Se han cargado la Justicia

En el peor momento, se suicida la Justicia. Atención a lo que está ocurriendo porque esto no va de ricos y pobres, una historia de banqueros insaciables y de ciudadanos puteados; ojalá fuera solo eso. En 40 años de democracia, era justo en este momento cuando se necesitaba un poder judicial fuerte y es ahora, precisamente ahora, cuando la propia Justicia se vuelve loca y decide tirar al barro el prestigio que pudiera tener y la autoridad moral que siempre necesitará para su funcionamiento.

Lo que acaba de ocurrir en España con el vergonzoso episodio del Tribunal Supremo sobre las hipotecas trasciende el ámbito estricto de la calidad de los bancos españoles, los abusos que puedan cometer o que hayan cometido, y cualquier debate sobre las condiciones exigidas en España para la obtención de una hipoteca. Trasciende, incluso, la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo en la que ha estallado esta penosa y sonrojante crisis. Todo eso, con ser muy importante, no es lo fundamental. La gravedad radica en la descomposición pública de la imagen del Tribunal Supremo en el momento que más se le necesita; que nadie piense que el daño le va a afectar solo a la sala que se ha visto afectada. Si hemos concluido que la revuelta catalana ha sido el mayor ataque a la democracia en sus 40 años de vida, lo único que nos faltaba en España es que el Tribunal Supremo invite a los ciudadanos a tomar sus decisiones como las del pito del sereno.

Opinión

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¿Dónde se ha visto que sea la Justicia la que provoque inseguridad jurídica?, le he reprochado al oído a un magistrado amigo. “Y dónde se ha visto que la Justicia sea capaz de hundir a un país porque no valora el alcance que tienen sus decisiones”, me ha replicado él, más cansado y más quemado que cualquiera de nosotros con el funcionamiento de la Justicia en España. “Precisamente porque soy magistrado sé muy bien lo que está ocurriendo desde hace demasiados años, la lamentable realidad de la Justicia en España. Lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo con la sentencia de las hipotecas no es más que una consecuencia, el colapso que estaba por llegar, un síntoma del deterioro que comienza abajo y se extiende hasta lo más alto. El Tribunal Supremo se ha banalizado, hace tiempo que no es el destino de los mejores y funciona con poco rigor; su misión fundamental consiste en sacar adelante el trabajo que los asfixia. Trabajan a destajo y sin coordinación, olvidando el papel relevante que tienen de unificar doctrina”.

Si existe un principio sagrado en cualquier Estado de derecho, es el de la seguridad jurídica, “la suma de certeza y de legalidad”, como ha dicho en alguna ocasión el Tribunal Constitucional. Frente a la arbitrariedad de las tiranías, la seguridad jurídica de las democracias. La estabilidad de la vida económica y social de un país como España y de todos sus ciudadanos se asienta en la seguridad jurídica que le garantizan los poderes públicos, esencialmente el poder judicial. En España, el Tribunal Supremo justifica su existencia en la unificación de doctrinas, sustento fundamental de la seguridad jurídica. Cuando, como ha ocurrido en el triste episodio de las hipotecas, una sección de ese tribunal dicta una sentencia contraria a la jurisprudencia que se venía aplicando en los últimos 20 o 30 años y, al instante, el presidente de esa sala deja en suspenso la sentencia porque, por lo visto, nadie había previsto las consecuencias inmediatas, el caos ya es inevitable. No hay quien lo pueda remediar.

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En un país mínimamente serio, no se cambia una doctrina jurisprudencial que afecta a millones de personas sin calcular las consecuencias, sencillamente porque puede ocurrir que el país se hunda. Por eso es tan desolador el proceder estrafalario del Tribunal Supremo, porque nos descubre una realidad aterradora de señores inconsecuentes o desbordados, descoordinados o peleados entre sí. Y en esas manos estamos. Es verdad que, en años anteriores, algunos magistrados del Tribunal Supremo han presentado su renuncia alarmados por la falta de medios y el colapso de asuntos pendientes de tramitación, pero lo que nunca se podía imaginar es que todo ello pudiera desembocar en que las sentencias se dictaran como churros, sin valorar la trascendencia inmensa de las decisiones que se adoptan.

En un país mínimamente serio, no se cambia una doctrina jurisprudencial que afecta a millones de personas sin calcular las consecuencias

Que los bancos se hagan cargo de los costes del impuesto hipotecario, en vez del cliente, es una decisión que se puede adoptar, que se debe adoptar aunque luego, como siempre, acabarán repercutiéndolo en los mismos clientes; aun así, se puede cambiar la norma pero no, desde luego, de esta forma chusca, grotesca, en la que ni siquiera se sabe bien a quién ni desde cuándo le va a afectar. Por cierto, ¿dónde está la ministra de Justicia en todo esto? Después de contribuir ella misma al descrédito de la Audiencia Nacional cuando se han filtrado sus opiniones personales, ¿no le ha parecido relevante lo que está sucediendo para dar explicaciones en lo que afecta al Gobierno?

El daño de imagen que se ha ocasionado el Tribunal Supremo a sí mismo ya es inevitable, sea cual sea la resolución final de este embrollo en el pleno convocado para resolverlo. Cuando, en las próximas semanas o meses, comience la vista oral contra los responsables de la revuelta de Cataluña, el Tribunal Supremo seguirá arrastrando como una losa el descrédito que se ha ganado con la barbaridad incomprensible e insólita de las hipotecas. Ahora, a todo eso le sumamos la inestabilidad política existente, la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y la demostrada capacidad de manipulación y propaganda del independentismo catalán. Cuántas veces nos parece España un país empeñado en su autodestrucción… Pues esta es una de esas ocasiones, justo en el año en que se celebra el 40 aniversario de la Constitución.