Andalucía, como la que más

España es cíclica. Y quien no lo haya visto aún, que atienda a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor: el discurso político en España ha retrocedido 40 años. Hasta los partidos más jóvenes, recién llegados, como Podemos, utilizan los mismos eslóganes de entonces, como si el tiempo no hubiera pasado. Menos mal que en ese regreso, ha dado tiempo incluso de rescatar a un muerto que estaba perdido en la fosa común del olvido institucional cavada en esta democracia. Tan delirante es la historia de ese muerto que pusieron una placa en la calle para recordarlo y resulta que no están bien ni el nombre ni el sitio; los dos están equivocados y a pesar de eso lo han declarado ‘lugar de memoria histórica’.

En fin, aquel muerto era Manuel José García Caparros, cuando participaba en las primeras manifestaciones andaluzas por la autonomía. Iba a colocar una bandera andaluza y una bala le alcanzó el costado. Para que nunca se supiera quién lo mató, se robó la bala en el mismo hospital, se lavó con acetona para que jamás se identificara y se protegió al autor, un cabo de la Policía Armada, con una investigación secreta que sigue siendo secreta 40 años después: todos los documentos están custodiados en el Congreso de los Diputados bajo siete llaves.

Hemos vuelto al pasado, a las pugnas y agravios del Estado preautonómico, y García Caparros se ha convertido en un muerto oportuno para la política

En todo este tiempo, solo los padres de García Caparros han intentado mantener viva la exigencia de que se investigara su muerte, pero nadie, o casi nadie, les ha echado cuenta. De hecho, se han muerto los padres y son las hermanas las que han seguido pidiendo que se esclarezca lo ocurrido. Casi nada habían logrado hasta que una secretaria judicial, Rosa Burgos, que participó también en aquellas manifestaciones autonomistas, se empeñó en investigar y desvelar tanto silencio y tanto misterio. Por el empeño personal de esta mujer se conocen algunos documentos, publicados en una revista de Málaga, y se ha podido reconstruir lo ocurrido. ¿Cómo es posible que ahora, sin embargo, el nombre de García Caparros esté en todos los discursos políticos? Porque hemos vuelto al pasado, a las pugnas y agravios del Estado preautonómico, y García Caparros, dicho sea con todo el respeto para su memoria, se ha convertido en un muerto oportuno para la política.

Opinión

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Veamos. Aunque todavía no se aprecie con nitidez, hemos regresado al debate del ‘café para todos’. Es sabido que esta fórmula siempre ha sido objeto de críticas, descalificaciones y hasta de mofas en España, porque la han criticado tanto los que se oponen al Estado autonómico, al que solo asocian —muchas veces con razón— con el despilfarro y la ineficiencia, y también por quienes siempre han defendido que el autogobierno pleno se reserve para algunas comunidades autónomas, esencialmente País Vasco y Cataluña. Nunca ha gozado de prestigio el ‘café para todos’, pero habrá que admitir que fue la solución que se encontró a una de las mayores lagunas de la Constitución, la diferencia de “nacionalidades y regiones”.

Esa distinción, sin concretar, ha sido desde el principio una fuente de conflictos porque conducía a un modelo territorial desigual que creaba agravios entre los distintos pueblos. Tras las protestas de Andalucía, se resolvió con la extensión del autogobierno y, aunque se generalizaron las competencias, lo que nunca ha llegado a consolidarse ha sido un modelo de financiación autonómica estable, satisfactorio y alejado de la arbitrariedad y el sectarismo.

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El conflicto de Cataluña ha derivado, quizás inevitablemente, en un debate sobre el concierto y el cupo vascos, también sobre el convenio navarro, y lo que ya forma parte de la campaña electoral de Cataluña es la exigencia de un sistema similar para “la recaudación y gestión de todos los impuestos que pagamos en Cataluña”, como reclaman los socialistas de Iceta. La reacción contraria, o por lo menos recelosa, del resto de dirigentes políticos regionales ya ha estallado, con lo que se vuelve al mismo círculo vicioso de hace 40 años: ¿cómo se hace para satisfacer las exigencias de mayor autogobierno del País Vasco y Cataluña sin crear agravios en las demás autonomías?

Desde hace meses, los dirigentes de Podemos en Andalucía tienen en su web un manifiesto que recupera un lema que estaba olvidado: “Andalucía tiene derecho a la autonomía política porque millones de andaluces y andaluzas inundaron las calles un 4 de diciembre de 1977. Aquel día, el pueblo andaluz exigió el derecho a decidir su futuro, anticipándose a la propia Constitución. Andalucía quería ser como la que más, no como las demás (…) Por ello hoy, los andaluces y las andaluzas manifestamos nuestras legítimas aspiraciones: Andalucía, como la que más”. ¿No fue acaso aquella reivindicación, extendida luego por toda España, la que se solucionó con la fórmula del ‘café para todos’? Y más allá aún: si nadie está dispuesto, legítimamente, a renunciar al ‘café para todos’, ¿se puede encontrar una salida para el conflicto de Cataluña?

El conflicto de Cataluña ha derivado, quizás inevitablemente, en un debate sobre el concierto y el cupo vascos, también sobre el convenio navarro

“Lo que está en peligro es la igualdad real de todos los ciudadanos en España y el sentimiento de agravio ya está en la calle”, dijo ayer mismo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que, como ya se apuntó aquí, solo le faltaba para envolverse en la bandera andaluza perder las elecciones primarias en el PSOE y que Podemos se apoderase de los lemas andalucistas de la Transición. A su lado, Rafael Escuredo, primer presidente de Andalucía, fue más lejos: el Estado del bienestar que existe en España se sustenta en las autonomías, y si se generaliza a Cataluña el sistema de concierto económico, no hay dinero para financiarlo. “Tienes que coger la bandera —añadió Escuredo— porque ahora os corresponde a los jóvenes levantar otra vez la bandera de la defensa de Andalucía”. En esas estamos. Coge la bandera, sácala del baúl, porque hemos retrocedido 40 años.