La cacicada de las putas

Como se trata de prostitutas, nadie ha querido ver en lo ocurrido un atropello democrático. La secuencia de lo ocurrido se resume en tres frases. Un colectivo de trabajadoras sexuales presenta unos estatutos para constituir un sindicato y reclamar sus derechos laborales. La Dirección General de Trabajo lo analiza, comprueba que se ajusta a la legislación laboral española y autoriza su legalización. Cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno se ruboriza, fulmina a una cabeza de turco y amenaza con utilizar todo el poder del Estado para que se declare “nulo de pleno derecho”. Fin de la cacicada.

Pero ¿cómo se puede ejercer la acción del Estado contra algo que es legal? ¿Quién estaría cometiendo, entonces, la ilegalidad? Podrá vestirse el Gobierno de sus mejores galas feministas, el Gobierno de Pedro y Carmen, de ministros y ministras, pero los derechos de un país democrático no son para exhibirlos sino para reclamarlos, para ejercerlos. Las consideraciones morales de todos ellos, sus opiniones sobre la prostitución y sobre quienes la ejercen libremente, no interesan nada en este debate: se trata de leyes. Les puede interesar a ellos como partido o como Gobierno, pero son opiniones personales que no cuentan. Igual que la suya o la mía. Con lo cual, la cuestión es bien sencilla: mientras que la prostitución voluntaria no sea considerada como una actividad ilegal en España, y por lo tanto perseguidos y encarcelados todos los que la practican, hablamos de ciudadanos que pueden exigir ser tratados como tales en un Estado democrático.

Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se ha adentrado con un mensaje de Twitter, en el epicentro de este problema, en el aspecto más controvertido de este debate que tiene décadas o siglos. Dijo Sánchez: “La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a una organización donde se recoja esa actividad ilícita”. La pobreza argumental del presidente es abrumadora; en una sola frase. Porque aunque sea verdad que la prostitución no es una actividad legal y regulada en España, eso no la convierte en ilícita. Es más, el ejercicio voluntario de la prostitución en España no es delito. ¿Acaso no se lo han explicado al presidente?

Pues por ahí debería empezar el Gobierno, por redactar una modificación del Código Penal para ilegalizar la prostitución y, obviamente, todos los burdeles que en la actualidad operan con normalidad en toda España. Tanto es así que lo que hace el Código Penal, en los artículos 187 y sucesivos, es proteger a los mayores de edad que se dedican a la prostitución con la catalogación como delitos de las situaciones de abuso o de explotación. No se castiga la prostitución en sí misma, pero sí a quienes “empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima” obliguen a una persona “a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella”. Más claro todavía queda en otro apartado de esos artículos, cuando incluye como delito que un empresario de la prostitución explote laboralmente a sus trabajadores, aunque estos ejerzan el oficio de forma voluntaria: “El que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. ¿Cómo puede afirmar el presidente del Gobierno que la prostitución es “una actividad ilícita en España”?

Las promotoras de ese sindicato de prostitutas han dejado dicho que son “trabajadores y trabajadoras como usted, con la diferencia de que para nosotras los derechos se han convertido en una utopía”. Deberíamos detenernos en esa afirmación, porque lo que reclaman son derechos básicos, que se escapan de la moral, o que la agravan, convirtiéndola en una moralidad permisiva de los abusos. Reclamar que los empresarios las contraten y les fijen un sueldo a fin de mes, que puedan acceder a bajas por enfermedad o maternidad, y que en el futuro, gracias a que puedan cotizar a la Seguridad Social, puedan aspirar a una pensión, no debería verse en un país como el nuestro como una reclamación delictiva, porque no lo es. No mientras la prostitución no sea declarada ilegal en todos sus aspectos, ya sea voluntaria o no.

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Si eso es lo que se pretende, aunque ello entre en colisión con otros derechos fundamentales como los de la libertad sexual, que se acometa la modificación del Código Penal. Pero si no es así, quienes ejerzan la prostitución de forma voluntaria tienen todo el derecho a reclamar su consideración legal de trabajadores. La mera consideración de la prostitución como una ‘actividad humillante para la mujer’, o ‘símbolo abominable del patriarcado’, debe permanecer en el terreno de las opiniones. Y la opinión de cada cual nunca suplanta la literalidad de la ley. Solo puede servir para que, acaso, nos preguntemos qué trabajo debe considerarse humillante y cuál no; si solo la prostitución es humillante para quien la elige libremente. Si en el mismo país debemos considerar lícito y civilizado que una mujer transite por la calle con un burka y que haya que perseguir penalmente las abominaciones del patriarcado cuando una mujer se prostituye porque quiere explotar su cuerpo para ganar dinero.

En ‘Los otros’, la celebrada película de Alejandro Amenábar, el problema de los inquilinos de la casa era que la luz no podía entrar jamás. Puertas y ventanas cerradas, solo la luz tenue de un candelabro, para no alterar el mundo irreal en el que vivían. “Hay cosas que tu madre no quiere oír, solo cree lo que le han enseñado. Pero no te preocupes, tarde o temprano los verá”. Con el debate de la prostitución, ocurre exactamente eso, desde hace siglos, que nadie lo quiere ver. Lo que ha sucedido mientras tanto, en todo este tiempo, es que las bandas criminales son las que se han aprovechado del vacío legal generalizado para extender hasta los burdeles sus actividades criminales.

Las bandas criminales son las que se han aprovechado del vacío legal para extender hasta los burdeles sus actividades criminales

La alegalidad es la mejor tapadera para quienes practican la ‘trata de blancas’, esa salvajada que se sigue produciendo hoy. Mientras que el poder y las conciencias de todos han transitado a gusto por la historia con esa hipocresía de ceguera y moralina, han sido las prostitutas las que jamás han podido aspirar a intentar dignificar con derechos laborales una actividad que ellas, libremente, consideran una profesión. Persígase la explotación, regúlese la libertad. “Esta casa es como un barco, hay que contener la luz como si fuera agua”, decían en la peli de Amenábar. La luz, la luz… No existe mayor metáfora democrática que esa de ‘luz y taquígrafos’. Y qué significativa coincidencia es que ese sindicato, Organización de Trabajadoras Sexuales, tenga por acrónimo ‘Otras’. Las otras…