Defensa de la momia de Franco

Explicar y no destruir. Eso es lo que se debe hacer con el Valle de los Caídos y es lo que tendría que hacer el Gobierno antes que meterse en un proceso penal en el que no sería de extrañar que más de uno de los que se sientan en el Consejo de Ministros acabe procesado, o por lo menos aquellos que estampen su firma en la orden de exhumación de los restos de Francisco Franco.

¿Ha calculado Pedro Sánchez que él mismo pueda acabar en un tribunal acusado de prevaricación? ¿Quién se va a atrever a firmar esa orden sin el consentimiento previo de la Iglesia y de la propia familia de Franco? Porque no sería la primera vez que el Tribunal Constitucional tumba un decreto ley porque se olvida lo fundamental: la Constitución solo permite al Gobierno dictar decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad".

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Que no, que no, que la clave de todo está en explicar y no destruir, que fue el consejo que dio hace siete años la Comisión de Expertos que se constituyó para que le buscara una salida democrática, acorde con la memoria histórica y con la necesidad de despojar al dictador de toda gloria en su tumba. De ahí que, en vez de exponerse a incumplir acuerdos protegidos por la Constitución, además de cometer delitos de profanación de tumbas y templos sagrados, lo suyo sería convertir el Valle de los Caídos en un lugar turístico. Como lo oyen. Y si pudiera ser con la momia de Franco en una vitrina, como la de Lenin en Moscú, mejor.

Nada de escandalizarse, que todo esto se sugiere con el mayor de los respetos a la memoria de sangre y de muerte de la Guerra Civil española; con el mayor desprecio también a la larga y cruel represión del franquismo. ¿Acaso no existe ese respeto cuando se visitan los campos de concentración nazi? El año pasado, Auschwitz, al sur de Polonia, tuvo un récord de visitantes, más de dos millones de turistas, que con toda probabilidad volverán a superar este año, porque esa es la progresión que se mantiene en los últimos años. Con sus bermudas y sus selfis, todos habrán salido de allí con el alma encogida por el horror. Pues igual.

El hecho de que Franco haya sido un jefe de Estado no facilita el trámite, sino que lo complica aún más

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos por decreto ley, como pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, siempre va a acabar enredada en los tribunales porque, de los tres actores principales de esa decisión, hay dos terceras partes que no están de acuerdo con la medida. Ni la Iglesia ni la familia de Franco han mostrado su respaldo a la exhumación del cadáver y acometerla en esas condiciones de rechazo es una temeridad jurídica para quien firme el decreto.

De hecho, los nietos de Franco ya han dado el primer paso para la posterior querella contra el Gobierno cuando han acudido juntos a firmar un acta notarial en la que expresan su rechazo a la exhumación, amparados por la normativa mortuoria de la Comunidad de Madrid, que establece que “la autorización de las exhumaciones se solicitará por algún familiar o allegado del difunto, acompañando la partida de defunción literal de los cadáveres cuya exhumación se pretenda”. (Paréntesis: diez años después, parece que otra vez podemos volver en España a aquella polémica absurda, cuando Baltasar Garzón solicitó formalmente la partida de defunción de Franco).

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Ni siquiera el hecho de que Franco haya sido un jefe de Estado, con lo que la consideración del cadáver trascendería del mero interés familiar, facilita el trámite, sino que lo complica aún más. Los expertos que ha consultado el Gobierno así lo han advertido y han añadido, además, que no existe precedente jurídico en ningún país por una polémica sobre los restos mortales de un jefe de Estado.

En ese embrollo jurídico, lo que nos debe parecer más significativo es el silencio de la Iglesia. ¿Por qué nadie de la Iglesia, ningún portavoz autorizado, se ha pronunciado al respecto, ni en España ni en el Vaticano? Una sola palabra de la Iglesia, a favor del traslado de los restos de Franco, hubiera servido al Gobierno de Pedro Sánchez para solventar la polémica con la familia, pero, que se sepa, nadie de la jerarquía eclesiástica ha dicho nada.

Desde el Gobierno dicen que se han hecho gestiones con la Iglesia y que todos han trasladado que la Iglesia actual no va a poner problemas

En 2011, cuando la comisión de expertos creada sobre el Valle de los Caídos le solicitó su opinión tampoco contestaron. En el informe que se hizo público se señala: “La comisión ha invitado a la comunidad benedictina a participar en los trabajos con sus aportaciones, pero no ha sido posible al entender dicha comunidad que su posición está fijada y consolidada a través del convenio vigente”, que se firmó en 1958 y que le otorga toda la potestad sobre las tumbas del interior de la basílica, como la de Franco.

¿Podría haberlo hecho el papa Francisco, el único con autoridad para dar una orden a la comunidad benedictina? En el Gobierno de Pedro Sánchez lo que dicen es que desde hace dos meses se han hecho numerosas gestiones con la Iglesia, que se ha dialogado directamente con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y que todos han trasladado que la Iglesia actual, la Iglesia del papa Francisco, no va a poner problemas. Eso es lo que dicen siempre fuentes que citan a fuentes, pero la única versión oficial que se emite desde el Arzobispado de Madrid es que esa polémica deben resolverla el Gobierno y la familia de Franco, que no es asunto que concierna a la Iglesia. ¿Qué hará la Iglesia si el asunto acaba en los tribunales y también la jerarquía eclesiástica corre el riesgo de verse implicada en los posibles delitos que se denuncien? El silencio actual debe tener mucha relación con la respuesta a esa pregunta.

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En España se convocan muchas comisiones de expertos y son pocas a las que, finalmente, se les presta atención. El dictamen de la Comisión sobre el Valle de los Caídos en lo único que no se puso de acuerdo es en la exhumación de los restos de Franco porque hubo miembros que estaban en contra. La mayoría de los expertos sí abogó por el traslado, pero con todas las cautelas de consenso, legalidad y previa autorización de la Iglesia, que son condicionantes que no se dan en la actualidad.

Lo que sí apoyaban todos era la necesidad de preservar el Valle de los Caídos y otorgarle un sentido nuevo. “Explicar y no destruir: en este conjunto monumental se encuentran inhumados los restos de más de treinta mil españoles, de distintas ideologías y territorios, muertos por causa de la Guerra Civil, que merecen nuestro recuerdo y respeto. Por eso, la comisión ha preferido hacer propuestas que hagan del Valle de los Caídos un lugar de memorias compartidas”.

Franco no es víctima, es el único de los allí enterrados que no murió en la Guerra Civil

Hay que volver a leer esas últimas palabras, detenerse en ellas, ‘un lugar de memorias compartidas’, porque eso es, precisamente, lo que ha sido imposible hasta ahora con la Memoria Histórica. Por eso la propuesta, un Valle de los Caídos de divulgación turística que reciba la memoria con el epitafio político de Azaña de “Paz, Piedad y Perdón”. Como dejaron dicho los expertos, y esa es la lección que no ha aprendido aún el Gobierno de Pedro Sánchez, “la memoria del pasado, si es memoria de las víctimas, supone un progreso moral en la convivencia”.

Franco no es víctima, es el único de los allí enterrados que no murió en la Guerra Civil, pero fue el causante de aquella barbaridad que sigue lastrando España. Por eso, al saberlo, la gente que visite el Valle de los Caídos debería tener el derecho de poder contemplarlo, con su patético traje de general, momificado en una vitrina de cristal.