Los derechos de Gabriel Cruz, el 'pescaíto' muerto

Los padres del pequeño almeriense exigen el derecho a ser ellos quienes representen a su hijo en el juicio contra la mujer acusada de asesinarlo

Foto: Los padres de Gabriel Cruz durante una rueda de prensa. (EFE)
Los padres de Gabriel Cruz durante una rueda de prensa. (EFE)

La última vez que Patricia Ramírez le escribió una carta a su hijo muerto, asesinado, fue el seis de mayo, en el día de la madre, y como había hecho antes, se sentía emocionada y agradecida con el apoyo que ha recibido de todo el mundo en España. Es fácil imaginarla, mientras la escribía, llorando de pena con una sonrisa de alegría, como si esa fuera la expresión de la esperanza. "No estoy sola, mi niño, hay mucha buena gente que nos ayuda desde diferentes lugares, te ayudan a ti y así nos protegen a todos. Seguro que después de todo lo que te he contado ya no te extraña que se escuche tanto la canción de 'Girasoles'. Queda tranquilo y descansa. Está todo bien y mañana será un buen día, mi niño. Nos vemos en nuestros sueños".


Esa iba a ser la última vez que Patricia agradecía las muestras de apoyo sin hacer distinciones; poco después escribió otra carta pidiendo que se vayan del proceso penal las dos acusaciones populares que se han personado, sin permiso ni consentimiento de la familia. Los padres del pequeño Gabriel, el 'pescaíto' muerto, exigen el derecho a ser ellos quienes representen a su hijo en el juicio contra la mujer acusada de asesinarlo y las asociaciones que se han presentado reclaman su derecho constitucional a estar presentes en la acusación, aunque nadie se lo haya solicitado, porque dicen defender derechos generales, no solo los particulares.

Si en todos estos años de democracia, la acusación popular ha chirriado en varios procesos, es ahora, con este juicio por la terrible muerte del niño Gabriel, cuando debería sentar de nuevo a los legisladores para ponerle límites claros a esta peculiaridad del sistema penal español. Que se empiece a hablar de la 'doctrina Gabriel', por lo menos como se habla de la 'doctrina Botín', y esa será otra manera más de que una muerte tan trágica acabe transformándose en una lección de sensatez, de humanidad y de respeto, como ha ocurrido hasta ahora con el ejemplo que han dado sus familiares.

La acción popular, que es como se denomina a la acusación popular en el artículo 125 de la Constitución Española, es una herencia histórica de nuestro ordenamiento jurídico que no tiene precedentes en el resto de países europeos. Surgió con la Constitución de 1812, que como tantas cosas en España, donde menos utilidad tuvo fue aquí, que duró solo seis años, mientras que sirvió de modelo e inspiración en el resto del mundo. Entre los rasgos de apertura que supuso aquella Constitución, se incluía la posibilidad de que los ciudadanos participasen activamente de la Justicia; ahí nace la acción popular que luego se retomará en la Segunda República y en la Constitución actual, tras la muerte del dictador. Pero una cosa son las intenciones y otra su plasmación en la realidad: la verdad, tras cuarenta años de experiencia, es que ni el jurado popular ni las acusaciones populares están exentos de críticas.

En el caso de la acción popular, la primera polémica surgió cuando un poderoso banquero, Emilio Botín, se estaba viendo abocado a sentarse en el banquillo de los acusados a pesar de que, previamente, ya se había encargado de pactar la retirada de la acusación particular y del Ministerio Fiscal, que es una salida lógica y aceptable en cualquier proceso penal. Entonces, el Tribunal Supremo decidió que si la acusación particular, que representa a los afectados, y el Ministerio Público, que representa el interés general, deciden no acusar, un juicio no puede seguir adelante solo con la acusación de un tercero, como la acusación popular, que no está vinculado directamente al proceso. Esa misma polémica volvió a plantearse en el caso Noos, pero en este caso la infanta Cristina tuvo que sentarse en el banquillo aunque ni el fiscal ni la acusación particular, que era la Agencia Tributaria, la acusaban; Manos Limpias, a pesar de las cosas que se han sabido y se saben de ese falso sindicato, ejercía la acusación popular y consiguió su objetivo.

Francisco Torres, abogado de la familia de Gabriel Cruz. (EFE)
Francisco Torres, abogado de la familia de Gabriel Cruz. (EFE)

El caso de Gabriel es distinto, porque apela más a la dignidad de las personas, a la memoria de los muertos y a la repulsión que le produce a mucha gente la indeseable espiral de juicios paralelos y morbo televisado. "Todo no vale, los principios éticos y morales han de estar siempre presentes como estandarte en esta sociedad. Hay debates que deben hacerse en el juzgado, no en la televisión. Fue un brutal asesinato, pero permítannos dejar en la intimidad los detalles que puedan dañar su imagen y nuestra alma y la de mucha gente", ha dicho Patricia, la madre del pobre Gabriel, en otra demostración sublime de sensatez cuando conoció que dos asociaciones se habían registrado como acusaciones populares y que el juez las había admitido.

"Difícilmente nos podemos sentir representados por estas dos iniciativas desconociendo además cuáles son sus intenciones o su posicionamiento", lamentaba Patricia cuando recordaba que ni siquiera se habían puesto en contacto con ellos: "Si hubieran pretendido ayudarnos, la vía esperable hubiese sido comunicarse con nosotros y con nuestro abogado". Una de las acusaciones populares, la que ejercía la Asociación Andaluza de Estudios Penales, ha decidido retirarse, en atención a la petición de la madre de Gabriel, pero la Asociación Clara Campoamor, que es la segunda, ha replicado diciendo que se mantendrá en el caso. "Yo no entro ni salgo en las familias, como asociación solo quiero evitar que otro niño pase por lo que ha pasado Gabriel", ha contestado la presidenta de esa asociación, Blanca Estrella Ruiz.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y los padres del menor, Gabriel Cruz, Patricia Ramírez y Ángel Cruz. (EFE)
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y los padres del menor, Gabriel Cruz, Patricia Ramírez y Ángel Cruz. (EFE)

Ni Botín, ni la Infanta Cristina ni Baltasar Garzón, que también pasó por ese trámite; es ahora, con el pequeño Gabriel, cuando la peculiaridad española de las acusaciones populares se enfrentan a su lado más grotesco o inexplicable. Por buenas que sean las intenciones de las asociaciones que se personan en un juicio ejerciendo la acción popular, prescindiendo incluso de aquellos que lo utilizan con intereses espurios, en un juicio como el del pequeño Gabriel los deseos de la familia que ha sufrido esa enorme tragedia deben estar por encima de cualquier otra pretensión. La memoria de Gabriel es lo único que les queda a sus padres, lo único que no les ha sido arrebatado, y son ellos los exclusivos poseedores del derecho a representarla. Y poder cerrar los ojos cada noche, antes de dormir, para repetirse en voz bajita: "Queda tranquilo y descansa. Está todo bien y mañana será un buen día, mi niño. Nos vemos en nuestros sueños".

Matacán

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