Presos políticos de los ERE

esde los albores del proceso judicial, el PSOE ha considerado a los encausados de los ERE unos presos políticos. No lo decían así, con esa literalidad, como hacen los independentistas catalanes con los ‘rebeldes de octubre’ que están o han pasado por la prisión preventiva, pero descalificaban el proceso judicial con los mismos argumentos, lo que, a los efectos de ataque a la Justicia, viene a ser lo mismo. “Es un represaliado político, víctima de una campaña de descrédito, de acoso y derribo por parte de la derecha más reaccionaria”, llegó a afirmar en 2012 el PSOE de Cádiz en defensa del exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, cuando ingresó en prisión preventiva por orden de la juez Mercedes Alaya, instructora del procedimiento y centro de diana de todas las iras socialistas.

Las acusaciones, directas o soterradas, de que Mercedes Alaya dictaba sus autos judiciales en consonancia con el interés electoral del Partido Popular, y en contra siempre del Partido Socialista, han sido una constante en los más de siete años que ha durado el proceso judicial que ahora llega a la vista oral con los 22 primeros procesados sentados en el banquillo de los acusados. En el colmo de la obscenidad, a Mercedes Alaya la llegaron a difamar los dirigentes socialistas hasta con la propagación de rumores de supuestas relaciones de cama para desacreditar su instrucción implacable del escándalo de los ERE.

En el colmo de la obscenidad, a Ayala la llegaron a difamar hasta con la propagación de rumores de supuestas relaciones de cama

De la misma forma que, en Cataluña, resulta grosera y falaz, además de frívola, cualquier consideración de los independentistas como ‘presos políticos’, en Andalucía la descalificación del proceso de los ERE con esos mismos argumentos solo se entiende por el ataque de ira de quien había manejado la comunidad como un cortijo. De hecho, si algo hay en común en esos dos procedimientos tal distintos, tan alejados, es, precisamente, el desastre al que se ve abocado un dirigente político cuando le ciega la soberbia y la prepotencia; la falsa inmunidad de sentirse intocable por la fuerza de los votos.

La soberbia y la prepotencia son las dos razones que explican el fraude de los ERE; dos vicios políticos graves y comunes cuya existencia no se pondrá en cuestión por el resultado final del proceso judicial que, como se viene advirtiendo aquí desde hace años, es posible que acabe en un bluf penal. Lo que sí tiene de político el procesamiento de los ERE es que enjuicia una forma de gobernar chapucera, arbitraria e interesada. Es la hegemonía política ejercida como un régimen clientelar, sectario y privativo para quienes formaban parte de la estructura de poder en todos sus escalafones.

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Esta primera pieza separada del ‘macro caso’ de los ERE, con alrededor de trescientos imputados, sienta en el banquillo, de hecho, a lo que Mercedes Alaya consideró en su día como la ‘rama política del escándalo’. En su interpretación de lo sucedido, todo se debe al uso ilegal e ilegítimo de los fondos públicos de los que disponía la Junta de Andalucía para el fomento del empleo, en total 741 millones de euros distribuidos en una década, desde 2001 hasta 2011. Despilfarro de los fondos públicos destinados a mitigar el paro en la región con mayor desempleo de Europa, lo cual constituye una agravante social y política más, si se quiere. Según Alaya, lo que hizo el Gobierno socialista andaluz fue crear, con ese dinero, un ‘doble negocio’, como llegó a deslizar en muchos de sus autos, siempre descarnados y contundente. El primer ‘negocio’ consistía en el ‘saqueo’ de los fondos públicos, a través del denominado ‘fondo de reptiles’, y el segundo ‘negocio’ estaba dirigido a la creación de una ‘red clientelar’.

Los que se beneficiaban del primer negocio eran todos aquellos que actuaban de intermediarios en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo que financiaba la Junta de Andalucía, ya fueran agencias de gestión, sindicatos o meros comisionistas. En el segundo ‘negocio’, la ‘red clientelar’, entrarían las personas directamente beneficiadas, ya fueran algunos empresarios favorecidos con esas subvenciones o los 6.000 trabajadores que recibieron las ayudas al desempleo o las prejubilaciones. La diferencia entre estos últimos es que mientras que los primeros sí están en la causa, a los trabajadores beneficiados por los 741 millones de los ERE nadie les reclama nada, salvo a aquellos que se demostró que eran ‘intrusos’ porque nunca habían trabado en esas empresas.

A los trabajadores beneficiados por los 741 millones de los ERE nadie les reclama nada, salvo a aquellos que se demostró que eran ‘intrusos’

La jueza Mercedes Alaya siempre construyó la instrucción sobre la imagen gráfica de una pirámide, en la cúspide los dirigentes políticos de la Junta de Andalucía y en la base, los miles de trabajadores beneficiados; entre esos dos estratos, todos los demás niveles de intermediarios, comisionistas y simples aprovechados. Sólo cuando se contempla la pirámide con perspectiva, con la distancia adecuada, se puede entender el objetivo ultimo de la ‘construcción’: el mantenimiento del poder en Andalucía. Y es por ese motivo por el que, también desde el principio, los dirigentes socialistas tienen serias dificultades para reconocer el fraude de los ERE como un escándalo político. Como han insistido en multitud de ocasiones, en este proceso judicial no se juzga a ningún dirigente socialista por haber metido la mano en la caja, a diferencia de los procesos que afectan a exdirigentes del Partido Popular, como la Gürtel o la Púnica.

“Chaves y Griñán son dos personas honestas, que no se han llevado ni un céntimo, no tienen dinero en paraísos fiscales, y el fraude, si ha existido, ha sido contra la Junta de Andalucía”, suelen repetir los portavoces socialistas. Y es cierto. Sólo que si el fraude de los ERE es un escándalo mayúsculo es por una circunstancia más intangible que un maletín con un millón de euros escondido en el armario: son las oportunidades perdidas en una tierra como Andalucía. Ese es el despilfarro real que siempre será incalculable. ¿Qué habría pasado si en vez de pensar en el partido se hubiera pensado en Andalucía; si en vez de fortalecer la estructura clientelar se hubiera fortalecido la estructura económica de Andalucía? La corrupción de un político no está limitada por la apropiación indebida y el tráfico de influencias; a veces la corrupción en política es un concepto social y moral mucho más extenso que los límites que marca un proceso penal. Pero, bueno, también es verdad que esta es una mentalidad que se mantiene soterrada en los partidos políticos desde los tiempos de Juan Guerra. Ya entonces se escuchaba decir en algunas mesas que ‘robar para el partido no es robar’. En el fondo, siguen pensando lo mismo, lo importante es el poder. Cueste lo que cueste.