El caso de corrupción más extraño del mundo

Tomás Olivo tiene dos caras ante la Justicia, víctima y delincuente, y por eso su caso de corrupción es el más extraño del mundo. Por las mismas obras, las de un centro comercial en Granada, ha sido condenado a cárcel y ha tenido que ser indemnizado. En un juzgado le obligaron a paralizar las obras del centro comercial porque, como se demostró luego, eran ilegales, invadían terrenos protegidos, y en otro juzgado le han otorgado una indemnización de casi 166 millones de euros para compensarlo por los daños causados por la paralización de esas obras.

Es como si en España funcionaran dos justicias en paralelo, una que persigue y condena los casos de corrupción y otra que protege a los condenados por casos de corrupción.

Al constructor condenado por el caso Nevada lo van a tener que indemnizar con más dinero del que se defraudó en los ERE o en la Gürtel

Como si, ahora, Francisco Correa exige una indemnización por el cierre de sus empresas debido a su prolongada estancia en la cárcel desde que estalló el caso Gürtel y se lo conceden, una indemnización por daños y perjuicios. La comparación, además, no es baladí porque el caso Nevada, que es como se denomina este extravagante proceso, va a costarle a las arcas públicas más dinero que, por ejemplo, el fraude estimado en la Gürtel, que se cifró en 120 millones de euros: el importe de los contratos públicos adjudicados a las empresas de la trama. Incluso más que el escándalo de los ERE, en el que el montante de los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2011 ascienden a 136 millones de euros (no se incluyen en esa cantidad los más de seiscientos millones de euros que se destinaron a las prejubilaciones que siguen cobrando los trabajadores, al margen de que esos expedientes fueran aprobados de forma irregular). Así, que completemos el enunciado: al constructor condenado por el caso Nevada lo van a tener que indemnizar con más dinero del que se defraudó en los ERE o en la Gürtel.

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¿Es esa la demostración de que la Justicia española es un cachondeo? Si lo que se analiza es, estrictamente, el resultado de este proceso judicial, no hay duda alguna, pero cuando se profundiza lo que se demuestra con esa doble sentencia contradictoria es que la Junta de Andalucía es un cachondeo. Que piensen bien los andaluces en lo que ha ocurrido porque, al final, son ellos los condenados a pagar por un caso de corrupción del que, quizá, ni siquiera habían oído hablar. El escándalo se produce en Armilla, una localidad del área metropolitana de Granada. Es ahí donde se planifica la construcción de un gran centro comercial, el Centro Comercial Nevada. El impulsor del proyecto es Tomás Olivo, un empresario murciano —procesado y absuelto en el caso Malaya— que en julio de 2017 sorprendió a los medios económicos españoles cuando sacó a Bolsa su inmobiliaria, General de Galerías Comerciales (GGC), valorada en 2.800 millones de euros. Además de este centro de Armilla tiene otros en Almería, Roquetas de Mar, Marbella, Mataró (Barcelona) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). General de Galerías Comerciales es una empresa saneada y con un accionariado exclusivo: el 99,6 por ciento de las acciones son de Tomás Olivo. Además de esos centros comerciales, posee un campo de golf en República Dominicana y numerosas propiedades, inmobiliarias y rústicas, repartidas fundamentalmente por Cataluña y Andalucía.

Las obras del Centro Comercial Nevada se inician en septiembre de 2002 con todos los parabienes legales, el Ayuntamiento de Armilla le concede la licencia y en los reportajes que se publican en los periódicos se comienza a hablar de la enorme importancia del proyecto por los cientos de puestos de trabajo que supondrá para la zona. Pero muy pronto comienzan las sospechas. Como se atestiguará más tarde en la investigación, el centro se construye invadiendo terrenos públicos anexos —accesos, aparcamientos— de una forma tan descarada que, incluso, el Metro de Granada tuvo que modificar su itinerario para esquivar la mole que se estaba construyendo. Hasta cuatro años más tarde no solicita la Junta de Andalucía una revisión de la licencia de obras concedida. Ante el caso omiso del Ayuntamiento —incluso se supo después que se destruyó un informe jurídico que advertía de la ilegalidad—, la Junta de Andalucía inicia a finales de 2006 un procedimiento contencioso administrativo para exigir que se revoque la licencia de obras. Meses más tarde, en enero de 2007, la Fiscalía de Granada inicia otro procedimiento, pero por vía penal, por los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Esa doble vía judicial es la que conduce al absurdo final de este caso. Y ocurre así porque, en la vía penal, son evidentes los delitos cometidos

Esa doble vía judicial es la que conduce al absurdo final de este caso. Y ocurre así porque, en la vía penal, son evidentes los delitos cometidos (Tomás Olivo es condenando a siete meses de prisión, 7.800 euros de multa y otros siete de inhabilitación, al igual que el alcalde y el concejal de Urbanismo, y a demoler una pequeña parte de lo construido, aunque la Fiscalía solicitaba la demolición de todo) mientras que en la vía contencioso administrativa lo que se observa es que es la propia demandante, la Junta de Andalucía, la que ha cometido algunos errores graves que han permitido la construcción del centro comercial. "Sin explicar las causas de su pasividad, la Junta de Andalucía dejó precluir los plazos oportunos para la impugnación, lo que hubiera evitado todo posible perjuicio para el interés público", decía literalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, esa evidencia, ha sido suficiente para que el Tribunal Supremo, ahora, haya condenado al Gobierno andaluz a indemnizar a Tomás Olivo. El constructor cometió una ilegalidad, pero porque las administraciones se lo permitieron.

Ocurre, además, que los olvidos de la Junta de Andalucía son varios y todos ellos determinantes. No es la primera vez que pasa; ya ha habido otros casos de corrupción urbanística en los que los tribunales acaban amonestando al Gobierno andaluz por no haber ejercido a tiempo, en el plazo correcto, su potestad como máxima autoridad urbanística de Andalucía. ¿Cuántos años estuvo Jesús Gil campando a sus anchas en el ordenamiento, sin respetar zonas "azules, verdes o amarillas", como solía decir, sin que actuara el Gobierno andaluz? En el caso de Armilla, la inacción del Gobierno andaluz es más flagrante aún porque se trata de administraciones gobernadas por un mismo partido político y comunicadas entre sí de forma estrecha y permanente: el ayuntamiento de Armilla estaba gobernado por el PSOE; la diputación de Granada, por el PSOE; la delegación provincial, por el PSOE; y el Gobierno autonómico, por el PSOE. ¿Se trata de una triste coincidencia, un mero descuido? No todo el mundo piensa igual; incluso algunas fuentes judiciales sostienen que sería conveniente una investigación policial sobre lo ocurrido. Entre otras cosas, porque la consideración del 'caso de corrupción más extraño del mundo' solo sirve como recurso literario; en el mundo de la corrupción no suelen existir extrañas coincidencias inocentes.