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SOS de fiscales y jueces catalanes
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Javier Caraballo

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SOS de fiscales y jueces catalanes

Será fácil concluir que lo único que no se puede admitir, otra vez, es que el Ministerio de Justicia haga oídos sordos a las llamadas de auxilio que le llegan desde la judicatura

Foto: La Justicia y la estelada.
La Justicia y la estelada.

Si el único muro que ha frenado el avance independentista ha sido la Justicia española, el tercer pilar del Estado, la alerta que ya han lanzado desde Cataluña jueces y fiscales debería encenderse en toda España de forma inmediata, como una alarma que no se puede ignorar. “Como no se le ponga remedio, en pocos años el independentismo se habrá hecho con la Justicia en Cataluña por la vía de los hechos”, afirman. Se trata solo de esperar y no hacer nada, mantenerse de brazos cruzados como ha ocurrido en todos los demás frentes, político y legislativo, hasta que, el otoño pasado, la situación se desbordó y alcanzó la gravedad de un golpe de Estado, el más grave que ha sufrido la democracia española en sus 40 años de existencia. Precisamente porque conocemos las consecuencias de la inacción, será fácil concluir que lo único que no se puede admitir, otra vez, es que el Ministerio de Justicia haga oídos sordos a las llamadas de auxilio que le llegan desde la judicatura. Y eso es lo que está ocurriendo.

Según la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, fiscal de Barcelona, en el caso de los fiscales, la señal de alarma se ha encendido cuando se ha convocado un concurso de traslados que, por un acuerdo interno, es un concurso ‘a resultas’ en el que los fiscales expresan su interés por cambiar de plaza a la espera de que, formalmente, se sepa cuánta disponibilidad existe en toda España. Es decir, se convoca el concurso, los fiscales que lo desean solicitan traslado, pero los cambios no se aprueban hasta que se conocen las plazas que hay disponibles.

Como no se le ponga remedio, en pocos años el independentismo se habrá hecho con la Justicia en Cataluña por la vía de los hechos

“Lo que nos ha salvado —explica Cristina Dexeus a El Confidencial— es que solo han quedado disponibles 13 plazas en toda España, porque apenas hay cambios ni ampliaciones en la plantilla. Pero sí nos ha servido para ofrecernos un mapa del problema: gente consolidada en Cataluña como fiscales, con hijos mayores y una vida asentada, han solicitado el traslado, aun sabiendo que era muy difícil que pudiera hacerse realidad. Con lo cual, lo que está claro es que en cuanto se puedan ir, se van. El año que en vez de solo 13 plazas en toda España haya 70, ahí estará el problema”.

No es solo una hipótesis de futuro, porque los efectos del aumento de fiscales independentistas ya son una realidad palpable. Si existen fiscales sustitutos independentistas, es también una consecuencia de lo que, desde hace años, vienen sembrando los nacionalistas catalanes con el consentimiento del Gobierno de España. “Los fiscales sustitutos no son fiscales de carrera —explica Cristina Dexeus—, se trata de personas que tienen la carrera de Derecho y reúnen algunos méritos. En el caso de Cataluña, como se ha estado cediendo siempre a las peticiones nacionalistas, la mayor puntuación para esas plazas se obtiene con un nivel elevado de conocimiento del catalán o del derecho foral catalán, que es algo que a los fiscales no nos sirve de nada. Pero como siempre se ha estado cediendo, el resultado es este, un sistema que favorece que a la Fiscalía llegue gente con el carné independentista en la boca”.

