Sequía española: breve antología de disparates

El concepto de sequía en España no tiene que ver con la escasez, que es el que le corresponde, sino con la abundancia y el derroche. De hecho, trascendiendo del hecho en sí, de la realidad objetiva de un país con un histórico déficit hídrico, lo que se puede elaborar es una lista de disparates antológicos que han supuesto una sangría para las arcas públicas.

La gestión de lo inútil es una de las parcelas de gobierno más acreditadas en España, sobre todo por esa inercia política que conduce siempre a que cuando un partido político llega al poder se siente en la necesidad de desbaratar buena parte de lo construido por el gobierno anterior para comenzar a elaborar un plan nuevo, muchas veces opuesto al anterior, que otra vez quedará paralizado en cuanto ese partido vuelva a perder el gobierno en unas elecciones.

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La educación, con un récord mundial de leyes educativas, siete en total, equivalente a una ley cada cinco o seis años, casi una por legislatura, es una de las mejores pruebas de esa 'gestión de lo inútil' porque el resultado, con la mínima perspectiva que tenemos de tiempo, se reduce a cuarenta años de vaivenes políticos, polémicas estériles y un progresivo deterioro de la calidad de la enseñanza, como acreditan los informes internacionales de educación de PISA.

Con la gestión del agua ocurre lo mismo, con la gravedad de que se trata de un debate mucho más antiguo. Esta es una breve guía de planes inconclusos, disparates y despilfarros, que nos conducen a la España de 2017 en la que un nuevo periodo de sequía amenaza con convertirse en trauma nacional si no llueve pronto. Para la lectura de esta breve antología de disparates, conviene ir calculando a cada paso, con la suma del tiempo perdido y el dinero derrochado, el coste real de la sequía en España.

Los pantanos de Franco

Para entender el presente, lo mejor es remontarse al pasado inmediato: la II República y la dictadura de Franco. Aunque existen pruebas documentales de intentos de trasvase de agua entre la España húmeda y la España seca en el siglo XV, por los intentos de acuerdo entre el Reino Nazarí de Granada y la Corona de Castilla y Aragón (habrá, incluso, quien considere el Acueducto de Segovia como el primer trasvase), a los efectos de las disputas políticas podría arrancarse la crónica de ese periodo, el más negro de nuestra historia reciente.

En la República, se aprueba en 1933 un "Plan Nacional de Obras Hidráulicas", elaborado por un ingeniero aragonés, Félix de los Ríos, en el que ya se plantea "el aprovechamiento de parte de las aguas sobrantes del Ebro para ampliar y mejorar los regadíos de Levante". Como se observará, el concepto de 'aguas sobrantes', siempre polémico porque no todo el mundo acepta que sean 'sobrantes', ya se arrastra desde entonces.

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Durante el franquismo, la apuesta fueron los embalses. Hasta 350 pantanos ordenó construir el dictador, por algo se ganó el mote de 'Paco el Rana'. Para los anales queda la famosa frase de "queda inaugurado este pantano", como expresión de la obra faraónica. El investigador sevillano Lino Camprubí tiene editado un interesante libro sobre la influencia en el franquismo de los ingenieros: "Los pantanos de Franco son un buen ejemplo de la importancia de los ingenieros de Franco, que no eran los ingenieros que tenía Franco, sino los ingenieros que construyeron a Franco y la imagen que tenemos de él".

En democracia, no se han construido muchos pantanos, pero algunos de ellos merecen entrar en el libro Guinnes, como el embalse de Melonares, en la provincia de Sevilla: se ideó en los setenta, se redactó el proyecto en los ochenta, se inició la obra en los noventa y lo inauguró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, a mediados de 2015. Más de cuarenta años y 110 millones de euros después. Insuperable.

Los trasvases de Aznar

Pocas polémicas más agrias que la que desató en España el Plan Hidrológico Nacional que elaboró el Gobierno de José María Aznar en su última legislatura. Manifestaciones de cientos de miles de personas y debates en el Congreso que dejarían en pañales las intervenciones de Gabriel Rufián. El recordado Labordeta, figura máxima de la oposición aragonesa a los trasvases, no conseguía intervenir sin acaloramiento, y unas veces mandaba "a la mierda" a toda la bancada del PP y otras se despedía de la tribuna con un sonado "es usted un gilipollas". Y todo eso, para lo que vino después: El Plan Hidrológico se aprobó en abril de 2001, Aznar puso la primera piedra en Almería en febrero de 2004 y, cuatro meses después, lo liquidó Rodríguez Zapatero en cuanto llegó a poder. Iba a costar cuatro mil millones y no pasó de una piedra.

