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La transparencia de Susana Díaz
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Javier Caraballo

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La transparencia de Susana Díaz

La transparencia de la gestión pública en Andalucía se ha convertido en una estafa consumada con algunos hitos notables en autoritarismo

Foto: La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)
La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)

Una promesa de transparencia en política es un oxímoron desvergonzado. Cuando Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, una de las parrafadas más grandes se la dedicó a la transparencia, abrir ventanas y dejar que entre un aire nuevo… Lo dijo así: “Nos proponemos que la transparencia sea el principio rector del funcionamiento de la Administración, aprovechando sin titubeos todas las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (…) En el tiempo nuevo que les propongo inaugurar, el ‘gobernar para los ciudadanos’ debe ser sustituido por el ‘gobernar con los ciudadanos’. Si consigo la confianza de la Cámara, asumiré el reto de construir un Gobierno abierto para Andalucía”.

Era el otoño de 2013 y en el mucho tiempo transcurrido, la transparencia de la gestión pública en Andalucía se ha convertido en una estafa consumada con algunos hitos notables en autoritarismo a los que no había llegado el PSOE andaluz ni siquiera en los tiempos en los que gobernaba la comunidad con sucesivas mayorías absolutas. Por ejemplo, fulminar a la mayoría del Consejo Consultivo después de que cometieran ‘la impertinencia’ de afearle jurídicamente la ilegalidad de algunas de las normas que pensaba aprobar. O saltarse el pacto que mantiene suscrito con Ciudadanos para combatir la corrupción, que debe ser que no se considera de aplicación en la trama política de los ERE, la que afecta a Chaves y a Griñán. Hay más, pero vamos por partes.

Lo más llamativo de los incumplimientos de transparencia es que, paradójicamente, a quien suele dejar muy mal es al socio de gobierno con quien se compromete, porque el personal, que ya anda escarmentado, al final solo se queda con la imagen del ridículo hecho por quien resultó engañado.

Uno de los censores más agrios de Susana Díaz es el líder regional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que no para de repetir que “no es de fiar”

Los primeros que se sintieron estafados por las promesas incumplidas de transparencia de Susana Díaz fueron sus antiguos socios de Izquierda Unida, a los que dejó plantados en medio de la legislatura anterior con casi todo el pacto por cumplir. Tan mal acabó aquel acuerdo de gobierno que, ahora, uno de los censores más agrios de Susana Díaz es el líder regional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que no para de repetir que “Susana Díaz no es de fiar”.

En uno de los últimos debates del Parlamento andaluz, Maíllo se sofocó tanto que le dijo: “No deja que crezca la hierba, solo le gustan las puñaladas, los derrocamientos, las peleas, el malmeter, es la 'hooligan' del cole: pinchando todo el día con el bolígrafo y cuando saltamos es que se meten conmigo. Aburre, señora Díaz, no sabe cuánto. Representa la síntesis de lo peor de la política de este país”.

Muchas veces se ha dicho que Susana Díaz es una ‘killer’ de la política y eso es, en definitiva, de lo que se quejaba Maíllo por su propia experiencia vivida. Pero hay ejemplos mejores. En diciembre pasado, el Consejo Consultivo de Andalucía, que como todos los órganos de esta naturaleza emite informes sobre los proyectos de ley, elaboró un dictamen demoledor sobre una de las leyes que pensaba aprobar el Gobierno de Susana Díaz y que ella misma califica como ‘ley estrella’: la Ley de Formación Profesional.

