Alerta, el 155 puede ser insuficiente

España es ese país en el que hasta los catedráticos de Derecho Constitucional afirman que aplicar la Constitución es un golpe de Estado. Se trata de una cita literal, además, de uno de los constitucionalistas españoles más requeridos por los medios de comunicación, Javier Pérez Royo, que llegó incluso a rector de la Universidad de Sevilla y siempre se ha mantenido de consejero áulico de los distintos gobiernos del socialismo andaluz. En un artículo publicado en el periódico 'Ara', a principios de octubre, dijo eso: “Lo que se está viviendo en Cataluña es la rebelión contra el golpe de Estado que dio el PP a través del Tribunal Constitucional”.

Es necesario remarcar de nuevo la fecha de tal afirmación, principios de octubre, pasado el referéndum trampa, cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya avanzaba decidido hacia la independencia después de considerar legal y definitivo que la inmensa mayoría del pueblo catalán había votado el 1 de octubre a favor de la secesión, con lo que se trataba solo de pactar “con el Estado español” la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Cataluña, que también estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.

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Ninguno de esos actos le merecen al experto constitucionalista un juicio tan severo como la modificación de 14 de los 274 artículos de los que se compone el Estatut de Cataluña; eso sí fue un ‘golpe de Estado’, lo de Puigdemont ha sido solo una reacción política legítima ante la agresión. Podría entenderse que semejante barbaridad la diga desde una tribuna parlamentaria cualquier independentista exaltado, pero ¿cómo puede afirmarlo un catedrático de Derecho Constitucional? Pues en España, ocurre. Esa es la cuestión; por eso puede pasar cualquier cosa.

Quiere decirse que, aunque lo de Pérez Royo no merezca más atención que una 'boutade', lo importante de ese dislate es lo que representa: la posibilidad de que en el mismo instante en que comience la aplicación del artículo 155, haya mucha gente en España, no solo en Cataluña, dispuesta a cargárselo por la vía que sea, política, judicial o social. Y Pérez Royo será uno de ellos, porque también piensa el buen hombre que con la aplicación del 155 lo que se ha roto en España es el pacto constitucional de 1978; es decir, que el ‘pacto del 78’ no lo han roto los catalanistas que votaron y juraron acatar la Constitución y luego la vulneraron, sino que lo ha roto quien defiende algo tan elemental como que en un Estado de derecho, los gobernantes deben cumplir la ley.

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Como esa es la interpretación que se hace del momento en muchos sectores de la izquierda, además del nacionalismo, en cuanto se pongan en marcha las medidas coercitivas contra la Generalitat comenzarán a llover recursos en los tribunales y reprobaciones en los parlamentos. Por esa razón, en estos momentos tan críticos, lo único que está claro es que ni el artículo 155, ni nada, se podrá aplicar si no existe un acuerdo amplio, firme y sólido en defensa de la Constitución.

¿Cuánto van a durar las alianzas que existen en este momento para devolver a la legalidad a la autonomía de Cataluña? A mi juicio, esa es la pregunta fundamental ahora, la que genera más incertidumbre. Tengamos en cuenta, además, que, con toda seguridad, quienes lo tienen más claro son los propios inquilinos de la Generalitat, conscientes de que a medida que aumenten la tensión, los nervios y la presión, los partidos independentistas se mostrarán más unidos y firmes en sus propósitos mientras que los partidos constitucionalistas se irán enfrentando entre sí. En especial, el Partido Socialista, que ya ha comenzado a resquebrajarse, puede quedar definitivamente fracturado en cuanto comiencen a aplicarse algunas de las medidas anunciadas, como la destitución de todo el Gobierno catalán con su presidente a la cabeza.

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Al margen de las repercusiones internas que pueda tener en el liderazgo de Pedro Sánchez, que es lo de menos en este momento, lo esencial es que sin el apoyo del Partido Socialista en bloque parece ilusorio pensar que la raquítica mayoría del Partido Popular y Ciudadanos pueda bastarse para mantener el pulso a una Generalitat declarada abiertamente en insumisión y rebeldía.

Si eso sucede, si la Generalitat y el Parlament se declaran en rebeldía, si se atrincheran en las instituciones, como ya está sucediendo, y fomentan una escalada de altercados en las calles, quizá la aplicación del artículo 155 ya no será suficiente. Y si no es suficiente, no quedará otra salida que recurrir a artículos específicos del Código Penal, que van desde la sedición y la rebelión, que contempla literalmente como delito “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, al estado de sitio, que también está pensado para “cuando se produzca o pueda producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios” y que, para ponerse en marcha, necesita que lo apruebe “el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno”.

No quedará otra salida que recurrir a artículos específicos del Código Penal, que van desde la sedición y la rebelión al estado de sitio

Evidentemente, no creo que nadie se atreva hoy a pronosticar que la unidad de los constitucionalistas se mantendrá si el deterioro alcanza ese extremo. ¿Podría haberse evitado este oscuro panorama de previsiones si el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera aplicado mucho antes el artículo 155? Eso es, por ejemplo, lo que defienden Alfonso Guerra y otros muchos, pero ya todo eso pertenece al pasado y, en todo caso, a los juicios que, en adelante, haga la historia sobre el papel de cada uno en este triste y patético momento de la existencia de España.

Lo único que podemos constatar ahora, con los dos pies clavados en este barro movedizo, es que ni siquiera está asegurado el apoyo de una mayoría sólida para la aplicación del artículo 155 cuando, a lo mejor, resulta que esas medidas serán insuficientes para devolver Cataluña a la legalidad.