Màxim dimitido

No es que hubiera resuelto finalmente su fraude a la Hacienda pública, es que su conducta era lo suficientemente grave como para presentar la dimisión, como ha ocurrido, o para que lo hayan forzado a ella. Los privilegios de la clase política solo pueden justificarse por la ejemplaridad con la que se ejercen los cargos públicos y, por esa razón, en otros países de nuestro entorno europeo la mentira, la simple mentira, se penaliza con la dimisión. Hace tan solo unos días, en Holanda, la presidenta del partido Izquierda Verde se vio obligada a dimitir, junto a su novio, también diputado, por mentir —¡atención a la mentira!— sobre la fecha en la que comenzaron su relación sentimental; dijeron que iniciaron la relación en abril de 2017 y luego se supo que ya estaban liados desde abril de 2016. El partido lo consideró “un abuso de confianza” y los dos fueron la calle. Una cuestión de ejemplaridad.

La condena del famoso presentador por fraude fiscal lo inhabilitaba para ser ministro de España en un Gobierno que viene a combatir la corrupción, la opacidad y la falta de explicaciones a los ciudadanos. Si Màxim Huerta acabó de resolver su fraude a Hacienda el año pasado, tenía demasiado reciente el pufo como para no haberlo recordado cuando recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreciéndole el Ministerio de Cultura y Deportes. Demasiado reciente para no saberse invalidado para ese cargo en este Gobierno y en las circunstancias políticas actuales. Se trataba, por tanto, de un caso de ocultación premeditada porque, de haberlo comunicado o de haberlo publicado El Confidencial tan solo un mes antes, nunca hubiera formado parte del Gobierno de España. Lo sabe él, lo sabe Pedro Sánchez y lo debe saber todo el Partido Socialista.

De haberlo publicado El Confidencial tan solo un mes antes, nunca hubiera formado parte del Gobierno de España

No es que existieran precedentes inmediatos de dimisiones en política por escándalos de igual o menor envergadura, es que todos estos casos acaban de la misma forma. Cuando se conoció, también por El Confidencial, que el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, andada involucrado en las sociedades opacas que anidan en paraísos fiscales, también su justificación más contundente fue que estaba al día con la Hacienda pública y que no había cometido ningún acto ilegal. Sin embargo, todo el mundo sabía desde el mismo día que se publicó la noticia que Soria acabaría dimitiendo. Bastante soportan ya los españoles con la presión fiscal creciente que se les impone, a veces hasta la asfixia de sus empresas o de sus vidas, como para otorgarle alguna disculpa a quien ha intentado engañar a Hacienda ganando un ‘sueldazo’ todos los meses. Soria acabó dimitiendo, claro, porque eso es lo que sucede en estos casos.

Lo puede explicar con las mismas palabras la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes: la trayectoria que describen estos escándalos es siempre la misma y acaban de la misma forma. Los afectados, el partido y la persona involucrada siempre esperan a que amaine el temporal, que escampe la tormenta, pero son conscientes de que a la mañana siguiente puede publicarse otra revelación, dos cremas robadas hace ocho años, que suponga la dimisión que tendría que haberse adoptado antes y un mayor desgaste político. Por tanto, como ya se conocía el final, como se sabía inevitable, se ha optado por la dimisión inmediata ahora que, por lo menos, todavía puede rentabilizarse como un éxito político. Lo sabe él, lo sabe Pedro Sánchez y lo debe saber todo el Partido Socialista.

Como se conocía el final, como se sabía inevitable, se ha optado por la dimisión inmediata ahora que todavía puede rentabilizarse como un éxito político

No es que el personaje afectado hubiera incurrido en contradicciones con sus declaraciones anteriores, es que también lo había hecho Pedro Sánchez, con lo que la polémica ya afectaba a la credibilidad del propio presidente del Gobierno y lo comprometía igual. Las redes sociales tienen un efecto doble, constructivo y destructivo; es bifronte, la belleza y la maldad, y en cualquiera de los dos casos su efecto es inmediato y exponencial. Nada más publicar El Confidencial los detalles del fraude a Hacienda del ministro de Cultura y Deportes, las redes sociales comenzaron a desenterrar todo lo que el defraudador sostenía cuando estaba defraudando a Hacienda. “No me gusta que dimitan, me gusta que los destituyan; dimitir implica dignidad”. Más: “Estar al día con Hacienda ya no se lleva”. Más: "Presumir de español y pagar impuestos fuera es pornográfico". Y más: "¿Y no os indigna lo que deben los clubes de fútbol a Hacienda y a la Seguridad Social?". Y el remate: “Maradona que pague a Hacienda, como todo el mundo”.

Pero es que, además de lo que dijera Màxim Huerta, resulta que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido de forma inequívoca en el caso de que se le planteara un caso como el de su fugaz ministro de Cultura: “En mi caso, si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona estaría fuera al día siguiente de la ejecutiva. Ese es el compromiso que yo adquiero con los votantes y también con los españoles”. Decir eso y defender luego la continuidad de Màxim Huerta era incompatible con el mantenimiento de la credibilidad como gobernante. Lo sabe él, lo sabe Pedro Sánchez y lo debe saber todo el Partido Socialista.

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No es que existieran razones políticas para exigir la dimisión, es que ha sido la propia clase política, y en especial el Partido Socialista, la que ha impuesto esas normas de ética política para todos los cargos públicos en España. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la moción de censura que ha tumbado a Mariano Rajoy y ha llevado a La Moncloa a Pedro Sánchez? ¿Y qué dijo en ese debate el actual presidente del Gobierno? Rajoy se defendía diciendo que él no estaba imputado en ningún proceso judicial y que, además, la sentencia de la Gürtel no era firme todavía, porque quedaban recursos pendientes. Pero Pedro Sánchez lo tenía claro: “Su sola permanencia en el cargo debilita a la democracia”.

Es la clase política, y en especial el Partido Socialista, la que ha impuesto en España esta vara de medir que prescinde de la presunción de inocencia y actúa como tribunal sumarísimo cada vez que se conoce un caso de corrupción, incluso antes de que se haya juzgado. Lo mismo ocurrió con dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que se les obligó a dimitir porque su implicación en el caso, aun en su fase inicial, era incompatible con “su sola permanencia” en el escaño de diputados. Fue También Pedro Sánchez el que dijo que en España “no puede haber regeneración democrática sin que conozcamos los nombres de los que han defraudado a Hacienda”.

Ahora, es evidente, Màxim Huerta no tenía otra salida distinta a la que ellos mismos han dictado. Lo sabe él, lo sabe Pedro Sánchez y lo debe saber todo el Partido Socialista.