Se observará que la sola enunciación cronológica de la vida de ese Plan Hidrológico dice mucho de la forma en la que se plantean en España algunos asuntos que deberían ser de 'interés de Estado' y que, sin embargo, siempre se despeñan por la pendiente contraria, disputas entre partidos que se complican aun más por las divisiones internas de los propios partidos según los intereses territoriales.

En el PSOE, había barones provinciales y regionales fervientemente a favor de los trasvases y otros que se mostraban contrarios con radicalidad. Incluso en el Partido Popular, promotor del Plan, existían las mismas diferencias. Tanto es así, que el propio Partido Popular, ya con Mariano Rajoy al frente, acabó introduciendo en el Estatuto de Autonomía de Aragón un artículo para 'prohibir' futuros trasvases, algo de dudosa constitucionalidad. Dice así, artículo 19.3: 3. "Corresponde a los poderes públicos aragoneses (…) velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras".

Las desaladoras de Zapatero

Con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno de la nación (2004 hasta 2011), la política hidráulica se vuelve como un calcetín, pero logra los mismos objetivos: nada. De forma periódica, todavía se pueden ver en la prensa local algunos titulares que recuerdan aquel despropósito: "El PSOE dilapidó más de cuatro mil millones en desaladoras que no traen agua a Murcia"; "Cuatro desalinizadoras de Valencia que costaron 200 millones están paradas en plena crisis de sequía"; "Las desaladoras de Almería: un fiasco de 624 millones de euros"… Lo que hizo Rodríguez Zapatero, con su ministra del ramo, Cristina Narbona, al frente, fue cargarse de un plumazo el Plan Hidrológico de Aznar y apostar por el agua del mar.

¿Cuánto nos han costado las desaladoras, cuánta agua aportan y cuántas más se van construir?

Ni pantanos ni trasvases, desaladoras. Se proyectaron más de medio centenar de plantas desaladoras, grandes, medianas y pequeñas, a lo largo de todo el litoral mediterráneo, desde Girona hasta Málaga, pero cuando Zapatero se fue del Gobierno solo se habían construido una docena. Los costes se habían multiplicado y, en muchas ocasiones, cuando ya estaban listas, permanecían paralizadas por falta de conducciones o por el rechazo de los colectivos, como el de los agricultores, a los que iba destinada el agua porque les salía más cara que otras alternativas, que encima aportaban agua de mayor calidad. Para colmo, luego vino el Gobierno del Partido Popular que 'reactivó' la construcción de algunas de esas plantas desaladoras hasta que la Fiscalía Anticorrupción mandó parar por las 'mordidas' en muchos proyectos por parte de Acuamed. Un completo de ineficacia y despilfarro. Entonces, ¿cuánto nos han costado las desaladoras, cuánta agua aportan y cuántas más se van construir? Es posible que nadie en España pueda contestar hoy esas preguntas.

La estafa de la depuración

Si la depuración cierra el ciclo hídrico en cualquier país desarrollado, en España lo que lo completa es el círculo del despilfarro y la inoperancia. En algunos casos, directamente un fraude. La cuestión es que en el año 2000 la Unión Europea aprobó una directiva medioambiental que obligaba a depurar las aguas residuales de los municipios de más de 2.000 habitantes y concedía para ello un plazo de quince años. Por supuesto, la construcción de depuradoras recibiría una sustanciosa ayuda comunitaria. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se han recibido esas ayudas, en algunas comunidades incluso se han complementado con impuestos especiales para la depuración de aguas, pero en 2015 expiró el plazo otorgado por la Unión Europea y muchas de las depuradoras no se han construido, con lo que se sigue contaminando. En algunas regiones, como Andalucía, se emplearon diez años, ¡diez años!, para elaborar la correspondiente ley, se aprobó un impuesto y al cabo de los años algunas empresas del ramo decidieron llevar el asunto a los tribunales porque se habían esfumado las depuradoras y el dinero.

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Algo similar ha ocurrido en Aragón, también se cargó a los ciudadanos de varias ciudades del Pirineo con cánones especiales para una depuradora que nunca se construyó. Hace unos meses, la Cámara de Cuentas aragonesa analizó la situación y elaboró un informe sobre el desastre. Cuando terminó el plazo de la UE, en 2015, "solo se habían puesto en servicio 10 de las 297 plantas previstas", con lo que ahora lo mejor sería deshacerlo todo y volver a empezar porque es "un plan sobredimensionado que habría que revisar en su totalidad para garantizar su viabilidad financiera". Volver a empezar. No cabe mejor resumen.