Por sorpresa, sin hablar con nadie, ni comunicar nada al Parlamento, fulminó a todos los consejeros que no tuvieran una vinculación directa con el PSOE

El Gobierno andaluz llevaba casi cuatro años elaborando ese proyecto de ley y, cuando finalmente lo envió al Consejo Consultivo, le encontraron tantos defectos, tantas cosas había que suprimir, que lo ha invalidado por completo; vuelta a empezar, con lo que la ‘ley estrella’ no se espera hasta 2020. Como quiera que ese dictamen demoledor se sumaba a otros similares, varios consecutivos, Susana Díaz se decidió a tomar medidas para que no volviera a ocurrir. Por sorpresa, sin hablar con nadie, ni comunicar nada al Parlamento, fulminó a todos los consejeros que no tuvieran una vinculación directa con el PSOE o que estuvieran allí por el cargo institucional que ocupan, como la Fiscalía del TSJA. En el lugar de los cesados, colocó a gente de confianza, como María del Mar Moreno, que lo ha sido todo en Andalucía, consejera del Gobierno varias veces, número dos del PSOE-A y presidenta del Parlamento andaluz.

Ninguno de sus predecesores se había atrevido a una actuación así, y es probable que nadie en cualquier otra autonomía, y menos aún en el Estado, se arriesgara a hacerlo; pero Susana Díaz, sí. ¿Transparencia? Desde luego, dirá lo que quiera la oposición, pero nada hay más transparente que actuar de esa forma, con ese desahogo.

Unos días antes de la purga del Consejo Consultivo, y en el mismo sentido, otro mal ejemplo de transparencia, este en sentido literal: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Gobierno andaluz por incumplir sus propias normas de transparencia y las del Estado también. Fue por una antigua reclamación de una asociación de profesores, la APIA, que pedía que se les comunicara cuáles eran los planes de actuación de la inspección en centros de secundaria en la provincia de Sevilla. Como no se los entregaban —los profesores piensan que, en realidad, es que no existen, que se actúa arbitrariamente o no se actúa—, la sentencia le obliga a entregarlos y recuerda, además, que se trata de información pública, que no se puede ocultar.

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía. (EFE)

El último damnificado ha sido el socio protector de Susana Díaz en la actualidad, el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín. Igual que le ocurre a Rivera en el Congreso con los incumplimientos de Rajoy en el pacto firmado, los diputados andaluces de Ciudadanos tienen la fundada sospecha de que Susana Díaz no les está contando toda la verdad con el proceso judicial de los ERE.

En el pacto que firmaron en 2015, por el que Susana Díaz alcanzó la presidencia, los socialistas andaluces se comprometieron con Ciudadanos a lo siguiente: “La Junta de Andalucía colaborará en las investigaciones judiciales y policiales que se puedan llevar a cabo sobre presuntos actos de corrupción cometidos por personal al servicio de la propia Junta de Andalucía. Asimismo, se personará en los procesos judiciales por corrupción cuando pueda existir menoscabo para la Hacienda pública de la Junta de Andalucía”.

Pero no es eso lo que ha ocurrido en el mayor fraude cometido contra la Hacienda andaluza. Lo primero que vulneró ese acuerdo fue la decisión de la Junta de Andalucía de retirarse como acusación, y solicitar el archivo, de la llamada ‘pieza política’ de los ERE, la que afecta, entre otros muchos, a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán. La sospecha ahora de Ciudadanos es que no solo se ha retirado, sino que, además, la Junta está pagando la defensa de esos acusados en los ERE. “Si es dinero público y se está pagando, tendrá que decirlo y explicar el porqué. Lo que no se puede negar la Junta es a dar esa información”, dice el portavoz andaluz de Ciudadanos. Y, de forma ingenua, añade: “Se le hace un flaco favor al objetivo de contar con una Administración más transparente”. En fin, lo dicho: ¿habrá algo más claro y transparente que esa forma de gobernar?

Una promesa de transparencia en política es un oxímoron desvergonzado. Cuando Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, una de las parrafadas más grandes se la dedicó a la transparencia, abrir ventanas y dejar que entre un aire nuevo… Lo dijo así: “Nos proponemos que la transparencia sea el principio rector del funcionamiento de la Administración, aprovechando sin titubeos todas las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (…) En el tiempo nuevo que les propongo inaugurar, el ‘gobernar para los ciudadanos’ debe ser sustituido por el ‘gobernar con los ciudadanos’. Si consigo la confianza de la Cámara, asumiré el reto de construir un Gobierno abierto para Andalucía”.

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