Los ERE y la margarita de la corrupción

El PSOE deshoja la margarita de la corrupción y no se aclara, no tiene una decisión, ahora es sí, ahora es no. Van cogiendo pétalos, la tienen en sus manos, y unas veces les sale que sí, y otras les dice que no. ¿Qué fue lo que ocurrió en Sevilla con el escándalo de los ERE, fue o no fue corrupción? Los titubeos han sido tantos, el cinismo ha calado tan hondo, tanto se han enredado en los amagos de condena y las justificaciones de exculpación que ahora la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas desde hace cuatro décadas, hasta se puede quedar fuera del juicio.

Lo que no se puede pretender en un proceso penal es mantener, al mismo tiempo, la acusación y la defensa. Y eso es a lo que ha jugado el PSOE andaluz. Con lo cual, lo que le faltaba a la presidenta Susana Díaz es que después del ‘annus horribilis’ de 2017, este nuevo año comience con un revés judicial que deje a la Junta de Andalucía fuera del proceso de los ERE. ¿Cómo va a repetir otra vez la presidenta que ella es la primera indignada con lo sucedido y que exigirá “responsabilidades hasta el final, caiga quien caiga, para que se devuelva hasta el último céntimo” defraudado? Con el extremo cuidado que ha tenido, desde el principio, para no verse salpicada por el fraude, al final, de tanto deshojar la margarita, Susana Díaz puede caerse de bruces en ese charco en el que ya están todos los demás.

La última palabra está en manos del Tribunal Constitucional y, para explicar cómo ha acabado el PSOE andaluz envuelto en este patético y absurdo enredo, hay que remontarse casi al principio, los primeros pétalos de la margarita. Cuando estalló el escándalo, comenzaron las contradicciones. Superada la primera fase en la que todo consistía en desacreditar el escándalo mismo, “cosa de tres pillos; un chicle que no se puede estirar más”, Manuel Chaves y José Antonio Griñán empezaron a zancadillearse con sus argumentos. Lo que decía Chaves, la explicación que le daba a todo lo sucedido, es que él era el primer sorprendido por el escándalo. “Me he enterado por la prensa”, dijo en su línea de ‘el imperturbable hombre que nunca sabía nada’.

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Lo único que ha añadido siempre es que, en cualquier caso, sus gobiernos, a lo largo de casi dos décadas, jamás han actuado mal: “La gestión ha sido positiva, razonable, útil y eficaz (…) Si ha habido fraude, ha sido muy pequeño y contra la Junta de Andalucía”. El argumento se lo desmontó su predecesor, José Antonio Griñán, cuando dijo, en su comparecencia ante el Tribunal Supremo, que se había cometido “un gran fraude”, “una barbaridad” por la inmensa cantidad de “ayudas concedidas de forma aleatoria y sin control que merecen una responsabilidad política e incluso penal”. Evidentemente, luego añadió que su actuación como consejero de Hacienda y luego como presidente había sido “irreprochable”. Y como Chaves, sostenía que la principal víctima era la propia Administración andaluza.

Con esos mimbres, lo que intentó Susana Díaz es tejer un cesto que le sirviera, al mismo tiempo, para defender a Chaves y a Griñán, y para acusar a otros que estaban bajo su mando, sentados en el mismo Consejo de Gobierno. Es decir, tenía que defender la inocencia absoluta de ambos, pero no podía negar la existencia del fraude ni renunciar al discurso de víctima y de justiciera: “Devolverán hasta el último céntimo”. Es sabido que en los cestos no se puede guardar el agua y en los procesos penales la indefinición, las dudas y las contradicciones son volubles como el agua. Y el problema se produjo cuando, al dividirse la causa, se aglutinó a todos los responsables políticos en una misma pieza, la llamada ‘pieza política’ que ha sido la primera que ha llegado a la vista oral. ¿Y qué hacer si, en esa pieza, están Chaves y Griñán, a los que considera inocentes, pero también otros dirigentes políticos, a los que considera culpables? ¿Y cómo justificar que en el fraude de los ERE no había una ‘trama política’ y acusar luego a algunos responsables políticos?

Díaz tenía que defender la inocencia absoluta de ambos, pero no podía negar la existencia del fraude ni renunciar al discurso de víctima y de justiciera

Hace más de un año, lo que decidieron los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía fue retirar la acusación en esa pieza política y pedir el archivo de esa parte, con la idea de descargar toda la acusación más adelante, en las otras piezas (hasta 160) en las que sí están imputados los responsables políticos a los que señala como culpables, pero ni Chaves ni Griñán. Lo que no esperaban ni los letrados de la Junta de Andalucía ni Susana Díaz es que, con posterioridad, la Audiencia de Sevilla iba a decidir que, siguiendo el principio penal de ‘non bis in idem’ (no se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos), todos los responsables políticos se iban a sentar una sola vez en el banquillo, solo en el procedimiento del que la Junta de Andalucía decidió retirarse. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a seguir diciendo Susana Díaz que persigue el fraude, si se le ha venido abajo toda la estrategia judicial?

¿Cómo seguir defendiendo sus derechos como acusación particular si quien se considera víctima principal ha decidido excluirse y solicitar el archivo?

En noviembre pasado, los servicios jurídicos pidieron amparo al Tribunal Constitucional al entender que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva como acusación particular. Para justificar su petición, han acabado incluso asumiendo algo que procuraban eludir antes, que la corrupción de los ERE puede quedar impune si no se les permite actuar contra los responsables políticos a los que sí señala como responsables del “enorme quebranto a la Hacienda pública”. Pero ¿cómo seguir defendiendo sus derechos como acusación particular si, en el primer juicio de los ERE que se celebra, quien se considera víctima principal ha decidido excluirse y solicitar el archivo?

En todos estos años, varios autos judiciales han censurado "las contradicciones" en las que incurría la defensa de la Junta de Andalucía, el imposible penal de acusar y defender al mismo tiempo. “Su estrategia es más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía", llegó a escribir en un auto la jueza Alaya con su habitual rudeza. Así que lo normal es que ocurriera esto, que la margarita se quedara sin pétalos y que Susana Díaz, con el tallo en la mano, mandara a sus abogados al Tribunal Constitucional para que no la engulla ese enorme cenagal que fueron los ERE de sus mayores.