En el caso de los jueces, la consolidación de una plantilla de jueces independentistas también es ya una amenaza real que se ha plasmado en la creación, a principios de año, de una asociación de jueces, Ágora Judicial, contraria al procesamiento de los políticos que participaron en la revuelta de septiembre y octubre. Francisco Gutiérrez, magistrado de Sevilla, miembro de Foro Judicial Independiente, que participa en la mesa de negociación con el Ministerio de Justicia, al igual que la fiscal Dexeus, ratifica “la especial peligrosidad de lo que está ocurriendo”. “Artur Mas ya lo dijo en octubre pasado: ‘Si no tenemos independencia, es porque no controlamos el poder judicial’. Es decir, que los independentistas son conscientes de la situación y lo que están haciendo es cambiarla. Poco a poco lo van consiguiendo, porque hay mucha gente allí que está deseando irse. Es un goteo incesante, jueces y fiscales, pero también registradores y notarios. ¿Qué hace un joven de menos de 30 años que llega al juzgado de un pueblo y, desde el minuto uno, siente la presión con pintadas, comentarios, acoso?... Eso ya lo hemos vivido en el País Vasco y ocurre ahora en Cataluña. Cobran poco dinero, menos que los funcionarios autonómicos, y encima tienen que soportar un entorno muy hostil, con un acoso constante. Si ni se toman medidas, en 10 años el colectivo de jueces de Cataluña será mayoritariamente independentista”.

Foto: Puigdemont posa en su residencia temporal de Berlín. (EFE)

Esa equiparación con el País Vasco y Navarra es lo que ha llevado a la totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales a exigir al Ministerio de Justicia que adopte medidas y que comience por la aprobación de un ‘complemento de penosidad’ en los salarios, como ocurre en esas dos autonomías desde la amenaza terrorista. “En 15 años —dice el representante de Foro Judicial Independiente— no solo no se han mejorado las condiciones salariales de la Justicia, sino que se han bajado. La carrera judicial tiene en este momento un grave problema de estancamiento y desmotivación, y eso, que es un problema general, se convierte en una pesadilla en situaciones como la de Cataluña. Por eso es urgente atajarlo, porque es un problema de Estado, no una reivindicación de un colectivo profesional”.

Y a todo esto, ¿qué responden el Gobierno de España y el ministro de Justicia? Nada, silencio. “Al menos en dos ocasiones, le he preguntado al ministro en esas reuniones: ‘¿Tenéis algún tipo de estrategia para afrontar lo que está pasando con la Justicia en Cataluña?, ¿tenéis algo pensado? Porque la gente se está yendo…’. Pero no, no hay ni siquiera un guiño de respuesta”, afirma la presidenta de la Asociación de Fiscales. “El Gobierno no contesta, no dice nada; es más, yo creo que ni siquiera se preocupa”, remarca el magistrado Francisco Gutiérrez, y plantea un símil esclarecedor: “Cuando han hecho falta policías, se han enviado, pero con la Justicia no puede hacer lo mismo, no puede fletar un ‘piolín’ y meter a 200 o 300 jueces y fiscales en un barco para convocar juicios. Repito: es un problema de Estado y tendría que ser el Ministerio de Justicia el que entendiera la emergencia, el que comience a tomar medidas, refuerzos, incentivos, planificación… Pero nada, ni siquiera les preocupa”.

Si el único muro que ha frenado el avance independentista ha sido la Justicia española, el tercer pilar del Estado, la alerta que ya han lanzado desde Cataluña jueces y fiscales debería encenderse en toda España de forma inmediata, como una alarma que no se puede ignorar. “Como no se le ponga remedio, en pocos años el independentismo se habrá hecho con la Justicia en Cataluña por la vía de los hechos”, afirman. Se trata solo de esperar y no hacer nada, mantenerse de brazos cruzados como ha ocurrido en todos los demás frentes, político y legislativo, hasta que, el otoño pasado, la situación se desbordó y alcanzó la gravedad de un golpe de Estado, el más grave que ha sufrido la democracia española en sus 40 años de existencia. Precisamente porque conocemos las consecuencias de la inacción, será fácil concluir que lo único que no se puede admitir, otra vez, es que el Ministerio de Justicia haga oídos sordos a las llamadas de auxilio que le llegan desde la judicatura. Y eso es lo que está ocurriendo.

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