día el Gobierno de todos, esa indefinición es catastrófica porque, al final, nadie acaba tomándolo en serio. Podemos está en esas, y al comparar dos conflictos actuales se confirma el desnorte absoluto de su líder, el inexplicable doctor en Ciencias Políticas Pablo Iglesias. Los dos conflictos políticos son la crisis de Cataluña y la de la comisión de garantías de Podemos.

Para comparar adecuadamente las dos situaciones, pensemos que Pablo Iglesias tiene razón cuando afirma que la comisión de garantías de Podemos se ha extralimitado y ha asumido competencias que no le pertenecen. Es decir, a los efectos de esta comparación —que solo reparará en comportamientos, no en análisis de los contenidos—, la comisión de garantías es el equivalente al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat, mientras que Pablo Iglesias, como secretario general de Podemos que se enfrenta a una rebelión interna, es el equivalente a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España. Y ahora, veamos cómo actúa cada cual para llegar a la conclusión de que Pablo Iglesias, si aplicara en Cataluña la doctrina disciplinaria que aplica internamente ante una insurrección, sería mucho más duro que Rajoy.

Foto: Pablo Iglesias e Irene Montero, de Podemos y Xavier Doménech, En Comú Podem, en una imagen de archivo. (Efe)

El origen del conflicto interno de Podemos se produce este verano, cuando la comisión de garantías se arroga unas competencias que, según la ejecutiva que preside Pablo Iglesias, no le pertenecen y anula los nuevos estatutos que había aprobado la dirección de Podemos. Como queda dicho, se trata solo de comparar actuaciones, porque es probable que quien tenga razón en ese conflicto sea la comisión de garantías que, en su papel de árbitro de la organización, simplemente se limita a constatar que los nuevos estatutos que quiere implantar Pablo Iglesias exceden lo aprobado en la asamblea de Vistalegre II —con sanciones disciplinarias contundentes, entre otras, a las filtraciones de prensa—, pero no entremos en eso.

Damos por supuesto que Pablo Iglesias tenía razón, que un órgano interno se rebeló y que su presidenta, Olga Jiménez, “se excedió” en sus funciones. ¿Qué hizo la dirección de Podemos, dialogó con los insurrectos para buscarle una salida al conflicto político o impuso sanciones a los insurrectos? En menos de dos semanas, la ejecutiva aprobó un expediente disciplinario contra los ‘insubordinados’ y los destituyó. A la presidenta, Olga Jiménez, que es la que haría el papel de Puigdemont en esta comparación de comportamientos, la suspendió 'ipso facto' de sus funciones por un “posible incumplimiento de la reglamentación vigente, código ético y acuerdos de la asamblea ciudadana”.

Foto: Pablo Iglesias se dirige a la tribuna de oradores del Congreso delante de Mariano Rajoy, el pasado 30 de agosto. (Reuters)
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Fue un procedimiento sumarísimo que dejó perpleja a la presidenta de la comisión de garantías, que fue suspendida antes incluso de que se le comunicara por qué la sancionaban. Y, por supuesto, no pudo defenderse, ni explicarse, antes de que ejecutaran la ‘sentencia’ contra ella. La suspendieron y designaron una nueva comisión de garantías que suplantaba a la anterior, una "pseudocomisión", como la llaman los críticos, y punto final al conflicto. Todo el peso de la ley contra los insurrectos. ¿Pero no hubo diálogo para solucionar el conflicto?

La duda la despejó en El Confidencial la presidenta sancionada, ni siquiera le cogían el teléfono para darle explicaciones: “Hasta ahora, hemos intentado dialogar y no hemos obtenido respuesta, me refiero a Pablo Echenique, no a ningún otro cargo, porque es la persona que se ha erigido como el portavoz de dos órganos diferentes. No he podido contactar con él ni he tenido respuesta, pero sigo pensando que la salida es la mediación y se podría solucionar fácilmente”.

La represión se acentuaría si se aplicara el ‘manual de intervención’ de Podemos ante las insubordinaciones internas

Cada vez que Pablo Echenique, o Irene Montero, o Pablo Iglesias, o cualquiera de la dirección de Podemos mencionan la palabra diálogo para resolver el problema de Cataluña, se le deben revolver las tripas a más de un disidente que ha sido laminado de forma preventiva, sin posibilidad siquiera de que le otorguen derecho a la réplica. Si, tras las primeras detenciones por el referéndum ilegal del 1 de octubre, todos ellos acusaron al Partido Popular de imponer una “política represiva” que provoca que en Cataluña haya “presos políticos”, a la luz de esta comparación queda claro que la represión se acentuaría si se aplicara el ‘manual de intervención’ de Podemos ante las insubordinaciones internas. El artículo 155 de la Constitución, que les parece una barbaridad antidemocrática para aplicársela a Cataluña, es música celestial al lado del proceso sumarísimo ejecutado en la insurrección interna.

En plena refriega interna de Podemos, los expedientados redactaron un manifiesto para recabar la solidaridad de los afiliados de la organización y que sirve bien para sellar esta comparación de actitudes de Podemos en su conflicto frente al concepto de legalidad. El manifiesto, titulado ‘Garantías democráticas, separación de poderes y respeto al mandato de la asamblea ciudadana estatal’, concluye con la defensa de estos principios elementales: “La seguridad jurídica, el respeto a las normas, a los órganos y la protección eficaz de los derechos”. Y es eso, claro, se trata solo de eso: respeto al Estado de derecho, seguridad jurídica y cumplimiento de la legalidad, que es el mandato que otorgaron los españoles a todas las instituciones emanadas de la Constitución.

¿Cómo es posible mantener dos criterios tan dispares con respecto a un solo concepto, el cumplimiento de la ley? Sinceramente, no tengo ni idea. Y es posible que ni siquiera en Podemos, que un día aspiró a ser partido hegemónico en la izquierda española, sean conscientes del deterioro progresivo de su crédito por este desnorte absurdo en lo fundamental.

Frente a la ley, se puede ser respetuoso o insumiso, lo que no es posible es combinar los dos aspectos de acuerdo a la conveniencia o a no se sabe qué. A ver, poder se puede, claro, porque cada cual es dueño de sus propias contradicciones, pero cuando alguien espera presidir un día el Gobierno de todos, esa indefinición es catastrófica porque, al final, nadie acaba tomándolo en serio. Podemos está en esas, y al comparar dos conflictos actuales se confirma el desnorte absoluto de su líder, el inexplicable doctor en Ciencias Políticas Pablo Iglesias. Los dos conflictos políticos son la crisis de Cataluña y la de la comisión de garantías de Podemos.